El Gobierno provincial se mueve con cautela. No sorprendió demasiado la noticia de que la provincia va a recibir 400 millones menos este año, y entre 700 y 900 millones en 2019 por la eliminación del fondo de la soja.
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El Gobierno provincial se mueve con cautela. No sorprendió demasiado la noticia de que la provincia va a recibir 400 millones menos este año, y entre 700 y 900 millones en 2019 por la eliminación del fondo de la soja.
No sorprendió pero se sabe que producirá un cimbronazo en una administración salteña que desde hace nueve meses viene buscando el equilibrio luego de un déficit fiscal de difícil pronóstico registrado en 2017 y que obligó a tomar medidas de austeridad y ajuste.
La situación se presenta compleja y obliga a sobrellevar los problemas con la certeza de que el déficit fiscal equivalente al 6% del PBI es una realidad que ni las provincias ni la Nación pueden eludir.
El déficit solidario
El déficit del primer semestre alcanzó los $ 105.825 millones, con una disminución equivalente a un 0,8 % del PIB. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga a bajar el déficit fiscal primario -que no contabiliza el pago de intereses de deuda- al 2,7 % del PIB en 2018, al 1,3 % en 2019 para alcanzar un punto de equilibrio en 2020.
Del déficit fiscal, 0.9% corresponde a las provincias. Para cumplir las metas comprometidas con el FMI, el gobierno nacional barajó varias posibilidades. Por una parte, reducir subsidios de menor impacto social y por otro, compartir el esfuerzo. El Fondo Federal Solidario fue conformado en 2009, cuando el precio de la soja y el volumen de la cosecha eran prósperos y, como indica el decreto sancionado ayer "cuando las provincias recibían solo la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales". Hoy reciben la tercera parte y, además, la suspensión de los reintegros a las exportaciones va a incidir favorablemente en la coparticipación, según el gobierno nacional. Además, piden a las administraciones locales que se hagan cargo de los planes sociales.
La decisión
Aceptando el ajuste y el esfuerzo compartido, la decisión del gobierno salteño es tratar de amortiguar el golpe y moderar los daños. Saben que las cuentas de los municipios de verán afectadas, y que habrá que suspender obras. Pero el problema va más allá de la coyuntura. Por lo pronto, se considera imprescindible facilitar la sanción del presupuesto nacional por dos motivos: transmitir confianza al exterior y evitar que, sin presupuesto, el gobierno nacional apele a la discrecionalidad en el manejo de la caja. La estabilidad, como meta es un valor -interpretan los funcionarios salteños - y para lograrla hay que generar confianza. Es decir, colaborar sin que el peso del ajuste lleve al descalabro.