El caso del carnicero, síntoma de una sociedad hastiada

El veredicto del jurado integrado por ciudadanos no letrados de Zárate y Campana declaró la “no culpabilidad” del carnicero Daniel “Billy” Oyarzún, por el homicidio del motochorro Brian González. 

El episodio ocurrió en Zárate hace dos años y el veredicto, unánime, exhibe la desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia y la policía; también, el difuso límite que separa a la legítima defensa y la venganza. 

La iniciativa de permitir que ciudadanos comunes decidan sobre la culpabilidad o la inocencia busca generar mayor confiabilidad en los fallos, al habilitar la participación activa de la sociedad en cuestiones tan sensibles.

González conducía la moto y su cómplice, Marcos Alteño, ingresó en la carnicería, robó 5.000 pesos y antes de retirarse disparó contra Oyarzún. El carnicero asegura que el asaltante efectuó un disparo, él golpeó con la cuchilla en el mostrador para que se fuera y, en ese momento, Alteño disparó de nuevo. Oyarzún salió en su persecución, la moto perdió el equilibrio, Alteño escapó y Brian González quedó gravemente herido entre el auto y un poste. 

Entonces, según registró una cámara de seguridad, el carnicero increpó y golpeó al herido; además, un grupo de vecinos se acercó y completó una suerte de linchamiento.

La familia del muerto pidió la condena por homicidio simple; el fiscal, por exceso en la legítima defensa y el defensor, la absolución. El jurado, integrado por doce personas de distintas profesiones consideró que no hubo ni siquiera exceso. 

Alteño, autor de los disparos, fue detenido meses después y condenado a seis años de prisión. 

Desde la mirada del ciudadano común y corriente, la reconstrucción del hecho genera una duda legítima acerca de si Oyarzún no se excedió en la persecución. Pero es evidente que los responsables principales de la muerte son los asaltantes, ya que ellos desencadenaron el hecho criminal, con un elevado nivel de violencia. 

En el interrogatorio del fiscal queda claro que sus preguntas se dirigen a Oyarzún como si este hubiera medido cada uno de sus actos en esos pocos minutos de violencia y muerte. La historia de su vida habla por sí sola: uno de los siete hermanos en una familia muy pobre, en la que todos trabajaron desde niños.

Y aquí se plantea otro dilema insoslayable. La desconfianza de la ciudadanía en la ley y en la policía nace, entre otras cosas, de un orden jurídico impregnado del llamado “abolicionismo” y que tiene la cualidad de invertir los roles. 

En primer lugar, considera al asaltante, a priori, como una víctima de la sociedad que se vuelca al delito por incapacidad para ganarse la vida. Y las víctimas de sus crímenes aparecen como cómplices de esa sociedad supuestamente opresora. Además, para proteger al delincuente de cualquier estigma, desestima los antecedentes penales, para que su pasado no lo condene nuevamente.

Brian González tenía una hermana policía, que reclamó su inocencia durante el juicio; su familia, a su vez, sostiene que era “un buen muchacho”. En realidad, era un hombre joven que optó por el robo a mano armada, a diferencia de Oyarzún, que eligió trabajar.

El ciudadano tiene derecho a preguntarse también si para el orden jurídico argentino no tiene ninguna importancia que alguien elija un trabajo decente o, en cambio, opte por una vida de robos y crímenes.

Y todos estos interrogantes deben despejarse. El juicio por jurados no alcanza para generar confiabilidad. El ciudadano común, y también la policía, deben saber que “la justicia por mano propia” y la “mano dura” son delitos, pero, al mismo tiempo, unos y otros necesitan tener la certeza de que el sistema protege y respalda a la gente que vive dentro de la ley frente a quienes han hecho de la violencia criminal un modo de vida.

La gente siente hoy que el Estado no garantiza el Derecho; en esas condiciones, el hombre se vuelve “lobo para el hombre”. 

Por eso, el Estado debe escuchar el reclamo de la sociedad por mayor y mejor seguridad y evitar, de ese modo, que la ley que rija sea la de la selva.

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