En Atocha y La Ciénaga se vivieron momentos críticos. En las primeras horas de ayer fue imposible entrar o salir de algunos de los barrios de la zona. Un grupo de vecinos del asentamiento Nueva Esperanza se manifestó pidiendo luz.
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En Atocha y La Ciénaga se vivieron momentos críticos. En las primeras horas de ayer fue imposible entrar o salir de algunos de los barrios de la zona. Un grupo de vecinos del asentamiento Nueva Esperanza se manifestó pidiendo luz.
"Cortamos porque es la única forma en que nos den bolilla. No nos dan la solución", afirmó Elizabeth Justiniano, una vecina que participó del corte.
Los habitantes del asentamiento estaban conectados de forma irregular, pero hace tres días les cortaron el servicio. El corte eléctrico habría sido a raíz de denuncias de algunos vecinos de un barrio formal de La Ciénaga. "Los vecinos se estaban colgando de ahí y hubo una baja tensión por la conexión clandestina. Se quemaron muchos electrodomésticos y al ser un barrio formal, Edesa se tenía que hacer cargo de las pérdidas", contó Ana Saleme, coordinadora del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), luego de conversar con los vecinos y la empresa.
Sin embargo, según el relato de algunos vecinos, el anterior intendente de San Lorenzo, Federico Parra, les había permitido "colgarse" de la luz. Pero en las últimas semanas, durante los festejos del Día del Niño en el barrio, se desconectaron las conexiones informales y el actual intendente Ernesto "Kila" Gonza les habría pedido que regularicen su situación.
José Chinchiyam, de dos años, también vivía en Nueva Esperanza. Fue víctima de no contar con el servicio eléctrico, una vela consumió rápidamente su precaria casa hace casi un mes.
"Algunas casas están hechas de plástico, otras de chapa, otras de bloques, otras de madera. Aquí ya murió un nene, y no hay solución", dijo Elizabeth Justiniano, que vive hace 8 años en el asentamiento. "Es un barrio que se inició hace más o menos 20 años y la situación sigue siendo la misma", advirtió Saleme.
Son casi 200 familias las que viven en el asentamiento, muchas de ellas numerosas, "algunos tienen nueve hijos, seis...", contó Elizabeth.
Luego del Renabap, el Gobierno nacional creó por decreto el certificado de vivienda familiar que lo expide la Anses. Este sirve como un documento público que legaliza el domicilio de los habitantes de los asentamientos, para ser presentado ante las autoridades o las empresas para la instalación de servicios. Pero, a pesar de ello, continúa siendo difícil acceder a los servicios públicos.
"Nos falta el papel principal que nos dice que tenemos que acreditar la propiedad. Anses nos dio un papel pero Edesa no nos acepta", explicó Elizabeth. "Nos dieron un pedazo de cable para que nosotros nos conectemos, y anoche la policía no nos dejó conectarnos", agregó.
Mientras, con la coordinadora del Renabap, la empresa proveedora del servicio eléctrico se mostró predispuesta a realizar las conexiones, pero justificó la imposibilidad de hacerlo por cuestiones económicas. "Edesa dice que ellos pueden conectar, pero quién hace la inversión para hacer la conexión en estos lugares... Debería ser la Municipalidad o la Provincia quienes realicen una inversión que asegure la conexión en esos barrios", aseguró Saleme, que barajó la conexión comunitaria como una de las soluciones. "Edesa dijo que si se vuelven a enganchar les vuelven a cortar y así hasta el infinito, y los vecinos no pueden estar así", lamentó la voluntaria.
Los vecinos de Nueva Esperanza aseguran querer regularizar su situación. "No queremos que nos regalen nada. Tampoco queremos estar enganchados, que nos den la posibilidad de poder pagar y que no nos falte", pidió Justiniano.
A los reclamos por la luz, los vecinos pidieron también mayor seguridad por los robos sufridos en las últimas semanas. "Hablamos con la policía, pero no pasa nada", señaló la vecina.
Ana Saleme, que coordinó el estudio en las provincias del norte, pidió soluciones: "Pasa como en todos los barrios, que los políticos solo se acercan en campaña y pasan los años sin el servicio de manera regular". Además, hizo hincapié en que entre los servicios públicos, la conexión de luz es de las más baratas, "las obras de cloacas o agua son más caras, la de luz no tanto", resaltó. Luego del relevamiento los voluntarios trabajan ahora para conseguir la conexión a los servicios públicos.
La semana pasada El Tribuno informó que en la provincia son más de 50 mil los salteños que viven en constante peligro por no contar con el servicio eléctrico formal.
En Salta hay 154 asentamientos, o "barrios populares", que fueron censados por el Renabap. De las más de 20 mil familias que viven en estos barrios informales solo el 35% cuenta con el acceso a la luz de manera legal.
Luego del Renabap, el Gobierno nacional envió un proyecto de ley en el que se contempla frenar los desalojos por dos años, reconocer a las familias censadas el derecho al acceso a la tierra que ocupan, o relocalizarlas en caso de que los terrenos no estén en condiciones para la instalación de los servicios públicos.
Esto, además, facilitaría el acceso a los servicios públicos de agua, luz y cloaca.