En los próximos días, al juez Claudio Bonadio le llegará la documentación que la Policía Federal recolectó en la empresa salteña Noroeste Construcciones, el jueves. Con unos 80 allanamientos en constructoras ubicadas en distintos puntos del país, el juez federal aceleró la causa de los cuadernos de las coimas.
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En los próximos días, al juez Claudio Bonadio le llegará la documentación que la Policía Federal recolectó en la empresa salteña Noroeste Construcciones, el jueves. Con unos 80 allanamientos en constructoras ubicadas en distintos puntos del país, el juez federal aceleró la causa de los cuadernos de las coimas.
La compañía salteña está bajo la lupa de Bonadio luego de que el exfinancista de los Kirchner, Ernesto Clarens, entregara a la Justicia una nómina de empresas vinculadas supuestamente al pago de sobreprecios durante el gobierno anterior.
Bonadio, según informaron distintos medios nacionales, no solo tomó esa información para determinar los puntos del múltiple operativo sino también cruzó datos con organismos públicos.
En una entrevista que dio a El Tribuno, el empresario Jorge Stocker aseguró que Noroeste Construcciones "no pagó ni un peso de coimas". El presidente de la firma debió declarar, a fines de diciembre, en el juzgado de Bonadio.
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Distintas fuentes señalaron que el operativo en la capital salteña arrancó a las 9 del jueves y se extendió hasta las 15, en la sede de calle 20 de Febrero al 300, en pleno centro.
Desde la empresa sostienen que no fue un allanamiento, sino que el juez mandó una orden de requerimiento de información.
El operativo que dispuso Bonadio en Noroeste Construcciones se concretó en la sede salteña y en otra que la empresa tiene en Buenos Aires.
El operativo lo llevaron a cabo efectivos federales y sumaron a dos testigos. En las oficinas solicitaron la nómina de las autoridades de Noroeste Construcciones y la composición accionaria entre 2003 y 2015. Recabaron información como los documentos de identidad y los domicilios de las autoridades de la constructora.
Desde la empresa aseguraron que ninguno de los accionistas integra directorios de otras empresas. Otro procedimiento similar se concretó en la sede que Noroeste Construcciones tiene en Buenos Aires, en las calles Pellegrini y Córdoba.
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El próximo mes, la empresa cumplirá 51 años. Stocker asumió la presidencia hace una década, antes estaba su suegro Benjamín Rojas. Según los documentos que maneja la Justicia, y que trascendieron en medios nacionales, la constructora salteña recibió unos 180 millones de pesos durante el gobierno kirchnerista.
La empresa accedió a contratos para el mantenimiento de rutas a través del programa nacional Crema. Las concesiones abarcaron a las rutas nacionales 40, 68 y 51 en distintos tramos que pasan por Salta. También hubo prórrogas para los trabajos viales.
Efectivos de la Policía Federal requirieron información administrativa y los domicilios de las autoridades de la empresa salteña.
Desde que salieron a la luz las anotaciones que hizo durante años en distintos cuadernos el salteño Oscar Centeno sobre el pago de retornos de la obra pública, se activó una investigación sin precedentes en la Argentina. Ya hay funcionarios y empresarios arrepentidos que declararon que había un club de la obra pública que garantizaba los retornos.
Centeno era chofer de Roberto Baratta, exfuncionario y ladero de Julio De Vido, en el entonces ministerio de Planificación Federal.
Unas 80 empresas constructoras fueron allanadas el jueves por disposición de la Justicia federal en la causa de las coimas.
A las otras empresas, los agentes federales les solicitaron información administrativa, que en los próximos días será analizada por Bonadio.
Ayer se supo que la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no habilitar la feria judicial de enero para revisar procesamientos y prisiones preventivas de la causa por los cuadernos , entre ellos los de la expresidenta Cristina Kirchner y los detenidos De Vido y Baratta, además de empresarios y otros exfuncionarios implicados. Ellos están acusados de integrar una asociación ilícita y cohecho; en el caso de la actual senadora y de De Vido, se los imputa como organizadores.
A los empresarios procesados se les confirmó la acusación por cohecho activo.