Más interrogantes en la investigación  que salpica al CCM

¿Por qué el juez Julio Bavio no accedió al pedido de detenciones cuando se realizaron los allanamientos en la Municipalidad y en ocho propiedades privadas? ¿Por qué el Municipio no salió a mostrar los contratos con la empresa Cecsa para la colocación de luminarias? ¿Qué hay detrás de la computadora del secretario de Hacienda Pablo Gauffín? ¿Se está investigando toda la trama de empresas creadas o con movimientos societarios para realizar trabajos de iluminación?

En el Centro Cívico Municipal (CCM) y en los pasillos judiciales de Deán Funes y España son inocultables los interrogantes sobre el múltiple operativo que se concretó el lunes pasado, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) buscaron documentos en estudios y propiedades particulares y hasta se llevaron computadoras de la Intendencia.

Luego que la AFIP pusiera la lupa en la empresa Cecsa, se destapó un tendal de empresas creadas para realizar obras públicas y trabajos eléctricos. En Arcadio, Gerardo Rubén Romero es socio de Matías Huergo, quien también participó en empresas similares como Vae Construcciones, Berkana SA y Avan. 

Fuentes judiciales aseguran que la causa no está detenida y que se avanza con la clasificación de la información obtenida. Apuntan a empresas, una de ellas Cecsa, que logró un contrato con la Intendencia para colocar farolas coloniales. Sospechan que la firma incurrió en evasión fiscal y hasta se le habrían detectado maniobras compatibles con el lavado de dinero.

La investigación arrancó en la AFIP y siguió en la fiscalía de Ricardo Toranzos.

La causa llegó al juzgado de Bavio el último día hábil de diciembre luego que el juez Miguel Medina se excusara.

Los trabajos contratados por el Municipio a la empresa Cecsa se enmarcaron en el Plan Bicentenario. En 2017, desde el CCM se informó que con esos fondos y con recursos propios se colocarían 4.600 nuevos puntos de luz, entre farolas coloniales y artefactos antivándalicos. 

En los primeros días de este mes la causa se aceleró. No obstante, Bavio desestimó los pedidos de detención de funcionarios y empresarios que están en la mira de la AFIP. Fuentes precisaron que para el magistrado, en esta etapa de la causa, no pesaron los elementos presentados por el fiscal para los arrestos. En el caso ya impera el secreto de sumario.

En el CCM, aunque no se hace público, crece el malestar y la preocupación por la situación de Gauffín. En el operativo estaba previsto el allanamiento de su casa. En la Justicia esperan los informes de su computadora, pero ya empezó a hacer cierto ruido en las condiciones en la que estaba. Algunas fuentes sostienen que estaba desconectada.

Desde la Justicia mantienen un fuerte hermetismo sobre más detalles de los allanamientos que se concretaron el lunes pasado. Destacan que la AFIP avanza con la clasificación de la información y que la causa no está frenada.

Pese a que el intendente Gustavo Sáenz pidió una auditoría, hasta ahora los funcionarios no salieron a mostrar el contrato sellado con Cecsa, cuyo titular es Gerardo Rubén Romero, también socio de Arcadio. En esa empresa también aparece Matías Huergo, que en los últimos años se dedicó a integrar sociedades, ya sea como suplente o titular. Una de ellas, VAE Constructoras, tenía domicilio en una casa social del IPV, en barrio El Huaico.

 

 

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