El allanamiento del lunes pasado, dispuesto por el juez federal Julio Bavio, a solicitud del fiscal Ricardo Toranzos, en el marco de la investigación de la AFIP fue un tema que ocupó la atención durante toda la semana.
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El allanamiento del lunes pasado, dispuesto por el juez federal Julio Bavio, a solicitud del fiscal Ricardo Toranzos, en el marco de la investigación de la AFIP fue un tema que ocupó la atención durante toda la semana.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria informó ocho procedimientos en el marco de una causa por evasión tributaria, y el secuestro de una importante cantidad de documentación, dinero en efectivo y computadoras. La AFIP - DGI había detectado "maniobras compatibles con la utilización de firmas para el lavado de dinero provenientes de actividades ilegales por parte de una sociedad comercial, cuya magnitud de operatoria no condecía con la capacidad económica y financiera de la empresa ni con la de sus integrantes", según informó el parte de prensa oficial
Tal como apareció ante la opinión pública, parecía tratarse de una investigación a la actual gestión municipal.
Según el secretario de Hacienda, Pablo Gauffin, corresponde a una investigación sobre un grupo de empresas sobre las que recae la sospecha de haber desarrollado un entramado de evasión fiscal. Gauffin asegura que el Gobierno municipal no tiene participación alguna en esas empresas ni en los estudios que las asesoran.
El allanamiento se acotaría a la investigación de cuatro obras adjudicadas a SEC Sa. y al empresario Matías Huergo. Y a la Municipalidad solo se le habría solicitado información.
El funcionario también dejó en claro que hay una parte importante del expediente que él no conoce.
Por lo pronto, el grupo de empresas investigadas tiene vínculos desde hace doce años con la Municipalidad y el funcionario dijo que esos vínculos van a ser objeto de una auditoría interna.
Por otra parte, la investigación de la AFIP apunta al IP (protocolo de internet, o señal) que se utiliza en las facturaciones. Por eso, asegura Gauffin que van a investigar el alcance de "los tentáculos" de las actividades sospechadas. Ni la AFIP ni el juzgado federal brindaron información. La declaración de Gauffin delimitó en alguna medida los alcances de la noticia, ya que la primera reacción de la administración municipal, al reducir el operativo a un intrascendente "requerimiento de documentación", y la confrontación con las declaraciones de los opositores no despejaron ninguna duda.
La línea que sigue en la investigación
La investigación a los estudios jurídicos de Aníbal Anaquin y Guido Giacosa, y al asesor contable Mimessi se debió a que estos asesoran a las empresas investigadas.
Anaquin fue procurador municipal hasta diciembre de 2015 y Giacosa, diputado provincial, aunque con vínculos con el municipio.
Las críticas que irritaron al gobierno municipal aparecieron en mensajes de los diputados nacionales Sergio Leavy y Javier David, quienes centraron la atención en la actual gestión.
Ahora, a futuro, lo que cabe esperar es un resultado contundente de la auditoría interna. Y que la Justicia federal termine de despejar las dudas sobre temas que son inherentes a la calidad institucional y al manejo de las cuentas públicas.