El abogado de ATE, Sergio Agero, denuncia graves actos de corrupción llevados adelante por el actual intendente de la Municipalidad de El Tala, el señor Andrés Jesús Mellado Castellano y la Fiscalía de Rosario de la Frontera.
inicia sesión o regístrate.
El abogado de ATE, Sergio Agero, denuncia graves actos de corrupción llevados adelante por el actual intendente de la Municipalidad de El Tala, el señor Andrés Jesús Mellado Castellano y la Fiscalía de Rosario de la Frontera.
Con las pruebas pertinentes, Sergio Agero detalló a El Tribuno numerosas irregularidades realizadas por el actual jefe comunal de El Tala.
"La actuación de la Fiscalía ha sido contraria a las exigencias legales y a sus deberes funcionales, conforme a los artículos 76, 77 y concordantes del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, al no investigar los hechos denunciados, dilatar y obstruir el avance del proceso de tutela sindical, violar la Constitución Nacional del artículo 14 bis, 17, 18, 43 y 75 inciso 22; la Constitución provincial en los artículos 87; los derechos laborales; la Ley 5.348 con el procedimiento administrativo de la provincia de Salta; la Ley 6.068 del Estatuto del Empleado Municipal; la Ley 24.685 sobre la protección integral de la mujer; la Ley 23.592 sobre la penalización de actos de discriminación; la Ley 23.551 asociaciones sindicales", dijo.
También aseguró que fueron violados tratados internacionales; "convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, 87 y 98; pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales; pacto internacional de derechos civiles y políticos; declaración americana de los derechos y deberes del hombre; declaración universal de los derechos humanos. No respetar los plazos establecidos en la normativa del Código de Procedimiento Penal; no interrogar a los testigos propuestos por el denunciante, o sea el intendente, lo cual demuestra la absoluta falta de intención de investigar por parte de la Fiscalía: más aún si tenemos en cuenta que hasta ese momento era la única prueba ofrecida por el denunciante y existente en el legajo. El intendente, luego de nueve meses de realizada la denuncia, ofreció la testimonial de solo dos personas".
"El fiscal nunca solicitó que se le remitan los legajos del personal supuestamente beneficiado con las designaciones a planta permanente, tampoco le solicitó esa información al intendente pese a que presentamos todos los recibos de haberes de las personas que fueron nombradas en las testimoniales, recibos de haberes que eran firmados por el propio denunciante, Mellado Castellano. La principal obligación de la Fiscalía de Rosario de la Frontera es la de respetar la Constitución Nacional y la de regirse por los principios de objetividad y buena fe. Todo los antes descripto demuestra que actuó al margen de la ley", aseguró indignado el letrado.
"También queda demostrada su actitud al consentir el retardo en la producción de la prueba de pericia informática realizada en el C.I.F., quienes tardaron más de un año en la producción de la prueba pericial informática a la computadora del señor Norberto Paz y más de 2 años en devolver toda la documentación a la Fiscalía. Muchas veces no tenían conocimiento dónde se encontraban las distintas partes del legajo y expediente, varias veces me manifestaron que parte de los mismos se encontraban en el CIF, cuando en realidad se encontraba en la Fiscalía de Rosario de la Frontera, hecho de los cuales existe constancia en el propio legajo que llevó la Fiscalía y en las contestaciones de los oficios. También reviste gravedad haberse negado a remitir el expediente al Juzgado Contencioso Administrativo cuando le fue solicitado, por lo que se debió requerir en forma reiterada su remisión, se necesitaron cuatro oficios reiteratorios para que presenten toda la documental, habiendo transcurrido un año desde que quedara firme la desestimación de la denuncia", detalló.
"La conducta desplegada por la Fiscalía impone que se inicie una investigación por la posible comisión de delitos de denegación o retardo de justicia e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se necesita la realización de una investigación seria que determine la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los funcionarios actuantes. No se trata de una mera discrepancia con sus valoraciones jurídicas, sino de la violación palmaria del deber de sostener la acción pública y promover la investigación penal preparatoria para beneficiar al Ejecutivo municipal", dijo.
Hubo despidos sin sumarios previos
El abogado también recordó y pidió: “Debe investigarse la organización y participación del intendente municipal Andrés Jesús Mellado Castellano, por despedir entre los meses de diciembre de 2015 y febrero de 2016 a 68 trabajadores municipales sin iniciar sumarios administrativos previos, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, despedir a los representantes sindicales sin sumario previo y sin exclusión de tutela sindical, esto significa que viola nuevamente el artículo 14 Bis y la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, realizar falsas denuncias, presentar testigos falsos para sostener la denuncia y obstruir la actuación de la justicia en connivencia con el Fiscal y la auxiliar de la Fiscalía. Realizó despidos discriminatorios y persecución sindical. También al contestar la demanda interpone una denuncia por estafa procesal en el expediente. 6012/16 de tutela sindical, todos hechos que ya se encuentran denunciados y demostrados”
Finalmente manifestó: “Estuvimos soportando cuatro años de abuso de poder, de abuso de autoridad, cuatro años de corrupción y cuatro años de impunidad en los cuales la Justicia no da las garantías suficientes para que se respete la Constitución Nacional. La Fiscalía tuvo pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Entre los meses de diciembre del año 2015 y febrero del año 2016 se despidió a 68 municipales. Hubo más de 20 días de protesta frente a la Municipalidad y existieron intervenciones diarias de la Policía de la Provincia, por orden de la Fiscalía de Rosario de la Frontera ante las manifestaciones de los empleados despedidos. La Fiscalía tuvo pleno conocimiento de que se despidió mucha gente y que el intendente estaba actuando al margen de la ley. Tuvo pleno conocimiento de que no se habían iniciado los sumarios administrativos previos. Tuvo pleno conocimiento de que se estaba violando la Constitución Nacional y lo único que hizo fue proteger al intendente. No le importó que estaba dejando a mucha gente sin su fuente de trabajo y, sobre todo, que estaban dejando a muchos trabajadores en la calle y a sus familias sin sustento”.