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"Cuando la salud se transforma en una mercancía, lo que queda abolido es el derecho"

Entrevista con Patricia Digilio, experta en bioética de los derechos humanos.
Sabado, 05 de octubre de 2019 00:06

La profesora de Filosofía Patricia Digilio, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Políticas Sociales, vino a la ciudad para dictar un seminario de Bioética y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta.

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La profesora de Filosofía Patricia Digilio, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Políticas Sociales, vino a la ciudad para dictar un seminario de Bioética y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta.

La experta, quien trabaja como profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Luján, se dedica a temas que tienen que ver con la filosofía social, la filosofía política, la ética y la bioética

Desde 2006 da clases en la UNSa tanto en este seminario como en uno de Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos.

¿Cómo puede definir para el común de la gente a la bioética?

La bioética podríamos decir que es una disciplina vinculada con otra disciplina, si querés, mayor, que es la ética, que se ocupa de las cuestiones éticas propias del campo de la biomedicina. En la propuesta que yo hago, intento, además, introducir en relación con esas cuestiones las que tienen que ver con las condiciones sociales y políticas en las que los problemas bioéticos emergen.

¿Cómo se relaciona con los derechos humanos?

Se relaciona porque en mi caso, así como en el de otros bioeticistas, trabajo en una perspectiva de la bioética, que es la bioética de los derechos humanos. Esta considera los problemas bioéticos y la bioética en particular como un modo de reflexión y de producción de teoría, que habilita una intervención en los asuntos sociales, políticos y culturales relacionados con los problemas bioéticos, sostenida en la concepción de derechos humanos. La idea sería pensar en un tipo de intervención desde la bioética, que apunte a la realización efectiva de los derechos humanos.

En la región o en el país, ¿cuáles ve que son los problemas más urgentes en relación con esto?

Es un panorama complejo. Tenemos que pensar en las condiciones de acceso a la salud, porque, si bien la salud se afirma como un derecho, la manera en que en la actualidad existe la injerencia del mercado en relación con estas cuestiones, hace que tengamos que preguntarnos nuevamente si se trata de un derecho o de una mercancía. El problema es que, cuando se transforma en una mercancía, lo que queda abolido es el derecho.

Uno de los problemas principales que afrontamos es restituir fuertemente esta idea de la salud como un derecho y generar las formas de accesibilidad a ese derecho.

En Salta y en la Argentina se ha hablado mucho sobre la posible legalización del aborto. ¿Cómo ve este asunto desde ese enfoque?

Me parece que se trata de introducir todas las perspectivas y variables posibles para analizar este tema. Si me pregunta cuál es mi interpretación personal, yo creo que el aborto representa una cuestión eticopolítica: la posibilidad del ejercicio de un derecho que no puede ser conculcado y que es preciso generar las condiciones de posibilidad para que se haga efectivo.

En algunos discursos políticos se escucha que la educación y la salud son servicios. ¿Eso es también una perspectiva política?

Sí, es una perspectiva política, que entra de un modelo que sostiene valores y perspectivas con respecto a lo que sería la salud o la educación dentro de la organización sociopolítica. A mi juicio, tanto la educación como la salud deben ser concebidas como derechos, que deben ser garantizadas por los gobiernos que ocasionalmente tienen a su cargo los destinos del Estado.

A raíz del paro de docentes que hubo en Salta hace dos meses, se oía a funcionarios decir que no se garantizaba el "servicio educativo" ¿Hay derechos en pugna en este caso?

Sí, en los conflictos siempre hay derechos en pugna y hay que ver cuál es el derecho que se prioriza. Yo no entiendo a la salud ni a la educación como servicios. Los entiendo como derechos que deben estar garantizados por la estructura del Estado y por los gobiernos que lo representan, pero también entiendo que los trabajadores tenemos derechos. Yo, como trabajadora de la educación, reconozco que tengo derechos como tal. Ese derecho en algún momento puede entrar en coalición con el derecho que alguien tiene de asistir a una clase o a una institución.

¿Cómo se resuelve esto?

Cuando los docentes hacemos uso de nuestro derecho como trabajadores, lo que buscamos es garantizar una educación y una salud de calidad. Entonces, ese enfrentamiento en realidad no es tal, sino que hay que entenderlo como parte de la afirmación de ese derecho, que es la educación, que debe gozarse en condiciones de calidad. Una manera de garantizar la calidad de ese derecho es que los trabajadores que forman parte de la educación sean reconocidos en su trabajo: cobren como corresponde, tengan buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Eso también hace a la calidad de educación.

¿Es posible garantizar salud y educación de calidad?

La construcción de un derecho a la educación y a la salud de calidad es una cuestión de voluntad política: lograr instituciones de calidad, para que sean espacios donde los estudiantes puedan aprender, desarrollar sus capacidades y demás, y para que los docentes podamos trabajar.

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