El martes por la noche logró media sanción en Diputados un proyecto de ley que busca que las víctimas tengan mayor participación en los procesos penales y accedan a la información que está en poder del Estado. La iniciativa, aprobada por unanimidad, propone modificar 16 artículos del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.
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El martes por la noche logró media sanción en Diputados un proyecto de ley que busca que las víctimas tengan mayor participación en los procesos penales y accedan a la información que está en poder del Estado. La iniciativa, aprobada por unanimidad, propone modificar 16 artículos del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.
El autor del proyecto, Arturo Borelli, explicó que, en la actualidad, "hasta que el fiscal no imputa formalmente a alguien, la víctima no se puede constituir como querellante y no tiene acceso a muchas cosas: no puede pedir diligencias, recusar a un juez o a un fiscal, ni poner un perito de parte, entre otras cosas".
El diputado advirtió que "la víctima del proceso penal no se constituye como sujeto activo, sino que el Estado hace las cosas por ella", y consideró que el cambio en la figura "es un avance importante".
Desde la Defensoría General, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados y Procuradores, manifestaron su apoyo a esta iniciativa.
"Este es un proyecto que se aprueba en un momento político importante, con un Gobierno en retirada y una Justicia muy cuestionada. Me parece que todos estos cuestionamientos, planteados por los familiares durante tantos años, han ido abriendo de a poco la puerta a esta posibilidad", analizó Borelli.
El diputado expresó su confianza en que el Senado aprobará el proyecto cuando éste pase a la Cámara Alta: "Todos los bloques han manifestado su acuerdo en Diputados, así que me parece que en el Senado no tendría que ser muy diferente; más, si se tiene en cuenta que toda la Justicia también se manifestó a favor".
"Herramientas nuevas"
El asesor legislativo de Borelli, Luis Segovia, consideró que hacían falta herramientas dentro de la legislación para hacer vigentes los derechos de las víctimas de acceder a la Justicia y a la verdad. "Con este proyecto, creamos herramientas nuevas, como la figura del querellante autónomo, y otras posibilidades, como la de transformar la acción penal pública en acción privada en determinadas circunstancias", manifestó.
El abogado explicó que esta reforma permite que en causas de interés público o colectivo, como corrupción o delitos ambientales, además de las personas afectadas, intervengan asociaciones civiles.
"Todas esas herramientas creo que cumplen con hacer más efectivo el derecho a la Justicia y a la verdad, pero también con un principio democrático moderno de la democracia participativa: que la sociedad participe en la resolución de los conflictos, colabore en las investigaciones y que el Estado, que tiene a cargo la investigación de estas causas, sea transparente".
A partir de esta reforma, las asociaciones civiles y las personas idóneas podrán participar y colaborar en investigaciones de interés público y exigir que estas sean transparentes. "Una ONG de derechos humanos se podría constituir en querellante en una causa de gatillo fácil, por ejemplo", explicó.
Defensa para víctimas
Segovia destacó el aporte de la defensora general María Inés Diez, quien, además de considerar como muy buenos todos los aspectos técnicos del proyecto, evaluó una deficiencia, a través de los conflictos socioeconómicos que hay en esta sociedad.
Como no todas las víctimas tienen dinero para buscar abogados particulares y constituirse en querellantes, Diez sostuvo que en Salta se debe replicar lo que se hizo en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y crear defensorías de víctimas. En la actualidad, en Salta existen defensorías para imputados, pero no para víctimas.
"Ella nos invita, además de declarar derechos, a hacerlos efectivos porque hay gente que no va a poder pagar abogados. Nos parece una consideración política muy importante, pero no tenemos tiempo ya", señaló Segovia, con relación a que Arturo Borelli termina su mandato este año.
El abogado analizó que, cuando la Cámara de Senadores apruebe este proyecto y se modifique el Código Procesal Penal, "se tienen que dar más pasos; uno de ellos es crear la defensoría de víctimas".