La Justicia Federal marplatense desbarató una organización acusada de ingresar estupefacientes para su venta a internos de los penales de Batán y La Plata utilizando el servicio de lavandería de ambas cárceles y con la presunta connivencia de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), informaron fuentes judiciales.
inicia sesión o regístrate.
La Justicia Federal marplatense desbarató una organización acusada de ingresar estupefacientes para su venta a internos de los penales de Batán y La Plata utilizando el servicio de lavandería de ambas cárceles y con la presunta connivencia de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), informaron fuentes judiciales.
Según la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti, al menos desde 2008 y hasta abril de 2017 el principal acusado aprovechó su pasado como agente del SPB para firmar un convenio en el programa de reinserción “Incluirse”.
La empresa utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los penales, por lo que no tuvo que realizar una inversión de capital propio y, al mismo tiempo, aprovechaba la mano de obra precaria brindada por los internos que lavaban la ropa blanca quirúrgica de clínicas y sanatorios privados de Mar del Plata y de La Plata.
El acceso al área de lavandería -que por cuestiones funcionales exigía el ingreso de rodados con bolsones de ropa- habría sido el medio idóneo para que los sospechosos pudieran ingresar de manera oculta a la unidad penal estupefacientes, que luego eran vendidos a los internos.
Según informó en su web el Ministerio Público Fiscal (MPF), por la gran cantidad de trabajo que desplegaba el área de lavadero la firma comenzó a obtener alto rendimiento económico.
El rol del principal acusado fue clave: su labor dentro del SPB -desde 1990 hasta 2006, cuando fue declarado prescindible- le permitió obtener, mediante una contratación directa firmada por su madre, el beneficio de la explotación de las máquinas del área de lavandería de las Unidades X de Melchor Romero y XV de Batán, y una vez posicionado en el lugar organizar una sociedad delictiva.
Otra persona ejecutaría dentro de la cárcel de Batán las órdenes que el líder daba desde La Plata, encargándose incluso de gestionar los pagos de los reclusos.
En algunas oportunidades debía recurrir a otro implicado, quien a través de su financiera descontaba cheques de la empresa en cuestión y obtenía una ganancia propia al cobrar un 2 % del valor total de la suma a percibir.
Con este accionar beneficiaba a quien lideraba la asociación en el ocultamiento de su dinero.
Por otro lado, otro hombre ejecutaba de manera directa las órdenes pero en la cárcel de Melchor Romero, y habría sido también el contacto mediante el cual el SPB puso en conocimiento del líder que la firma de lavandería industrial estaba siendo investigada.
Por último, otra persona facilitó a través de su cooperativa el cobro de cheques, sin tener que pagar los impuestos.
La pertenencia del principal acusado al SPB le habría permitido quedar bajo el amparo de una connivencia por parte de algunos funcionarios que permanecieron en el organismo, y así poder ingresar a explotar el área de lavandería sin control alguno de cumplimiento de cargas sociales, jornadas laborales ni medidas de seguridad e higiene.
La Fiscalía encuadró los hechos en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero con el narcotráfico, entre los delitos precedentes.