El juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Instituto Provincial de Salud (IPS) depositar la suma de 25 mil pesos para los gastos de traslado por vía terrestre de un paciente con derivación a la Fundación Favaloro.
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El juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Instituto Provincial de Salud (IPS) depositar la suma de 25 mil pesos para los gastos de traslado por vía terrestre de un paciente con derivación a la Fundación Favaloro.
El hombre tiene internación domiciliaria y fue diagnosticado con síndrome de Parkinson en estadío IV, diabetes tipo II, esófago de Barret, depresión severa, apnea del sueño severa, deterioro cognitivo y oxigenoterapia permanente. Aunque en la audiencia convocada por el juez el médico tratante precisó que no hay un diagnóstico preciso de la patología del amparista, con sospecha de encefalitis autoinmune.
El estudio de panel de anticuerpo antineurales para ratificar el posible diagnóstico no se realiza en Salta. El mismo profesional señaló que el cuadro del paciente puede ser revertido si es tratado a tiempo.
En la misma audiencia la obra social reconoció la gravedad del estado de salud del hombre y la urgencia del tratamiento.
Magnitud
El juez al resolver destacó que "no se ha acreditado ni se ha ofrecido demostrar que exista una desproporcionada magnitud entre la suma de dinero que la obra social debe gastar para cumplir con la cobertura peticionada, menos aún que ello pueda desequilibrar sus finanzas al extremo de privar de prestaciones a los restantes afiliados y beneficiarios del sistema."
La obra social cuenta con un convenio vigente con la Fundación Favaloro, lo que hace factible la derivación del afiliado.
El juez consideró que el requerimiento resultaba necesario "para que pueda ser estudiada la enfermedad, y, a la luz de lo que resulte de los estudios neurológicos a practicarse, se implemente un plan terapéutico adecuado por profesionales con especialización en la materia".
"Es relevante reparar que el médico tratante ratificó que, a su entender, el cuadro puede ser revertido si es tratado a tiempo y que los estudios específicos que se requieren no se realizan en nuestra provincia, luego de reconocer la gravedad del estado", afirmó el magistrado.
Con respecto al reclamo del demandante por los gastos realizados para asistir a un primer turno en la Fundación Favaloro, por 123.994 pesos, el juez Domínguez dispuso correr vista al Instituto Provincial de Salud de Salta y de ser confirmados, depositar el reintegro en el término de tres días.
Antecedentes
Hasta fines de julio se habían interpuesto 82 recursos de amparo contra el IPS en el año. Esa cifra duplicaba las 41 demandas iniciadas por remedios, prestaciones y prácticas médicas durante 2018.
En la masa de afiliados de la obra social hay 6.000 personas con discapacidad, de las que 3.700 figuran como consumidoras de prestaciones encuadradas en la Ley 7.600.
En la primera mitad del año se interpusieron 5 amparos por demoras administrativas. También se iniciaron acciones para contar con acompañantes terapéuticos las 24 horas en viviendas familiares (11 demandas), derivaciones (7), prótesis (5), medicaciones oncológicas (5), internaciones (3), cirugías (2), afiliaciones (2), además de un requerimiento de cardiodesfibrilador y uno por un equipo neuroestimulador.
Paciente oncológico
Los amparos contra el IPS por tratamientos de salud se tornaron recurrentes. En septiembre la Justicia hizo lugar a una demanda interpuesta contra la obra social para que cubra la totalidad de un tratamiento oncológico a un afiliado metanense. El IPS quedó obligado a reconocer el medicamento que le habían indicado, todos los gastos relacionados con la enfermedad y el tratamiento futuro que pidió el médico de cabecera.