Con la sanción de la ley de emergencia, el país ha dado un paso tranquilizador y que puede sentar bases positivas en la maduración de nuestra democracia. Se busca crear las condiciones necesarias para evitar una cesación de pagos de los compromisos externos, que hubiera sido dramática. El gobierno de Alberto Fernández dio una muestra de autoridad al lograr sancionar en diez días una compleja legislación que amplía su margen de maniobra tanto en la administración del Estado como en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores.
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Con la sanción de la ley de emergencia, el país ha dado un paso tranquilizador y que puede sentar bases positivas en la maduración de nuestra democracia. Se busca crear las condiciones necesarias para evitar una cesación de pagos de los compromisos externos, que hubiera sido dramática. El gobierno de Alberto Fernández dio una muestra de autoridad al lograr sancionar en diez días una compleja legislación que amplía su margen de maniobra tanto en la administración del Estado como en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores.
No obstante, la responsabilidad republicana obliga al Presidente a no aprovechar las facultades extraordinarias para pasar por sobre la división de poderes y la autonomía de las provincias.
La ley de emergencia establece una situación de excepción para abordar la crisis económica, social, sanitaria y previsional. Por una parte, se asumen los desequilibrios de un Estado deficitario, una economía ineficiente, elevados niveles de exclusión y un régimen previsional insostenible. Se trata de problemas estructurales de larga data, que ni los experimentos neoliberales ni las ilusiones populistas lograron resolver.
El mundo de estos días requiere soluciones nuevas, con una perspectiva diferente a las dos que hoy se enfrentan en la trágica "grieta" que fractura a nuestra sociedad.
Con esta ley el Gobierno podrá avanzar en un equilibrio entre gastos e ingresos que, de cumplirse las previsiones, supondrán un ahorro equivalente a 1,5% del PBI, transformando el déficit previsto para 2020 en un pequeño superávit fiscal. No es poco.
La ley, que invoca el principio de solidaridad, contempla un fuerte sacrificio para los jubilados que cobran más de 19.000 pesos, que verán congelados sus ingresos por un tiempo indeterminado, y con la perspectiva de futuros incrementos dispuestos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Pero la misma norma consagra una excepción absolutamente no solidaria, como es que se mantenga la movilidad de las privilegiadas jubilaciones y pensiones de expresidentes, exfuncionarios, jueces, diplomáticos, docentes y científicos. La solidaridad exige ley pareja y por eso será necesario un correctivo inmediato, en las sesiones extraordinarias anunciadas por el Presidente, para evitar que se erosione la confiabilidad de este programa de gobierno.
La misma prudencia será imprescindible en el manejo de la presión tributaria. La sanción de un nuevo pacto fiscal habilitará a los gobernadores a aumentar los impuestos provinciales, que habían comenzado a eliminarse hace dos años. Esta situación, así como el incremento de las retenciones a las exportaciones agrícolas e industriales, pueden comprometer seriamente la producción regional. Los problemas fiscales de la Argentina se originan en la ineficiencia de una economía que no logra generar producción y empleo. La carga impositiva, justamente, es una de las causas de esa debilidad.
Las medidas que pueden ser una solución a la emergencia, si se prolongan en el tiempo, solo contribuirán a sostener el espejismo de un Estado benefactor que, en la práctica, es un generador de pobreza. El déficit fiscal se genera en el exceso del gasto político sin rendición de cuentas, las prácticas clientelares y al rol de "empleador sustituto" que se le ha asignado desde hace años al Estado para compensar la ineficiencia de la economía.
Lo que se ha aprobado es un plan de ajuste que afecta a algunos sectores más que a otros. Los privilegios nada tienen de solidario, y se agravan ante la mala imagen que ofrecen los poderes del Estado con la liberación masiva de procesados y condenados por escándalos de corrupción que acompaña a los primeros días del cambio de gobierno.
La presidencia de Alberto Fernández cumplirá el martes dos semanas. Tiene un largo camino para recorrer y este plan de emergencia debería ser solo un punto de partida para la construcción de una democracia equitativa y de un sistema donde la inversión y el trabajo cuenten con la contención de la seguridad jurídica, algo que los gobiernos de las últimas décadas no han sido capaces de garantizar.