Son 120 jubilados que no tendrán dónde ir a comer todos los días al mediodía y 350 más que no recibirán bolsones de mercadería a fin de mes porque la sede de los Asociación de Jubilados está a punto de ser rematada para pagar un juicio por honorarios de una exempleada y un abogado que reclaman 800 mil pesos de indemnización.
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Son 120 jubilados que no tendrán dónde ir a comer todos los días al mediodía y 350 más que no recibirán bolsones de mercadería a fin de mes porque la sede de los Asociación de Jubilados está a punto de ser rematada para pagar un juicio por honorarios de una exempleada y un abogado que reclaman 800 mil pesos de indemnización.
Dejarán de tener actividades recreativas otros tantos abuelos, ya no tendrán sus encuentros deportivos, y la administración vaya a saber dónde irá a parar. Con semejante susto de perder todo se han puesto a organizar lotas y bonos a beneficio, y apenas lograron recaudar 10 mil pesos.
Los pobres viejos esperan la bandera de remate en cada jornada, como si fuera el final de sus días. Cada día salen a la vereda de la institución a "pispiar" si el martillero pone el cartel de subasta del edificio de alrededor de 8.000 metros cuadrados aproximadamente ubicado sobre la calle 9 de Julio de esta ciudad.
"No nos alcanza para pagar semejante deuda. Nadie nos ayuda. Estamos desamparados. Los abuelos y la actual comisión no hicieron nada irregular. El abogado que nos defendía pareciera que no presentó algunos escritos en la Justicia y se llegó a esta sentencia donde debemos pagar 800 mil pesos a una enfermera y a su abogado como indemnización", contó Cristina Daza, tesorera de la institución.
Sentencia
El Tribuno sacó a la luz la triste crónica de esta institución en mayo de este año, cuando los referentes de la Asociación de Jubilados se anoticiaban de la sentencia del juez de Primera instancia del Trabajo N§ 5, Dr. Miguel Farjat, bajo el expediente 29.631, quien resolvió condenar a la institución al pago de 417 mil pesos a la enfermera Aidé Guitián, además de actualizaciones por honorarios del abogada de la demandante, lo que equivale a unos 800 mil pesos.
"Todo se actualiza y no hay forma de dejar sin efecto esta sentencia. En cualquier momento por no poder pagar nos rematan la institución. Claro que los interesados al subastarla recuperan la indemnización que reclaman y mucho más por el valor de este edificio", relato Daza.
Agregó: "Entiendo que ganaron un juicio, por la mala administración de un expresidente de los jubilados, la institución siempre brindó apoyo y contención a los abuelos. Esperan una mano de Dios para salvar a la Asociación de Jubilados".
Fundada en 1985, sus instalaciones son amplias y confortables para los jubilados.
Con 34 años en el medio muchos jubilados de PAMI son parte de sus actividades; hasta tiene atención médica y de enfermería durante todo el día. Allí almuerzan los que no tienen familia. Son los olvidados de nuestra sociedad.
Realizan actividades recreativas y organizan eventos. Participan de talleres y tienen hasta hospedaje en el actual edificio.
"Algunos vecinos nos piden que organicemos algún evento grande para recaudar fondos y salvar la sede, pero cómo lo vamos a hacer si no tenemos nadie que nos apoye".
El problema de los jubilados rosarinos llegó a los medios locales y redes sociales. Algunos vecinos sugirieron que el próximo desentierro de carnaval de Rosario de Lerma que tendrá la organización de la comuna, parte de la recaudación sea con motivo solidario, como por ejemplo ayudar a esta institución de jubilados.
Juicio perdido
En 2012 la enfermera Aidé Guitián denunció a la institución porque la habían echado sin justificación. Además, reclamó honorarios por antigüedad. Comenzó a trabajar allí en 1990. La pésima relación del entonces presidente de la institución Mario Barrionuevo precipitó los hechos. Sin mediar palabra, el titular de la Asociación despidió a la profesional. Llegó el juicio y los pedidos de documentación y presentación a la Justicia, Barrionuevo no los realizó. Pasó el tiempo y se cambió de presidente. Nadie se enteró de los trámites administrativos ante la Justicia, porque el expresidente Barrionuevo se llevaba todo a su casa.