Mientras la Justicia española investiga la posible interferencia de una unidad de espionaje ruso en respaldo del independentismo catalán, voceros diplomáticos de Moscú, en una declaración que más que un desmentido parece una confirmación implícita de los hechos denunciados, afirmaron la existencia de "un interés enfermizo de determinados medios españoles y blogs en el retorno, o la reencarnación, del tema medio olvidado de la injerencia de Rusia en los asuntos internos de Cataluña".
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Mientras la Justicia española investiga la posible interferencia de una unidad de espionaje ruso en respaldo del independentismo catalán, voceros diplomáticos de Moscú, en una declaración que más que un desmentido parece una confirmación implícita de los hechos denunciados, afirmaron la existencia de "un interés enfermizo de determinados medios españoles y blogs en el retorno, o la reencarnación, del tema medio olvidado de la injerencia de Rusia en los asuntos internos de Cataluña".
El punto de partida de la investigación judicial fue la detención de un ciudadano ruso y otro ucraniano, supuestamente relacionados con Denís Serguéiev, un alto oficial del GRU (denominación oficial del servicio de inteligencia militar ruso) que visitó Barcelona bajo una identidad falsa en al menos dos ocasiones, una de ellas tres días antes del referéndum del 1 de octubre de 2017, que se pronunció a favor de la separación de Cataluña.
Serguéiev sería parte de una unidad especial del GRU designada con el número 29.155 que estaría a cargo de realizar ataques informáticos en el exterior, al estilo de los perpetrados contra Hilary Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Lo cierto es que existen indicios fehacientes de que "hackers" rusos participaron activamente en las redes catalanas en las semanas previas al referéndum.
Denso entramado
Los investigadores sospechan que dirigentes separatistas catalanes estuvieron en contacto con emisarios de Moscú. Hasta ahora, las presunciones apuntaban a que la iniciativa de esos vínculos había correspondido a Moscú, pero Serguei Markov, un docente de la Facultad de Ciencias Políticas del Instituto estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, afirmó haber aceptado mantener una reunión con un enviado del entonces presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien lo habría sondeado sobre la posibilidad de que Rusia reconociera la secesión catalana.
Sin embargo, en este intrincado juego de intrigas nadie descarta que Markov, una personalidad del "establishment" ruso cercana al Kremlin, haya salido a la palestra para sacar al GRU de una situación embarazosa, porque su comprobación judicial reforzaría las presunciones sobre la intervención rusa a favor del "Brexit" en el referéndum británico y en apoyo de Marina Le Pen en las elecciones presidenciales francesas y de Mateo Salvini en los comicios italianos.
Obviamente, en estos casos detrás de cada pista judicial hay también un interés político. Los servicios de inteligencia occidentales tienden a alimentar la credibilidad de los indicios que subrayan una activa participación del GRU. Pero en España ciertas derivaciones de la investigación en curso son empleadas desde la derecha para hundir el prestigio del secesionismo catalán, bajo la hipótesis de que algunos de sus dirigentes, convencidos de la imposibilidad de que la causa independentista encontrara un mínimo de comprensión de la Unión Europea, podrían haberse echado en brazos de Vladimir Putin. En esta línea de investigación, cobra protagonismo Víctor Tarradellas, un exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien fuera responsable de Relaciones Internacionales de su partido, actualmente investigado por cargos de corrupción en un juzgado de Barcelona, entre cuyas pertenencias se encontraron anotaciones que demostrarían que el independentismo fue a la búsqueda del apoyo de Rusia.
Este matiz de la cuestión es altamente explosivo en la actual coyuntura política, en la que el apoyo de la bancada parlamentaria del nacionalismo catalán resulta vital para formar gobierno.
La mafia rusa
Sugestivamente, este intrincado juego de espías, que encandila a la prensa española y evoca las célebres novelas de espionaje de John Le Carré, se entrecruza con el hecho de que desde 2005, cuando saltó la llamada "Operación Avispa", la Fiscalía Anticorrupción y los servicios de información de Cataluña tienen la vista puesta en las actividades de la mafia rusa, que en la década del 90 inició una pujante tarea de penetración comercial en la región.
Estos negocios puestos bajo la lupa judicial estuvieron en un principio concentrados en la hotelería en la costa mediterránea, restaurantes, discotecas y cadenas de cafetería (nueve de ellas en las famosas ramblas de la ciudad).
Pero esas actividades, usualmente empleadas para el lavado de dinero, se fueron diversificando con el tiempo y las empresas rusas empezaron a incursionar en otros rubros de la economía catalana. La petrolera rusa Lukoil negoció un acuerdo con la barcelonesa Sarmet on Plus para instalar 150 estaciones de servicio, pero ese convenio despertó resistencias que obligaron a su cancelación. No obstante, Lukoil se asoció luego a la compañía catalana Meroil y consiguió autorización para instalar una plataforma petrolera submarina en el llamado Muelle de la Energía del puerto de Barcelona. Un aspecto sugestivo de este despliegue fueron los reiterados intentos de personajes vinculados con la mafia rusa de acercarse al mítico Barcelona y a algunos de sus futbolistas más conocidos. La esposa de George Mikadze, un ruso que fue a prisión luego de que un laboratorio de cocaína estallara en el paradisíaco pueblo costero de Castelldefels, fue secretaria privada del presidente del “Barca”, Joan Laporta. El mismo Mikadze hizo labores de seguridad en el club. Para la Policía catalana, estos esfuerzos obedecen a una estrategia habitual de las bandas criminales de ganar prestigio social en los territorios en los que pretenden implantarse. Algunos funcionarios catalanes fueron condenados a prisión por recibir sobornos a cambio de resoluciones que favorecían los negocios rusos. El fiscal catalán José Grinda, uno de los principales actores de esas investigaciones, a menudo inconclusas, aparece citado como fuente en un cable enviado a Washington desde la Embajada estadounidense en Madrid, difundido públicamente a raíz del escándalo de los “wikileaks”, donde se menciona la infiltración de la mafia rusa en el propio Gobierno de Cataluña. Si se tiene en cuenta la importancia geopolítica que tiene Cataluña por su ubicación en la costa mediterránea, no resulta desatinado deducir que Putin tiene un marcado interés en ganar influencia en la región. En su amplio dispositivo de recursos disponibles, figuran tanto el avance de las empresas propias de la mafia rusa en la economía local, que suelen tener la protección del Kremlin, como la captura del control político de los movimientos secesionistas que, con o sin independencia catalana, gobiernan ese enclave estratégico de la Península Ibérica.