La oposición peronista avanzó un casillero en su intento por asestarle un golpe político al Gobierno nacional al imponer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo su rechazo al decreto de necesidad y urgencia que creó el régimen de extinción de dominio, herramienta que busca acelerar la recuperación de bienes y fondos obtenidos por la comisión de delitos vinculados con actos de corrupción y el crimen organizado.
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La oposición peronista avanzó un casillero en su intento por asestarle un golpe político al Gobierno nacional al imponer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo su rechazo al decreto de necesidad y urgencia que creó el régimen de extinción de dominio, herramienta que busca acelerar la recuperación de bienes y fondos obtenidos por la comisión de delitos vinculados con actos de corrupción y el crimen organizado.
Para completar la jugada, ahora la oposición deberá lograr que el decreto sea rechazado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Mientras no logre ambos pronunciamientos, el decreto seguirá vigente.
En realidad, en la bicameral se registró un empate entre el dictamen de rechazo y el de apoyo al DNU, que impulsó el oficialismo. Ambas posturas obtuvieron ocho firmas. Sin embargo, al contar con la rúbrica del presidente de la comisión, el diputado kirchnerista Marcos Cleri (FPV-Santa Fe), el despacho de derogación será considerado como de mayoría.
"El kirchnerismo vota en contra de este decreto en defensa propia, porque este decreto se va a aplicar a todos los procesos de corrupción del kirchnerismo", se quejó el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza). "Hay más de 250.000 millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio por parte del Estado para poder recuperarlos", agregó el legislador oficialista.
Lo cierto es que no sólo el kirchnerismo rechazó el decreto. De hecho, el voto clave que le permitió a la oposición emparejar el tablero fue el de la senadora Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta), aliada del gobernador Juan Manuel Urtubey pero que suele votar con el oficialismo la mayoría de sus propuestas legislativas.
La legisladora salteña justificó su rechazo en el hecho de que el Congreso viene discutiendo un proyecto sobre el tema desde hace más de dos años, expediente que "no está caduco", agregó. "Que el contenido no sea del gusto del Presidente no lo habilita a tratarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia", sentenció.