El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, planteó ayer a las autoridades de la Corte de Justicia la preocupación del Poder Ejecutivo por el hacinamiento de presos y detenidos en las cárceles salteñas y, en especial, en la Alcaidía que funciona en la Ciudad Judicial.
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El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, planteó ayer a las autoridades de la Corte de Justicia la preocupación del Poder Ejecutivo por el hacinamiento de presos y detenidos en las cárceles salteñas y, en especial, en la Alcaidía que funciona en la Ciudad Judicial.
El Gobierno salteño destaca que el compromiso asumido por la administración nacional de hacerse cargo de los detenidos por microtráfico nunca se cumplió y reclama una deuda que, actualizada, supera largamente los $400 millones.
López Arias adelantó que en los próximos días mantendrá una reunión de similar tenor con el procurador general Pablo López Viñals.
Situación límite
Concretamente, en la provincia hay unos 3.500 detenidos y la capacidad carcelaria solamente permitiría albergar unas 2.500 personas. El caso de la Alcaidía es extremo: tiene capacidad para albergar a 350 detenidos y ayer se registraban 720.
Es tan seria la situación que el personal del Servicio Penitenciario, por primera vez, manifestó al ministro que "el sistema no se encuentra en condiciones de recibir más presos".
"No fue un planteo, sino una información que manifiesta la magnitud del problema. Nos encontramos en una situación límite y necesitamos encontrar una solución razonable. No podemos amontonar seres humanos en celdas, y esto exige una decisión conjunta, porque hay límites que imponen la ley y la ética, pero también es cierto que la sociedad necesita que le brindemos seguridad", dijo López Arias a El Tribuno. "De nuestra parte haremos todo lo posible para dar solución a este problema, y lo compartimos con el Poder Judicial, para ver qué solución es viable", añadió el ministro.
En la Corte
En una reunión que encabezó junto al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, el ministro describió la situación que atraviesan los lugares de alojamiento de detenidos, procesados y condenados y puntualizó la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por la manutención de presos por microtráfico. "Se trata de fondos que, actualizados, llegarían a casi $500 millones y corresponde a la instrumentación de la desfederalización del microtráfico de drogas, sistema al que adhirió el Ejecutivo provincial en enero de 2014", dijo el ministro. "Salta tomó la decisión de adherir a la ley de la desfederalización y esa misma ley es la que establece que Nación debe enviar los recursos", indicó López Arias, al señalar que "el Ministerio de Justicia de la Nación reemplazó su compromiso de construir o ampliar edificios penitenciarios por el ofrecimiento de financiamiento". Acompañaron a López Arias los secretarios de Gobierno, Santiago Godoy; de Políticas Penales, Pablo Alavila, y de Justicia, Carina Iradi, y el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena. Por la Corte estuvieron Catalano, Teresa Ovejero, Ernesto Samsón, Fabián Vittar y Guillermo Posadas.
Proyectos paralizados por una vieja deuda
La deuda que reclama el Gobierno comenzó a gestarse cuando la Provincia se hizo cargo de la lucha contar el microtráfico. En ese momento el fenómeno desbordó las posibilidades operativas de las fuerzas federales radicadas en Salta
“Se asumió el compromiso para garantizar la seguridad de los vecinos, pero el Gobierno nacional tenía que hacerse cargo del mantenimiento de los detenidos”.
La plata no llegó. La idea del Gobierno es ampliar la actual Alcaidía o, más bien, construir otra, al sur de la ciudad, más próxima para el fiscal de esa zona. Se construye un pabellón con fondos propios en Villa Las Rosas y están previstas obras en Tartagal, Orán, Metán y Embarcación. Con el dinero comprometido por el gobierno nacional desde 2014, todo se agilizaría, creen en el Grand Bourg.