Hacinamiento en las cárceles, un problema que es signo de estos  tiempos

Un síntoma de estos tiempos. El hacinamiento en las cárceles salteñas se vincula, directamente, al auge del paco, una droga de descarte que envenena a los chicos, especialmente, en los barrios.

El fenómeno es nacional, y no es, por cierto, la única adicción en un escenario social donde la escuela pública no retiene a los alumnos y el hábito del trabajo formal, en amplios sectores, va huyendo de la cultura.

Desde hace tres décadas, el paco se instaló en el país. Se trata de un desecho de la producción de cocaína cuya circulación aumenta en progresión geométrica entre los jóvenes de barrios de menores ingresos. Deserción escolar, desempleo y ausencia de horizontes, una fórmula letal.

El problema es complejo, y en cada barrio de Salta lo saben.

La lucha contra la droga correspondió siempre a la jurisdicción federal. El narcotráfico sigue a cargo de jueces y fuerzas federales, pero con el menudeo hubo un cambio.

La adhesión a la Ley de Desfederalización del Delito de Microtráfico fue una decisión cuestionada, riesgosa pero inevitable. "El problema es serio para la gente y el Estado provincial debió hacerse cargo", reitera el ministro Marcelo López Arias. Pero el Estado nacional -como lo ha hecho históricamente con la educación y la salud- tenía que ceder junto con las funciones, el presupuesto para ejecutarlas. No lo hizo. La Provincia le reclama cerca de 500 millones de pesos.

La reunión de ayer con los jueces de la Corte evidencia que es un problema compartido, y que las decisiones también deben serlo.

El régimen acusatorio habilita al fiscal a proceder a detenciones que los jueces de Garantías deben resolver lo antes posible. Esos detenidos son los que deben permanecer en la Alcaidía, que hoy tiene el doble de los que puede albergar.

La sociedad tiene una mirada poco amable hacia los detenidos y prefiere la "mano dura". Lo mismo ocurre, aunque en número muy inferior, con los golpeadores que no respetan la exclusión, se acercan a sus víctima e incurren en desobediencia judicial.

Los jueces deben actuar conforme lo que establece la ley. Y es un dilema, porque el sistema jurídico establece la prisión preventiva o definitiva frente a determinadas conductas, pero también exige condiciones humanitarias para los presos.

Para el Estado salteño, ampliar la capacidad carcelaria es un deber, sea que el Estado nacional pague o no la deuda. Pero esa deuda es exigible y la nación debe honrarla.

 

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Sección Editorial

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