Martín Leguizamón es uno de los abogados que más juicios le ganó a Google en el mundo. Empezó a especializarse en nuevas tecnologías cuando en el país nadie cuestionaba el uso que las grandes empresas podían hacer de la imagen y los datos personales.
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Martín Leguizamón es uno de los abogados que más juicios le ganó a Google en el mundo. Empezó a especializarse en nuevas tecnologías cuando en el país nadie cuestionaba el uso que las grandes empresas podían hacer de la imagen y los datos personales.
Un antes y después en su trayectoria lo marcó el fallo de la Corte Suprema en el caso de María Belén Rodríguez, una modelo que demandó a Google porque su imagen aparecía asociada a contenidos pornográficos. El máximo tribunal estableció en esta causa cuáles son las responsabilidades de los buscadores por este tipo de situaciones.
Ayudó que reconocidas figuras como Silvina Luna o Analía Maiorana se impusieran en batallas contra los excesos en internet y va ganando 58 juicios por estos temas.
Ayer estuvo en Salta para disertar junto con la especialista en derecho informático Johanna Faliero en la Primera Jornada Nacional de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas Tecnologías, organizada por el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados.
En diálogo con El Tribuno, adelantó que empezará a asesorar al Senado de la Nación y pidió una solución legislativa para los riesgos que se abrieron con la llegada de las redes sociales.
¿Las nuevas tecnologías están llevando a un replanteo del derecho a la privacidad?
Creo que no tendría que haber un replanteo. El derecho a la privacidad es un derecho básico, reconocido por la Constitución Nacional. Hoy todos estamos expuestos a no tener pivacidad, a no tener intimidad, lo que me parece realmente muy grave. Cuando empecé con estos temas en 2006 los jueces no entendían mucho de qué se trataban las nuevas tecnologías. Hoy, después de 12 años, han modificado el criterio y saben proteger mucho más la intimidad y la privacidad que antes.
Pero el gran problema es que yo creo que se terminó la era de la privacidad y la intimidad porque hoy estamos conectados todo el tiempo. Saben dónde estamos y cómo nos movemos. Me parece una cuestión bastante grave que debe tener una solución legislativa porque, si no, estamos expuestos. Cuando están expuestos los menores y las mujeres es muy complicado. Me preocupa excesivamente. Lo bueno es que me han citado del Senado de la Nación esta semana y los voy a asesorar en estos temas.
Creo que hay que aplicar la legislación de la Unión Europea, que es la más avanzada y la más dura contra los proveedores de las nuevas tecnologías. De esa forma no se va a solucionar completamente, pero van a tener una solución rápida y sencilla todos estos temas de violación de la privacidad.
Una parte de la responsabilidad es de quien sube una foto suya a internet, ¿pero hay otra de las empresas si usan esas imágenes para cuestiones que no habilitamos?
Cuanto más tecnologías nos dan, más nos tentamos de subir fotos e historias. Yo, de hecho, lo hago. Nos encontramos expuestos. Si todo ese material es usado como uno lo desea y publica, no habría problema. Lo que pasa es que después esa información se usa para atacar a determinadas personas y violentar su intimidad. Creo que hay una gran responsabilidad de las empresas en la difusión de ese material sin el debido cuidado.
El fallo Belén Rodríguez, que logré en la Corte Suprema de Justicia, no se conoce mucho. Es de 2014 y en 2019 la gente todavía me pregunta cómo se hace para pedirle a una empresa poderosa que borre determinada información. Mi consejo es que hay que fluir lo menos posible con estas nuevas tecnologías. Sé que es difícil, pero se trata de no estar tan expuestos constantemente.
¿Cuántos fallos similares al de Belén Rodríguez hubo?
Mi estudio tuvo a cargo más de 300 casos. A la fecha llevo ganados a Google y Yahoo 58 casos. Debo ser el abogado que más juicios le ganó a Google en el mundo, tengo en movimiento unos 100 juicios.
Cada vez tengo más consultas, por ejemplo, por la mal llamada “pornovenganza”. Creo que no es pornovenganza sino extorsión sexual a chicas, que se graban con un noviecito que después, poco hombre, lo sube a la red.
El tema del odio y la violencia en las redes sociales es complicado y nos pasa a todos. Uno a veces publica una opinión y siempre hay un anónimo que me está agrediendo, sin la valentía de poner la cara y equivocado, porque hoy todo lo que es tecnológico se puede identificar. El delito virtual deja más rastros que el delito real.
Además, están las falsas noticias. Los periodistas se toman el trabajo de hacer entrevistas. Los medios tienen una estructura, pagan sueldos y locaciones. Pero hoy cualquiera crea un sitio, hace una falsa noticia y perjudica a cualquiera. Todas estas cuestiones están previstas en el fallo Belén Rodríguez. Se han logrado condenas y se van a lograr más.
En Salta, el intendente Gustavo Sáenz hizo una presentación judicial para que dos páginas dejaran de publicar notas que consideraba agraviantes hacia su persona. La Justicia le dio la razón y ordenó que los sitios se abstuvieran de difundir esos contenidos. ¿Qué opina?
Yo creo que una cosa es la actividad pública y otra la pública. Cuando empecé con estos temas creí que el derecho real debía prevalecer a la vida virtual. Hoy es fácil destruir a una persona por una red social con un click y en un segundo. Construir una imagen nos demanda toda vida. Destruirla toma un instante.
Creo que hay que distinguir la vida profesional y política de la vida íntima. Si fuera juez, le daría cautelar. Sería saludable que en segunda instancia, porque seguro se va a apelar, se la confirmen.
Volviendo al fallo Belén Rodríguez, la Corte Suprema estableció que la libertad de expresión se encuentra por encima de cualquier derecho. Yo no estoy muy de acuerdo porque creo que en cada caso concreto hay que establecer una balanza. Un derecho no puede estar encima de otro.
Sin perjuicio de eso, la Corte dijo que la libertad de expresión cede en estos casos cuando, una vez intimado el buscador o un sitio a desindexar determinada información que causa perjuicio al honor, si no obra con la debida inteligencia, a partir de ahí nace su responsabilidad.
Pero la Corte fue más allá y estableció cuáles son las ilicitudes manifiestas y groseras. Por ejemplo, la difusión de videos íntimos, el trucamiento grosero de fotografías, cualquier cuestión que ataque a mujeres y menores, cualquier cuestión que pueda perjudicar una investigación judicial o policial. La Corte dijo que todo eso no requiere ni siquiera una orden judicial. Basta una intimación para que el bloqueo se deba hacer de inmediato.
El emblema de los buscadores es la libertad de expresión. Pero no expresan ninguna idea, lo único que hacen es tomar todos los sitios parasitariamente y reproducirlos.
No se puede atacar la libertad de expresión pero tampoco derechos básicos que están protegidos por la Constitución Nacional.
¿Está legislado el derecho al olvido?
No aún en Argentina. Sí tiene su antecedente en un caso que salió en 2014 en la Unión Europea. Ha habido fallos en Chile que hicieron lugar al derecho al olvido. En Perú se aplica, en Brasil no. Y en Argentina pronto vamos a tener novedades, tengo dos casos que están para sentencia.
Soy de la idea de que, si el derecho al olvido se aplica en la Unión Europea y las empresas trabajan a nivel global, el mismo derecho debería aplicarse en todo el mundo. Me parece injusto que la víctima tenga que recurrir a un abogado caro, como podemos ser nosotros, para lograr que bajen algo. Esto tendría que ser un sistema aceitado. Que le manden un mail al buscador y evalúe rápido si corresponde la eliminación. Es sencillo.