La investigación de la estafa está empantanada en la Justicia penal

El próximo 21 de mayo se cumplirá un año desde la audiencia en la que Miguel Matías Desimone y Jorge Héctor Dib Ashur fueron imputados por estafa, sin que la investigación del fraude inmobiliario de IKBA registre algún avance.

En todo este tiempo, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos 2, el Juzgado de Garantías 5 y el Tribunal de Impugnación 3 no terminaron de resolver si corresponde, o no, desglosar del expediente recibos de pago enmarcados en una mediación penal que fracasó por incumplimientos del principal imputado.

Entre tanto, nadie investigó la parva de cheques sin fondos que los responsables de IKBA libraron antes declararse en cesación de pagos y cerrar las cuentas de la firma.

Javier Latorre, abogado querellante en la causa testigo que está estancada, recordó que en 2018 la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia elevó a la Fiscalía de Delitos Económicos 78 denuncias recibidas contra IKBA.

"En esas denuncias, que no movieron ninguna actuación de la Fiscalía, hay patrones en común que muestran cómo un medio legal, como son los convenios, fue convertido en un ardid para estafar", advirtió Latorre.

El letrado sostuvo que, a medida que pasa el tiempo, aumentan las posibilidades de vaciamiento de la empresa y de insolventación. "Hasta ahora los responsables de IKBA no han logrado presentarse en concurso, porque no pudieron reunir los requisitos legales, pero siguen disponiendo de los bienes y activos de la empresa en detrimento de los damnificados", remarcó. Los pedidos de quiebra buscan remover a Desimone de la administración y disposición de los bienes.

Dos salidas

La ley nacional 24.522, de concursos y quiebras, contempla dos posibles salidas ante el estado de insolvencia o de cesación de pagos.

Una es el concurso preventivo, que posibilita al deudor evitar la quiebra a través de arreglos con los acreedores. Las negociaciones se pueden tramitar ante un tribunal competente o con acuerdos extrajudiciales.

Otra es la quiebra, con la que se liquidan los activos del deudor para aplicar los fondos a la cancelación de sus deudas.

El procedimiento de admisión de los acreedores es, en ambos casos, similar. Se debe presentar un pedido ante el síndico, exponiendo las causas originarias del crédito y el monto, con la correspondiente documentación respaldatoria. Ciertos créditos cuentan con preferencias.

El concurso preventivo solo puede ser iniciado por el deudor. Los acreedores están habilitados para pedir la quiebra del deudor. Ante la apertura de un concurso, el deudor conserva la administración de sus bienes y es libre de proponer la propuesta que considere a sus acreedores. Y le basta con una conformidad mayoritaria para salir del estado de insolvencia.

 

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