El constitucionalista Roberto Gargarella es abogado y sociólogo, y un intelectual de enorme prestigio encolumnado en la filosofía jurídica liberal y humanista. Pocos días antes de que la Suprema Corte pidiera al Tribunal Oral 2 el expediente por desvíos de fondos en la obra pública (para luego retroceder ante la queja ciudadana) Gargarella publicó un artículo donde sostiene que “la llamada ‘causa de los cuadernos’ puede ser el ejemplo más notorio del acuerdo por la impunidad”. Se refería a los testimonios sobre hechos flagrantes de sobornos y corrupción. Luego del episodio de esta semana, que pareció destinado a evitar el enjuiciamiento de la expresidenta, Gargarella sostuvo que “es inaceptable que la justicia se partidice”. En una entrevista con El Tribuno, realizada en su escritorio de la Universidad Di Tella, Gargarella analizó el uso de la figura del arrepentido y destacó que desde hace décadas “uno ve negocios entre políticos y empresarios, como mínimo turbios, que mantienen una total impunidad”. Gargarella brindará una conferencia el jueves en el Hotel Presidente, en la capital salteña, a las 11.30.

¿Cómo interpreta la intervención de la Corte Suprema en el juicio oral contra la expresidenta?

El pedido al tribunal es muy grave, pero hay circunstancias de fondo, que trascienden la marcha y contramarcha de la Corte. En primer lugar esto se asocia con un texto, que elaboramos durante un mes y que publicamos recientemente junto con el economista Rubén Lo Vuolo y la socióloga Maristella Svampa. Allí hablamos de un “pacto de impunidad”. Esta coyuntura es una manifestación de estas cuestiones. Desde que se empieza a hablar de pacto político, lo que está dando vuelta es cómo se sigue adelante, más allá de la causa de los cuadernos. La Corte está mostrando que participa de un juego que involucra a la dirigencia política y empresaria. Desde el menemismo, lo que uno ve son negocios, como mínimo turbios, que mantienen una total impunidad. Por eso este episodio de la Corte no me sorprende. Lo rimbombante no debe ocultar la densidad de los hechos.

¿Ese pacto de impunidad va más lejos?

Mucho más lejos. No se reduce a un día o a un episodio. Es una práctica de negocios, de larga data e impregnados de impunidad. El dinero que circuló en la Argentina, indebidamente, a partir de las privatizaciones de los 90 fue una fuente de corrupción extraordinaria. La “patria contratista” ha trascendido los gobiernos y conserva su impunidad.

Parece haber habido un cambio reciente...

Lo novedoso es que con la causa de los cuadernos parecía que por primera vez llamaban la atención sobre un problema de fondo y lo que estamos viendo son intentos para ver cómo controlar aquello que se desmadró.

Hay una sensación de que la Justicia se acomoda a las circunstancias políticas. Los juicios no transmiten confianza.

Ha habido y habrá, acá y en el mundo, una necesaria relación entre los jueces y la política. Eso no es reprochable, porque los jueces deben medir el impacto y las consecuencias de sus decisiones. Se trata de un vínculo sensato. El problema aparece cuando ese vínculo se partidiza, lo que resulta inaceptable. Y en estos días hemos visto a una intervención de perfil partidista. Creo que la marcha y contramarcha explica porque la Corte se asustó. Lorenzetti se destacó siempre como una persona enormemente hábil, magistral para el cálculo jurídico y político. Lorenzetti llegó a la Corte en un momento de enorme desprestigio, cuando la gente se arremolinaba frente a las casas de los jueces para repudiarlos. Asumió con la primera misión de la recuperación de la legitimidad de la Corte y lo logró. Ahora, por primera vez parece que cometió un error de cálculo. Entiendo que podían moverlo distintos objetivos, pero jamás hubiera pretendido generar un escándalo público con impacto social. Y eso sucedió. Y por eso retrocedieron.

A simple vista, es difícil de entender...

A mí me había indignado la decisión, especialmente porque se hizo bajo la alfombra, con un escrito de dos líneas y trastocando el interés político. Si había buenas razones para esa movida, había que explicar a la ciudadanía, por qué se hace lo que hace. Eso, que me parecía gravísimo, no fue remediado por esa contramarcha, con un comunicado redactado a las apuradas.

Los medios insistieron en especular con que se quería evitar la foto del martes, con la expresidenta frente al tribunal...

 Cada día nos depara sorpresas, pero lo aconsejable es salir de la coyuntura y tomar distancia para evaluar. Lo que ocurrió en los últimos años, desde el menemismo hasta la fecha nos impone reconocer problemas muy profundos, muy serios y de los que debemos hacernos cargo. Tomemos el caso Odebrecht. Brasil y Perú lograron avances relevantes. No es mi modo de pensar el derecho penal levantando pancartas que reclamen “cárcel para los corruptos”. América Latina sufrió delitos de esta naturaleza en las últimas décadas y Odebrecht es una gran metáfora al respecto: si comparamos los desarrollos institucionales de los países, resulta insólito que otros avancen, mientras que en el nuestro todo está preparado para adormecer o hacer morir las causas.

¿Cuál es su visión del rol del arrepentido?

Me considero un ultragarantista. Y me parece que la discusión sobre el arrepentido es jurídica, política y moral. En todos los frentes es defendible el uso de incentivos para conocer verdad. Lo digo con respaldo teórico y respaldo político. Para ilustrar lo que quiero decir: Jeremy Bentham es para mi el gran teórico del derecho penal liberal y él estaba a favor del uso de herramientas como la del arrepentido. Tratar de hacer justicia y lograr la verdad con recursos que en el ámbito teórico no cierran no me parece que esté necesariamente reñido con la ética. Estamos hablando de problemas muy especiales, de alto impacto y vinculados al interés común. No es un medio éticamente reprochable, porque hay razones para sostenerlo. En términos políticos, Sudáfrica (tras el apharteid) y Colombia (para acordar con las organizaciones armadas), por tratarse de casos de enorme gravedad, usaron premiaciones, como amnistías a criminales, con el honrar otros compromisos judiciales y llegar a la verdad. Soluciones como la sudafricana o colombiana no son necesariamente obligatorias para todos los países. Pero no son reprochables. No es lo mismo aceptar al “arrepentido” que intercambiar “verdad por amnistía”, pero se trata de utilizar un medio que no es ideal, porque implica resignar algo, pero no para hacer algo injusto sino para alcanzar lo que es justo y es moral. No es lo ideal pero no es injusto ni inmoral. Lo que es innegociable es la transparencia, la luz y la verdad.

Usted se define “ultragarantista”. ¿Qué es el garantismo?

Utilizo un término que se ha generalizado. Yo soy constitucionalista y todo momento pienso en términos de reglas constitucionales. Y la Constitución argentina es lo más garantista que es posible imaginar. El de 1853 fue un texto extraordinario y aún hoy es revolucionario. Ya desde la Asamblea del año XIII se pone de manifiesto la preocupación por brindar garantías constitucionales y procesales. Desde mucho antes de 1853, las cárceles fueron pensadas en un modo revolucionario. Y soy garantista en ese sentido.

Usted sabe que el término se asocia con “la política de la puerta giratoria”...

El derecho debe ser abordado sin recursos ultraemocionales; se trata de cuestiones que merecen ser discutidas con argumentos. Estamos hablando del derecho de las personas, no de impunidad. Las garantías establecidas desde mucho antes de la Constitución son las bases en las que se asienta el derecho argentino.

Usted habrá escuchado la “Chacarera del expediente”

Me pongo de pie para escuchar al Cuchi Leguizamón.

Uno puede asociar esa queja con el “hacete amigo del juez” o “la ley es tela de araña”, de José Hernández. El Estado tiene mucha distancia con la sociedad y con los sectores de menores ingresos...

Efectivamente, y tiene que ver con la degradación de nuestras democracias constitucionales y con las prácticas que han vaciado al sistema de contenidos. Y una de las peores consecuencias es que se ha debilitado el sentido democrático, es decir, el vínculo entre instituciones y ciudadanía. Concibo la vida constitucional como una conversación entre iguales; es un ideal regulativo que obliga a prepararnos para discutir amplia y colectivamente las cosas importantes. En nuestra historia hay buenas experiencias de discusiones muy notables sobre derechos tratados en forma abierta, frontal, inclusiva e ilustrada. Más allá de los resultados y de lo que cada cual piense en cada caso, los debates sobre ley de medios, aborto y matrimonio igualitario mostraron que la ciudadanía puede discutir, tiene ganas, tiene argumentos y su participación no es ofensiva para la democracia constitucional. Sin embargo nuestra vida institucional clausura las oportunidades y se inclina por los acuerdos de elites. Eso es negativo aquí y en cualquier lugar del mundo.

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