Después de 28 años de espera, extrabajadores de YPF están expectantes ante la posibilidad de cobrar lo que se les prometió desde el Estado nacional, tras la privatización de la empresa, en 1991.
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Después de 28 años de espera, extrabajadores de YPF están expectantes ante la posibilidad de cobrar lo que se les prometió desde el Estado nacional, tras la privatización de la empresa, en 1991.
Durante una conferencia de prensa que hubo ayer después del mediodía en la sala de intendencia del Centro Cívico Municipal (CCM), un funcionario nacional anunció que los expypefianos cobrarán, en promedio, unos 300 mil pesos (6.600 dólares, al valor de ayer), aunque el monto a depositar dependerá de la antigedad y de la categoría de cada uno, entre otras variables. Como se cobra con bonos, estos se actualizan de manera automática.
Del 24 al 28 de junio, en el CCM (avenida Paraguay 1450), un equipo de ocho abogados que trabajan para el Gobierno nacional asesorarán a los extrabajadores salteños de YPF para cobrar la indemnización, de acuerdo con la ley 27.133, promulgada el 20 de mayo de 2015. Los interesados deberán presentar sus DNI.
Guillermo Verdaro, director nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Hacienda de la Nación, fue quien explicó que el operativo que habrá a fines de junio es para explicarles a todos los extrabajadores de YPF en qué situación están sus expedientes. "La idea es pagar la mayor cantidad en el menor tiempo posible", manifestó y estimó que a fin de año podría cobrar la mayoría. Muchos tienen juicios en trámite desde hace décadas y tendrán que desistir de ellos.
"Hay casos que nos han tocado en otras zonas de la Argentina de gente que pensaba que estaba adherida (a la ley) y no lo estaba, que tenía un juicio y no era así o que no tenía juicio y sí lo tenía", expresó Verdaro. "Cada uno va a ver en qué situación está y qué tiene que hacer para destrabar la situación", agregó.
El funcionario detalló que en Salta hay alrededor de 3.300 personas, que tienen beneficio de la ley 27.133, desde hace más de cuatro años, para recibir indemnizaciones sustitutivas. Del total, unas 630 cobraron antes. Otras tantas todavía no adhirieron a la ley y deben hacerlo para percibir el dinero. Unas 600 están en proceso y, como sus expedientes no tienen problemas, cobrarán en los próximos meses. Unas 1.500 tienen juicios abiertos y tendrán que desistir de ellos. "La ley es muy estricta: para poder cobrar el beneficio necesita no tener juicios con el Estado en este aspecto", recordó Verdaro.
El funcionario agradeció a los extrabajadores de YPF: "Con mucha paciencia, esperan que podamos nosotros pagarles lo que el Estado nacional les prometió hace mucho tiempo".
El intendente Gustavo Sáenz, quien encabezó la conferencia, dijo que estas 3.300 familias aguardan desde hace mucho tiempo esta resolución y mencionó que muchos murieron esperando la noticia: "(Fue) un proceso muy largo lamentablemente y gracias a Dios ahora van a tener la posibilidad de cobrar lo que les corresponde y se va a hacer justicia".
El diputado nacional Martín Grande (Cambiemos), quien participó en la conferencia, se refirió a la ley 27.133: "Había una necesidad de cumplir con algo que había quedado pendiente del pago original de YPF de la época de (Carlos) Menem, cuando los despidieron a todos y les dieron la propiedad coparticipada. La ley achicó el camino para que ellos cobraran".
"Hay personas que han tenido hasta cuatro juicios y van a tener que arreglar honorarios de cuatro juicios. Han sufrido un montón. Hay abogados inescrupulosos que se han aprovechado de la gente de YPF y les han iniciado juicios en Buenos Aires", exclamó y mencionó un caso en que murieron los dos titulares.
"Luchamos muchísimo"
Juan Nieva, referente de los exypefianos, se mostró satisfecho con el anuncio oficial: "Para mí, es una alegría, si esto se da. Ojalá no sea una puesta en escena. Sería bueno, porque llevamos ya 28 años reclamando. Muchos compañeros nuestros han fallecido y tienen derechos sus cónyuges e hijos".
"Hemos luchado muchísimo por esto. Desde el punto de vista del trámite, lo veo como positivo, si es que lo asumen con la responsabilidad que requiere", expresó a El Tribuno.
Hace dos años y medio Nieva empezó las gestiones para desistir de los trámites judiciales y poder cobrar: un juicio civil y comercial terminó, pero el laboral no salió aún.
Él lucha desde que no quería que se privatizara YPF, a comienzos de los 90. Hoy acompaña una asociación de hijos y nietos de ypefianos, que trabaja para cobrar lo prometido y pensar sobre lo que significa la energía.
En una nota que se publicó en este medio en septiembre de 2017, Nieva dijo que el bono con el que se liquida es el PR15, octava serie, que se emitió en 2010 y vence en 2020: "Mientras no salgan los pagos, por lo menos siguen sumando intereses".
Una deuda histórica
El 29 de abril de 2015 el Congreso aprobó la ley 27.133, de resarcimiento económico para extrabajadores de YPF, que durante el gobierno de Carlos Menem fueron excluidos del programa de propiedad participada (PPP).
En 1991, cuando se privatizó YPF, se les prometió el cobro de las acciones del PPP. Después hubo una resolución que dispuso que solo podrían cobrarla quienes fueran empleados de la compañía, lo que excluyó a tres cuartas partes de los trabajadores que fueron desvinculados.
En 1995, el Estado pagó a un 10 por ciento, que estaba en ese momento en relación de dependencia. En 2001, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Estado debía pagar las acciones a quienes fueran empleados de YPF el 1 de enero de 1991. Eso se cumplió con la norma aprobada por el Congreso hace más de cuatro años.