El trabajo es uno de los grandes problemas a resolver. "Trabajar" no es lo mismo que "cobrar un sueldo". Por más que se lo quiera disfrazar, pagar subsidios es compensar carencias, pero no es una solución para la persona ni para el Estado.
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El trabajo es uno de los grandes problemas a resolver. "Trabajar" no es lo mismo que "cobrar un sueldo". Por más que se lo quiera disfrazar, pagar subsidios es compensar carencias, pero no es una solución para la persona ni para el Estado.
Un intendente de San Martín reconoció que, sin planes sociales y ayudas municipales, el desempleo real de su municipio (con mucha población, por cierto) sería del 60%.
Los intendentes están en la línea de fuego de la crisis social.
La persona desempleada y subsidiada no es dueña de su trabajo, como lo es el asalariado, el cuentapropista o el profesional. Es apenas "sobreviviente". Hace dos décadas, la escritora francesa Vivianne Forrester escribió un best seller, "El horror económico", donde describe la desesperación de quien no trabaja. El desocupado no es un número, un ítem de estadística, ni siquiera es meramente quien busca trabajo. Es alguien que no puede construir su arraigo ni su futuro y, con su familia, vive de un ingreso precario.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina registra que un 15% de los argentinos vive en hogares con tres generaciones de desempleados: 6.600.000 personas, si es que la cifra no ha crecido más. Hoy unas 7.200.000 personas reciben planes sociales nacionales. A esa cifra deben añadirse planes provinciales y municipales.
Unos 21 millones de personas (en un país de 44 millones de habitantes) viven del Estado.
En 2016, el Gobierno nacional informaba que el Estado (Nación, provincias y municipios) pagaban sueldos a 3,6 millones de empleados. De esos 3,6 millones de empleo público total, el 20% corresponde al Estado nacional, el 64% a las provincias y el 16% a los municipios. La Anses liquidaba jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales a 15 millones de personas. Proyectando los datos del Censo 2010, podríamos calcular que la población activa de Salta es hoy de 551.000 personas. Sería importantísimo reconstruir la estructura laboral y el lugar que ocupa cada grupo; esto supone determinar cuántos son los empleados estatales genuinos, es decir, los que responden a una necesidad de la administración pública; cuántos los "cuentapropistas" reales, con profesión y en blanco, y cuantos lo que "por cuenta propia", sobreviven. Y cuántos los empleados registrados, los no registrados o los eventuales. Y, también, incluir en la estimación (y en la agenda de gobierno) a los que viven de economías de subsistencia.
Otro intendente, del Valle de Siancas, aseguraba a El Tribuno que no tiene sentido "administrar un municipio, solamente, para pagar sueldos a 450 personas". La política asistencial no resuelve los problemas de las familias que quedaron excluidas del sistema educativo y productivo.
Salta percibe casi el 4% de la coparticipación federal, tiene el 3% de la población nacional y aporta apenas el 1,5% del producto bruto interno nacional.
Reclamar más coparticipación para generar más subsidios (como única solución) es la garantía del clientelismo y la pobreza eternos.
El próximo gobernador deberá definir (antes de las elecciones, claro) un plan de desarrollo productivo, que sea competitivo, técnicamente moderno y generador de empleos acordes a la época; por lo tanto, la educación deberá replantear si lo que Salta necesita con urgencia es una facultad de medicina o cursos de arte escénico, o una amplia gama de ofertas de formación profesional para tener técnicos, ingenieros y obreros calificados, en condiciones de asumir lugares de responsabilidad en industria, minería, turismo, producción agroganadera y desarrollos tecnológicos.
Quizá ningún candidato se tome el trabajo de diseñar y mostrar un proyecto de fondo. Pero, sin ese requisito, el desempleo, el clientelismo y, por supuesto, "el horror económico", va a crecer sea quien sea el que gobierne