La sobrepoblación en las cárceles que dependen de la Nación obliga a los jueces a agudizar el ingenio para sobrellevar la coyuntura. El Servicio Penitenciario Federal en Salta el año pasado rompió un récord alojando a 2.962 personas en sus tres unidades carcelarias, según un informe de la Procuración Penitenciaria nacional.
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La sobrepoblación en las cárceles que dependen de la Nación obliga a los jueces a agudizar el ingenio para sobrellevar la coyuntura. El Servicio Penitenciario Federal en Salta el año pasado rompió un récord alojando a 2.962 personas en sus tres unidades carcelarias, según un informe de la Procuración Penitenciaria nacional.
El penal de General Güemess es el complejo de mayor envergadura de la Delegación NOA del sistema federal. En el lugar se llegó a alojar 611 reclusos en 2018, 140 por arriba de lo que se declaró apto para el establecimiento. La sobrepoblación carcelaria en este caso es del 30%, mientras que la media del país llega al 14%.
El colapso carcelario es uno de los problemas más complejos por solucionar por la Justicia Federal que por un lado eficientiza y acelera los trámites para condenar a quienes cometen algún delito, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y por otra parte no queda espacio en las penitenciarías para cumplir con la creciente demanda.
Esa situación se reconoció con la declaración de la "emergencia en materia penitenciaria", que fue dictada en marzo pasado y por un lapso de tres años por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, eso solo no basta. Desde la Procuración Penitenciaria sostuvieron que aún "no existen estrategias ni políticas públicas específicas dirigidas a detener o revertir este aumento constante de presos".
La presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Inés Catalano, sostuvo en diálogo con este diario que "las medidas que demanda la emergencia carcelaria son por un lado de infraestructura y también una nueva mirada respecto de la aplicación de las penas o de algunas salidas alternativas". Sobre el último punto habló de la aplicación de dispositivos móviles de vigilancia electrónica, como son las pulseras.
"Pero ello depende de que las personas tengan arraigo y de una serie de factores que no siempre se dan", explicó la jueza.
Obras para el nuevo código .
La jueza Catalano detalló las obras que están en carpeta para acompañar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy.
En el subsuelo del edificio de la Justicia Federal ubicado en Deán Funes y España, donde funcionaba Aduana, está previsto construir una alcaldía. “Van haber celdas para varones y para mujeres con todos los estándares necesarios. Hay una contratación directa en trámite y eso se va ejecutar en septiembre o octubre”, dijo la magistrada.
En Jujuy, la Justicia alquila varios inmuebles pero hay uno solo que es propiedad del Poder Judicial. En ese edificio se hará una reforma para incorporar una sala de audiencia y una oficina judicial de Garantía.
En tanto, el Ministerio Público alquilo un inmueble de tres pisos en la calle Caseros, entre Buenos Aires y Córdoba, que se está acondicionando para mudar a ese lugar a los fiscales.
Se prevé, además, una ampliación de la Cárcel Federal de General Güemes y en la unidad penitenciaria 22 de Jujuy está en trámite la adquisición en comodato de un espacio para disponer de más plazas.