Por Tania Kiriako
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Por Tania Kiriako
En 1983 se realizó la primera presentación para la apertura de la causa penal de la denominada “masacre de Palomitas”, la cual marcó un hito en la historia de la represión en Salta por el asesinato de 12 presos y presas, quienes fueron sentenciados a muerte y fusilados por razones políticas e ideológicas.
La reapertura de la causa fue en 2002, por familiares de detenidos-desaparecidos. La causa estaba archivada como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Fi nal.
“Si de Palomitas se trata, estamos ante la causa penal más importante de la historia criminal de Salta”, había expresado el juez federal Dr. Miguel Medina, quien investigó el accionar sistemático y represivo del terrorismo de Estado en Salta.
Para la reapertura se le solicitó como primera medida la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, invocando el Derecho Penal Internacional, que “por su escala, volumen y gravedad, estos asesinatos configuran crímenes de lesa humanidad”, haciendo lugar a la misma y comenzando así una investigación de más de 17 años.
El 6 de julio de 1976 el director del Servicio Penitenciario de Villas las Rosas, Héctor Braulio Pérez, asistido por el jefe de la unidad, Napoleón Soberón, recibió una citación del titular de la Guarnición Ejército Salta, coronel Carlos A. Mulhall, de presentarse en el despacho militar. Allí Mulhall le comunicó a Pérez que esa noche se iba a realizar el “traslado” de prisioneros del penal a la ciudad de Córdoba, por orden del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez, y a pedido del juez federal en Salta, Ricardo Lona.
Fue el capitán Hugo Espeche el encargado del traslado de los presos políticos, con el apoyo logístico de las fuerzas de seguridad de la Policía de Salta. La lista de estaba compuesta por: Celia Leonard, maestra; Georgina Droz, profesora de Ciencias de la Educación; Evangelina Botta de Nicolai, psicóloga; Maria del Carmen Alonso de Fernández, arquitecta; Amaru Luque de Usinger, psicóloga; Benjamín Leonardo Ávila, comerciante (esposo de Celia Leonard); Roberto Oglietti, estudiante universitario; José Povolo, comerciante; Roberto Savransky, médico; Rodolfo Usinger, ingeniero (esposo de Amaru Luque), y Pablo Outes, comerciante. Uno de los primeros periodistas en cubrir el hecho fue Luis Andolfi, quien relató que “no había visto cadáveres, pero sí un infierno de sangre, pelos y sesos”. Inclusive llevó a la redacción del diario El Intransigente un pedazo de falange y el lóbulo de una oreja. La versión oficial fue que el carro de asalto había sido atacado por “guerrilleros”, figurando en la lista proporcionada por el Ejército como fallecidos en Palomitas, el médico Jorge Ernesto Turk Llapur, quien se encontraba detenido en la cárcel de Jujuy.
Los cuerpos de los prisioneros fueron distribuidos en tres grupo: el primero: compuesto por Savransky, Ávila y Leonard, en la cercanías de Palomitas. Un segundo grupo: Outes, Povolo, en la provincia de Tucumán, en el certificado de defunción figuran como muertos en un enfrentamiento en Ticucho 35. Y el tercer grupo: Oglietti y el matrimonio Usinger, que según los certificados de defunción habían muerto en Pampa Vieja (Jujuy). Permanecen en calidad de detenidas y desaparecidas Georgina Droz y Evangelina Botta. La metodología del terrorismo de Estado, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, tuvo en la provincia dos ejes fundamentales; por un lado el soporte jurídico brindado por el juez Lona, y por otro lado el soporte operacional de la represión a cargo de Carlos Mulhall y las distintas fuerzas de seguridad de Salta, por lo que se trató de un plan sistemático que se dedicó a la persecución, detención, tortura y exterminio de personas por razones políticas, gremiales e ideológica.
Lo que falta
A 43 años del luctuoso hecho, los familiares siguen esperando el juicio a Ricardo Lona, que se investigue el destino de los cuerpos que faltan de Palomitas y de los más de 200 desaparecidos en Salta, a fin de realizar el rito más humano que es de sepultar y que sus familiares puedan hacer el duelo por sus seres queridos, teniendo en cuenta que por el pacto de silencio de los miembros de fuerzas de seguridad aún hoy hay algunos en calidad de detenidos-desaparecidos.
*Tania Kiriaco fue abogada querellante en la causa junto con David Leiva