El cronograma electoral sigue su marcha hacia la definición de quiénes serán nuestros gobernantes a partir del 10 de diciembre. Este año, por primera vez en la historia de nuestro país, habrá debate obligatorio entre quienes superaron las PASO y compiten por la Presidencia de la Nación. Y no sólo habrá un debate sino que serán como mínimo dos.
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El cronograma electoral sigue su marcha hacia la definición de quiénes serán nuestros gobernantes a partir del 10 de diciembre. Este año, por primera vez en la historia de nuestro país, habrá debate obligatorio entre quienes superaron las PASO y compiten por la Presidencia de la Nación. Y no sólo habrá un debate sino que serán como mínimo dos.
A diferencia del debate de la elección presidencial pasada -organizado por Argentina Debate-, esta vez es la Cámara Nacional Electoral la encargada, por ley, de llevar adelante este evento. La vara que dejó el debate anterior es realmente alta. Más de 4 millones de personas vieron el debate 2015, convirtiéndose en uno de los hitos televisivos de ese año, destacándose el nivel de profesionalismo de la organización tanto logística como técnica. Cabe preguntarse, más allá de la obligación legal, sobre la utilidad de los debates tanto para la ciudadanía como para los candidatos y las candidatas. Y al respecto podríamos decir que el debate como formato en el marco de los procesos electorales es, sin dudas, un avance significativo. En contextos de crisis como el que está atravesando la Argentina, donde las incertidumbres e incrementos de vulnerabilidades campean, la información veraz, en primera persona y la enunciación pública de compromisos políticos, se vuelven centrales para aportar transparencia a campañas que, de por sí, aparecen como opacas de cara al electorado.
En ese sentido, la máxima difusión y penetración del debate en sí es una forma de dar cabida al derecho a la información del que todos y todas somos sujetos y que es el único vector que nos permitirá ejercer nuestros derechos políticos -no sólo el de elegir y ser elegidos, sino, centralmente, el de tomar parte del proceso de decisiones públicas con nuestro voto- de manera sustancial e informada. Por eso, quienes aspiren a ejercer cargos públicos electivos -incluso si la normativa no los contempla- deben receptar esta demanda cívica de plantear públicamente sus propuestas, para que puedan ser evaluadas luego, y exigidas por las vías correspondientes, cuando no se cumplimenten.
La organización del debate está en manos de la Cámara Electoral que ha conformado un Consejo Asesor plural con organizaciones de la sociedad civil y reúne a los partidos políticos en competencia para delinear los detalles finales de los encuentros con reglas ecuánimes para todos los contendientes. En el caso de que la elección del 27 de octubre indique que para definir la Presidencia de la Nación debe haber una segunda vuelta electoral, se realizará un nuevo debate entre los dos contendientes el 17 de noviembre. El debate es, definitivamente, una oportunidad tanto para los candidatos como para la ciudadanía. Tomar con responsabilidad esta instancia es un desafío para ambos. El electorado debe rescatar de este ejercicio aquello que le permita definir su voto, sentado desde la tranquilidad de su casa. Quienes compiten, pueden tomar este espacio para chicanear al contrario, para reclamar al que está o estuvo en el poder, o para hablarle a la ciudadanía marcando las diferencias y señalando la forma en que se van a solucionar la gran cantidad de problemas que tiene en agenda la Argentina. Es un evento de estrategia y al mismo tiempo de responsabilidad política. Está en ellos y ellas que esta sea una gran oportunidad para todos.