Las denuncias que comenzaron en el 2018 avanzaron y la Justicia imputó "provisionalmente" a Patricia Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP) y a Ana María Cerezo, como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas en nada menos que 22 hechos. El hermano de la gremialista, Raúl Argañaraz, y Nicolás Zissi, también fueron imputados por los mismos delitos aunque en calidad de "partícipes necesarios".
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Las denuncias que comenzaron en el 2018 avanzaron y la Justicia imputó "provisionalmente" a Patricia Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP) y a Ana María Cerezo, como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas en nada menos que 22 hechos. El hermano de la gremialista, Raúl Argañaraz, y Nicolás Zissi, también fueron imputados por los mismos delitos aunque en calidad de "partícipes necesarios".
Aseguran que son las primeras imputaciones que libró el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, y que pueden sumarse otras personas que también habrían estado involucradas en las maniobras millonarias en perjuicio del gremio docente y a favor del fideicomiso "Virgen de Urkupiña I".
Al conocerse las primeras denuncias, a fines del 2018, Argañaraz reunió a su comisión directiva y juntos ofrecieron una conferencia de prensa donde desmintieron las acusaciones.
Cuando las denuncias de administración fraudulenta fueron levantando vuelo y además del feideicomiso de viviendas para docentes, se conoció que habían gastos infundamentados, empleados personales que eran pagados por el gremio y hasta denuncias de venta de títulos, la comisión directiva que hasta ese momento había acompañado a Argañaraz le soltó la mano.
En abril del 2019 organizaron una asamblea extraordinaria y la expulsaron de su cargo. En esa álgida jornada no se dejó participar a Argañaraz ni tampoco se escuchó a los demás docentes que pedían que "se vayan todos", reclamo que vuelve a levantarse con las recientes imputaciones.
La gestión de la actual comisión tiene vigencia hasta el año que viene. "El estatuto dice que cuando la comisión está sospechada se la tiene que separar", indicó Carmen Venencia, de Tribuna Docente, quien fue "patoteada" durante una asamblea de la ADP.
"Es la misma comisión, solo que la sacrificaron a Patricia Argañaraz. El resto no está imputado y también están implicados en la venta de títulos y de cargos", advirtió Venencia, quien realizó la primera denuncia penal contra Argañaraz.
Cerezo fue mano derecha de Argañaraz, al punto de haberse conocido videos de ambas enfrentándose a los gritos con otros docentes. "El punto es que la sacaron a Patricia y sigue en el sindicato Marita Cerezo, que sigue siendo tesorera. Quedó Viky Figueroa, pero no habla, entonces la que siempre sale en los medios y va a las negociaciones sigue siendo Cerezo", señaló la militante de Tribuna Docente.
Con el conflicto explotado y luego de haber participado de la conferencia de prensa en defensa de Argañaraz, Jorge Cerruti, secretario gremial, indicó por entonces que con el fideicomiso de viviendas se había estafado a los docentes por $120 millones. "Nos avergenza tener que reiterar esta situación", aseveró.
Luego de conocerse la imputación, ayer desde la ADP guardaron silencio por "estar atendiendo la situación".
Las asambleas fueron uno de los puntos que se le cuestionó insistentemente a la comisión directiva. "Eran fantasmas, hacían las convocatorias por edicto, nos presentábamos y no había, las hacían en vacaciones, a las 6 de la mañana o un domingo. Hacían eso para evitar presentar los balances", relató Venencia, quien aseguró que es un modus operandi que "viene desde la época de Virgilio Choque", a quien reemplazó Argañaraz.
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