Libertad de expresión: Índice y situación en algunos países

El índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa representa una herramienta de medición sobre la acción institucional en materia de libertad de expresión y prensa en países del continente americano, de acuerdo con los principios de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y 2018, respectivamente. Esta primera edición del índice cubre al período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020. El promedio global obtenido en la investigación fue de 51,42 puntos sobre 100, lo que refleja una restricción parcial de la Libertad de Expresión y Prensa en la región. Ninguno de los países analizados promedió el puntaje necesario para ubicarse en la franja de Libertad de Expresión Plena, (81 puntos o más, de 100 posibles). El índice clasifica factores que intervinieron sobre la libertad de prensa, agrupados en cuatro dimensiones: ciudadanía informada y con libertad de expresión, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad, y control de medios.

Chile y Uruguay

Chile fue uno de los países en donde se vivieron conflictos sociales de importancia regional, pero, a pesar de ello, logró liderar el Índice con 80 puntos sobre el máximo de 100, presentando entornos favorables para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Sin embargo, destaca la preocupación ante situaciones de agresión e impunidad que puedan afectar a los periodistas y otros profesionales de la comunicación, durante situaciones de conflictividad social. 
Con 74,4 puntos, Uruguay, sigue en la lista ofreciendo una imagen de país con un clima favorable a la libertad de expresión. Sin embargo, presenta ciertas algunas restricciones asociadas a la influencia del poder Ejecutivo. También podrían encenderse las alarmas ante los resultados de un anteproyecto de ley relacionado con el ejercicio de la Libertad de Expresión. Efectivamente, una de las mayores debilidades en este país, lo representa el diseño institucional de normativas regulatorias para los medios. 

Bolivia y Brasil

Bolivia ocupa el puesto 18 del Índice, con un puntaje de 39,8, producto de la percepción de un momento especialmente difícil para el país. Al inicio del período analizado, la libertad de expresión y de prensa estaba seriamente comprometida, con la presencia de organismos de censura y mecanismos violentos de presión hacia los medios y los periodistas. El cambio de gobierno representó la recuperación de espacios perdidos en cuanto a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Se han creado nuevos medios, y si bien pareciera difícil deslastrarse de prácticas autoritarias, se avizoran mejoras para el sector.
Brasil en cambio registró un desempeño desfavorable en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, siendo valorado con 37,2 puntos, destacándose la dimensión de violencia e impunidad y la de ciudadanía informada y libre de expresarse. En este caso, la actuación del poder Ejecutivo (Jair Bolsonaro), se percibe como la mayor amenaza, no solo a la libertad de expresión, sino a otros derechos inherentes a toda democracia.    

Argentina

El resultado de Argentina fue de 77,2 puntos. Se destaca las “relaciones constructivas” en la gestión del Gobierno nacional anterior. En el informe se remarca que con las nuevas autoridades se produjo “un ligero cambio de estrategia de los distintos órganos del Estado hacia los representantes de la prensa”. La tarea de los periodistas fue afectada por disposiciones locales abusivas y la implementación excesiva de protocolos sanitarios en varios lugares del país por la pandemia. Sin debate público, el 9 de octubre, la Defensoría del Público anunció la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio). El juez federal Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento del periodista de Clarín Daniel Santoro, oportunamente rechazado por la SIP, acusándolo ahora de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje. Esta medida sin precedentes, tomada sin indagatoria previa y sin apoyarse en elementos nuevos en la causa, criminaliza la actividad periodística y desconoce la relación del periodista con sus fuentes.    

México y Estados Unidos

México también obtuvo 55 puntos, con una restricción parcial, pero con serias amenazas a que desmejore. Durante el período de estudio, el país vivió situaciones que afectaron la libertad de expresión y prensa. El control que ejercieron las instituciones del Gobierno se reflejó en las valoraciones obtenidas. En efecto, no parece haber iniciativas institucionales a favor de la libertad de expresión y para minimizar la alta violencia e impunidad que afectó y sigue afectando a los periodistas. A pesar de esto, aún existen espacios que permiten el pluralismo de información.
En Estados Unidos quedó con 49,6 puntos, 1,82 puntos por debajo del promedio global (51,42). En este caso también prevalece la influencia desfavorable del entorno Ejecutivo sobre los demás. La estrategia comunicacional llevada a cabo por el presidente Donald Trump ha sido calificada como intimidatoria para los periodistas y amenazante hacia los medios que le adversan. Sin embargo, el fuerte y blindado marco jurídico del Estado protege la libertad de expresión. 

Venezuela

Finalmente, el país peor calificado en la región es Venezuela, con 3,8 puntos. 47,62 puntos por debajo del promedio global. El Poder Ejecutivo domina la actuación institucional, fomentando la descalificación de los medios y la persecución, no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos que quieran expresarse libremente por las redes sociales (prácticamente los únicos medios que quedan a disposición de la población). El control y la presión de parte del Gobierno hacia los medios de comunicación adversos al Ejecutivo ha obligado que muchos cierren sus puertas a consecuencia de acciones directas e indirectas en contra de su sostenibilidad. La promulgación ilegítima de leyes que violan la libertad de expresión (por ejemplo, la conocida como ley contra el odio) y las acciones represivas y violentas han generado temor en muchos periodistas y ciudadanos en general, quienes han sido atacados de forma violenta, torturados, violentados y vejados de manera cruenta, tal como se ha registrado en informes de organismos regionales de derechos humanos. 
 

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