Son 120 las familias docentes que invirtieron todo para tener la casa propia en el fideicomiso Urkupiña, promocionado desde la ADP (Asociación Docente Provincial), y por el que se imputó a su exsecretaria general Patricia Argañaraz, su hermano, su pareja y a Ana María Cerezo, tesorera que continúa en funciones. Ni la casa que estaban pagando en cuotas, ni los loteos que ya habían comprado fueron realidad.
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Son 120 las familias docentes que invirtieron todo para tener la casa propia en el fideicomiso Urkupiña, promocionado desde la ADP (Asociación Docente Provincial), y por el que se imputó a su exsecretaria general Patricia Argañaraz, su hermano, su pareja y a Ana María Cerezo, tesorera que continúa en funciones. Ni la casa que estaban pagando en cuotas, ni los loteos que ya habían comprado fueron realidad.
"Algunos sacaron préstamos que siguen pagando", contó una docente que forma parte de las 68 familias denunciantes, pero que pidió quedar en reserva por temor a represalias. Es contratada y cada año debe estar pendiente de la renovación de su contrato. "Argañaraz y Cerezo tienen gente que las idolatra y apoya en todos lados", advirtió.
La mujer se enteró del plan de viviendas en el camping de la ADP. Junto a su pareja decidieron destinar los ahorros que tenían para el casamiento, en la casa propia. De esa manera dejarían de alquilar.
Se llegaron a medio construir 22 viviendas en el loteo Aire de los Andes. "Yo veía el avance de obra y eso me dio seguridad. Además, era de la ADP. Nunca me imaginé que nos iban a estafar. Y hasta me ponía contenta porque decía, en el 2020, este año, ya iba a tener mi casa. Pero nos quedamos sin nada, sin ahorros, sin auto, sin casa", lamentó la mujer, que luego de la estafa tuvo que volver a vivir a lo de su mamá junto a su pareja.
Las obras avanzaron hasta fines del 2018, y desde principios del año pasado no se volvieron a registrar movimientos.
"Me pedían $360 mil para el lote. No llegábamos con los ahorros, así que le pedí prestada plata a mi hermano y vendimos el auto", contó la docente. La venta del auto tuvo de intermediario a Raúl Argañaraz, hermano de la sindicalista, que, al enterarse de que el último recurso de la familia para llegar al monto exigido era vender el auto, se ofreció a conseguir un comprador.
Cancelado el terreno, la mujer comenzó a pagar las cuotas mensuales de $12.500 por una casa de dos plantas. Debía pagar durante dos años. "Pagábamos en la España, luego se mudaron al edificio de la Juramento de la ADP y pagábamos ahí", contó la mujer. Cuando se complicó, los últimos meses solicitaron que a los pagos los hicieran en el edificio de la Semit, a una cuadra del edificio principal de la Asociación.
A fines del 2018 Argañaraz los convocó a una reunión donde les notificó que su hermano ya no formaba parte del fideicomiso, que todos iban a tener la misma casa, de dos habitaciones, y que las cuotas iban a aumentar. "La mía pasó a $21 mil. Muchos se enojaron porque habían pagado otra casa. Pero bueno, también como éramos fideicomiso nos decían que si no pagabas, perjudicabas a todos", recordó la docente que pidió al menos por el terreno que pagó en Aire de los Andes y en el que intervino un escribano. "En el lote que era mío ya hay gente construyendo y en los otros pagados, también", advirtió.