En el este de la provincia, donde las disputas de tierras y los derechos personales aún se dirimen con reglas del Far West, camiones repletos de madera y carbón ilegal cruzan sin problemas los límites interprovinciales, mientras cientos de salteños chocan con un frontón en su intento de volver a casa.
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En el este de la provincia, donde las disputas de tierras y los derechos personales aún se dirimen con reglas del Far West, camiones repletos de madera y carbón ilegal cruzan sin problemas los límites interprovinciales, mientras cientos de salteños chocan con un frontón en su intento de volver a casa.
Las medidas de aislamiento dispuestas ante la pandemia no son ajenas, absurdos contrastes, como tampoco lo es la provincia a las usurpaciones y las tomas de campos que se generalizaron en buena parte del país, ante la pasividad de las autoridades e instituciones en las que está confiada constitucionalmente la defensa del derecho de propiedad.
En Anta, esta situación tiene agravantes porque, según denunciaron propietarios de inmuebles, los usurpadores aprovechan el escenario de "zona liberada" para talar montes nativos y sacar cargas de carbón y postes de quebracho colorado, por caminos clandestinos, hacia Chaco y otras provincias.
La "zona liberada" se produce por la parálisis de la actividad judicial y del Ministerio Público, la que, según abogados que se manifestaron días atrás, es casi total en el interior de la provincia.
En Joaquín V. González, donde tienen su sede los magistrados competentes en Anta, las oficinas del Ministerio Público están prácticamente cerradas, de modo que la actividad de ese poder allí es casi nula, según advirtieron delegados del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
La Secretaría de Medio Ambiente y Producción Sustentable, organismo provincial encargado de controlar la tala y el desmonte ilegal, también tiene sus actividades reducidas en medio de la larga cuarentena.
Destrucción del bosque
Según denuncias que esperan debida investigación judicial, en Anta una organización clandestina está talando árboles y destruyendo productos forestales en forma intensiva, con una logística importante.
Una de las explotaciones ilegales consta de varios hornos de ladrillos, donde se produce carbón, y cuenta inclusive con guardias armados que reciben con disparos al aire a quienes se acercan al lugar.
"Existe una verdadera asociación ilícita para saquear los bosques nativos aprovechando la pandemia", denunció Agropecuaria Andorrana, empresa que posee un extenso campo en el área conocida como "Tres fronteras"
En el borde de Talavera, donde confluyen los límites de Salta, Chaco y Santiago del Estero, hay más de un catastro rural usurpado y asolado con talas clandestinas. Andorrana es solo una de las titulares registrales afectadas. El lote fiscal 65, que pertenece al dominio de la Provincia, terminó con su monte arrasado tras una década de ocupación ilegal con vistas gordas de la Justicia anteña y la Fiscalía de Estado.
Un nombre repetido
En al menos dos presentaciones, la empresa agropecuaria de capitales europeos señaló como principal responsable de la usurpación y explotación ilegal de parte de su propiedad a Luciano Saravia.
El denunciado es un productor de El Quebrachal que, en los últimos años, estuvo envuelto en escandalosos casos judiciales, como el del robo del generador eléctrico de la comunidad de San Miguel y el de la apropiación ilegal de "Histórica Special RDA", la yegua correntina de cuarto de milla a la que él y su padre explotaron en cuadreras con el nombre falso de "Seré Leyenda".
En su última denuncia, Andorrana afirmó que los ocupantes ilegales "por lo menos quintuplicaron la explotación clandestina" en pocos meses, por lo que "existe el riesgo de que terminen por arrollar con todo el bosque nativo, destrozando especies arbóreas de una riqueza inconmensurable, pues por cada día talan cientos de árboles que fueron formados después de cientos de años de trabajo de la naturaleza".
Una fiscalía cerrada
El virtual cierre del Poder Judicial y del Ministerio Público desde marzo último, según las denuncias, le facilitó las cosas a los depredadores del monte. En los últimos seis meses, al compás de la inacción de los poderes públicos, las actividades ilegales de extracción del bosque se incrementaron exponencialmente.
Ante las denuncias, según parece, el Ministerio Público solo se limitó a caratular un expediente como averiguación preliminar, pero en seis meses ni siquiera intentó constatar los hechos denunciados y hacer cesar la tala indiscriminada. Los fiscales y auxiliares competentes no están trabajando y tienen cerradas sus oficinas. Esta situación fue marcada, el mes pasado, en un pronunciamiento de la Delegación Anta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Por mal camino
Oscar Arias, un empleado de Agropecuaria Andorrana, contó cómo respondió la Justicia ante la denuncia que la firma presentó en marzo, dando el nombre y apellido del presunto usurpador. "La Fiscalía citó a esta persona y ordenó una constatación guiada por el propio denunciado, quien, por supuesto, los llevó a un inmueble diferente, donde hay un horno abandonado desde hace más de 30 años. Ese sitio está a más de 20 kilómetros del lugar donde se está haciendo la explotación real", advirtió Arias.
Agregó que, ante la cuestionable respuesta que tuvo la primera presentación penal, "ampliamos la denuncia y precisamos el lugar donde está la explotación clandestina. Hemos acompañado fotos e incluso nos ofrecimos a acompañarlos como baqueanos, pero hace cinco meses de eso y todavía no hicieron nada, mientras todas las semanas salen camiones con acoplados llevando postes y carbón hacia el Chaco, donde consiguen guías y documentación para llevar los productos a todo el país".
Lote 65: 2.000 hectáreas de la Provincia arrasadas
En la tercera sección de Anta, cerca de Talavera, 2.000 hectáreas del dominio público de los salteños terminaron ocupadas ilegalmente y con su monte completamente arrasado con talas ilegales.
La historia de este despojo comenzó a escribirse en 2011, poco después del escándalo que se destapó en Tolloche, cuando laderos del poder político de Anta le pusieron alambradas, una tranquera y un candado al lote fiscal 65.
En junio de ese año, pobladores de Talavera denunciaron la usurpación de las tierras de la Provincia ante la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Desarrollo Económico, la cartera de Ambiente y el Ministerio Público, pero ningún organismo movió un dedo para impedir la ocupación ilegal.
En ese momento, mientras tomaban estado público las reventas ilegales de lotes de Tolloche y el gobierno provincial se veía obligado a revocar las adjudicaciones viciadas, tres anteños desplegaron una suerte de “plan B”.
Roberto Montenegro, Ramón Abel Burgos y Horacio David, hermano de Félix David, mecánico de la Municipalidad de El Quebrachal y uno de los supuestos testaferros procesados en la causa de Tolloche- ocuparon el lote fiscal 65 y se lo dividían por sectores para explotar sus recursos forestales al margen de la ley.
De esos montes poco queda hoy, pero las 2.000 hectáreas de la Provincia siguen siendo sometidas a explotación ganadera sin que organismo alguno moviera un pelo en casi una década.
En Ico Pozo, otro paraje del sur de Anta, en enero de 2011 una banda de forajidos incendió la vivienda que habitaba doña Francisca, una anciana de 72 años, en un desalojo resuelto al modo del Lejano Oeste. La banda dinamitó el pozo de agua y le prendió fuego hasta a la silla de ruedas de la anciana, que terminó exiliada en Gaona. Según la denuncia, que tampoco movió una investigación seria en el Distrito Judicial del Sur, fue un empresario de Buenos Aires quien llevó hasta el puesto de doña Francisca a los incendiarios y presenció todo el operativo junto a Luciano Saravia, también denunciado en esa causa que terminó dormida.
Anta sorprende con sus personajes del Far West hasta en la Justicia. En agosto se armó un gran revuelo social y político en el departamento por la imputación penal y los sumarios abiertos contra el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El funcionario, acusado de mal desempeño, se mostró en septiembre de 2019 ante el procurador general, Abel Cornejo, con un Colt. El jefe de fiscales tuvo que pedirle que guarde el arma que portaba, tras recordarle su condición y responsabilidad como funcionario judicial. Dantur también recibió un mar de críticas en las redes y los medios por el nickname que eligió para su WhatsApp: “Aurelio Casillas”, en alusión al protagonista de la serie narco “El señor de los cielos”.
Policías, con los brazos atados
El Departamento de Policía Rural y Ambiental con sede en Joaquín V. González está en conocimiento de las usurpaciones y las explotaciones clandestinas que se realizan en medio de la pandemia en el sudeste de la provincia, pero su personal no puede actuar sin órdenes de allanamiento que deben ser solicitadas por la Fiscalía competente ante el juez de Garantías de Anta.
“La Fiscalía no está trabajando”, aclaró una fuente interna de esa unidad policial, tras poner en claro que “se trata de una zona complicada donde hace poco hubo un enfrentamiento que terminó con un cuatrero herido y varios policías detenidos”.
La fuente resumió la situación: “No podemos hacer nada sin una orden judicial, porque es de esperar que los depredadores estén armados y pueden haber enfrentamientos”. El abigeato, en el actual estado de cosas, también tiene “zona liberada” en Anta.