Qué pasará ahora con la toma ilegal  en Salta que lleva más de 160 días

Más de cinco meses transcurrieron desde la toma ilegal de un terreno ubicado detrás del barrio Parque La Vega, y hasta el momento sigue en mediación judicial y sin definiciones concretas. En plena pandemia la estrategia del "desgaste" ya se extendió bastante y no funcionó para nada. El tema es que no hay señales concretas de qué pasará con la toma.

Los dos desalojos ordenados por la Justicia, en Entre Ríos (en el campo de la familia Etchevehere) y en la localidad bonaerense de Guernica marcaron una línea. Habrá que ver cómo impacta ese antecedente en las autoridades del Gobierno provincial, en el Ministerio Público y en la propia Justicia local. Los interrogantes que se abren son varios: ¿hay margen para seguir manteniendo una ocupación de este tipo?, ¿no es momento de hacer cumplir la ley?, ¿a quién se beneficia?

En el medio no solo hay inacción de parte del Grand Bourg, sino que ni los concejales capitalinos, ni los diputados y senadores provinciales propusieron nada en este caso puntual y tampoco para afrontar el terrible déficit habitacional que arrastra la provincia.

Ayer, después de 162 días de existencia del asentamiento ilegal San Calixto, en la zona sur de la ciudad, el secretario de Tierras y Bienes del Estado, Esteban Carral Cook, insistió en que mantienen la "expectativa de que se despeje la zona" por sí sola, cosa que es muy difícil que suceda, de acuerdo a testimonios de los grupos más radicalizados que sostienen la toma, y que justamente por el tiempo que transcurrió y que allí estuvieron se niegan a abandonar el predio que tenía como finalidad la construcción de un espacio público para la barriada ya existente.

Carral Cook, aislado por COVID-19, hizo hincapié en que la usurpación está todavía en mediación judicial por lo que la Provincia no puede tomar ninguna decisión en esta instancia. Dijo que tampoco tiene idea de cuándo finalizará este proceso del que él forma parte. "En la última reunión que tuve por Zoom, el abogado que ellos contrataron quedó en que iba a mandar una propuesta y todavía no la mandó", comentó el funcionario provincial. Tampoco adelantó que estén trabajando en un plan, más allá de la propuesta que puedan hacer los asentados.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta señalaron que se mantiene la posición a favor de la mediación que se viene desarrollando bajo un acuerdo de confidencialidad entre las partes (representantes del Poder Ejecutivo provincial y de las familias asentadas) y en la que sigue interviniendo el fiscal penal Horacio Córdoba, quien, según dijeron, no pedirá el desalojo.

A esta altura, la mediación se hizo eterna y se asemeja más a un diálogo de sordos en que las partes no llegan a ningún entendimiento. Y, en el medio, el perjuicio es para cientos de salteños.

Impunidad

En las 23 semanas y dos días que lleva la ocupación ilegal hubo varios cortes de tránsito en la avenida Tavella y en la rotonda de Limache. Por varias horas los ocupantes dejaron incomunicada la ciudad de sur a norte y viceversa. Pese al desastre que ocasionaron, no hubo sanciones, pero tampoco los llamaron para tener una reunión y buscar una salida efectiva.

“La única forma de acceder a un terreno es inscribirse en el IPV y participar del sorteo, no hay otra”.  Carral Cook

La noche del 26 de agosto se vivieron momentos de tensión a raíz de un incidente entre un asentado y un policía que derivó en un despliegue policial impresionante. Pedradas, balas de goma y tensión fueron la postal de esa jornada.

Los vecinos de los barrios aledaños: San Remo, Scalabrini Ortiz, San Nicolás, Pablo Saravia, Parque La Vega, incluso los de la Ampliación de Parque La Vega, que también nacieron como asentamiento, comenzaron a denunciar que en la zona crecieron los hechos de inseguridad y robos. "Es zona liberada y nadie hace nada por nosotros", repiten los vecinos que hasta tienen miedo de dejar sus casas solas para ir a trabajar o de mandar a sus hijos al almacén de la esquina.

Después la zona se quedó con muy baja presión de agua porque referentes del asentamiento quisieron conectarse a la red de forma clandestina y terminaron rompiendo una cañería central de Aguas del Norte. Una de las cabezas de la toma, "Yuthiel" Alderete, está detenido hace dos semanas y fue imputado por una serie de delitos como entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación, amenazas, lesiones, coacción, retención indebida, turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real.

El miércoles el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la situación. "En el tema tierras hay que entender que es fundamental el respeto irrestricto de nuestra Constitución, la defensa de la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica por sobre todas las cosas", aseguró.

 

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