¿Observatorio o  mordaza a la prensa?

Recientemente, la Defensoría del Público, organismo creado por la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522, anunció la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio), cuya finalidad es trabajar en la "detección, verificación, identificación y desarticulación" de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión.

Aunque la defensora Miriam Lewin defendió la iniciativa ante el Congreso diciendo que "no estamos a favor de censurar, prohibir, sancionar, multar ni encarcelar", inmediatamente se encendieron las alertas, con los rechazos, no sólo de la oposición, sino también de organismos prestigiosos como la SIP, ADEPA, FOPEA, varios medios de comunicación (como "El País", de España), y constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, que integra la comisión asesora para la reforma judicial.

La tarea de vigilancia se torna peligrosa cuando la ejerce el Estado, por naturaleza investido de potestades sancionatorias y punitivas. Y aun siendo inofensiva en sus inicios o en sus intenciones, muchas veces se usó como punta de lanza para imponer la censura o la autocensura, y disciplinar hacia el pensamiento único.

"No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico; también es necesario que no haya temor. Allá donde existen intimidaciones y donde desviarse de la ortodoxia dominante nos pone en penumbra si no es al margen, la libertad de expresión se vuelve anquilosada y, en consecuencia, la misma libertad de pensamiento es deformada. Con la excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo que no puede decir" (Giovanni Sartori, "¿Qué es la Democracia?").

Aun confiando en la buena fe de la funcionaria, no parece buena señal que en la presentación la acompañara una diputada que, cuando fue decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata, le otorgó un premio a Hugo Chávez, por su "compromiso con la libertad de prensa". Habló de los "discursos del odio" (en rigor, serían los "discursos de incitación al odio"), y dijo que "siguen construyendo agenda los medios tradicionales hiperconcentrados".

No sería el caso de la Argentina, donde el Estado posee una agencia de noticia, varios canales de TV, de aire y de cable, y radios, sin contar la cantidad de diarios y medios tan afines o condescendientes que en la práctica son propagandísticos, ni la cadena oficial de radio y televisión de la que hicieron uso y abuso. Indiscutiblemente, no faltan opciones para informarse y escuchar o leer comentarios y opiniones.

No es la primera vez que en este gobierno se intenta llevar adelante una propuesta que para algunos importa claramente una amenaza o un avasallamiento a la libertad de expresión. Recuerdo como antecedentes las declaraciones de la ministra Sabina Frederic sobre el ciberpatrullaje en redes para analizar el humor social (luego reconocidas como "poco felices"), o la llamada "cláusula Parrilli" en la ley de reforma judicial (afortunadamente eliminada de la media sanción del Senado).

O para los más suspicaces, la curiosa decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de declarar clausurada la instrucción y correrle vista al fiscal para la elevación a juicio de la causa "D'Alessio", cuando todavía están pendientes de resolución por la Cámara Federal de Mar del Plata las apelaciones contra los procesamientos del periodista Daniel Santoro y del fiscal Carlos Stornelli.

Sin abundar en consideraciones jurídicas, es dable destacar que el derecho a la libre expresión está reconocido y garantizado por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y que la Constitución Nacional no sólo prevé la facultad de publicar las ideas sin censura previa (art. 14), sino también agrega sabiamente que el gobierno federal tiene prohibido dictar cualquier norma que meramente restrinja esa libertad (art. 32).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia acuñó desde siempre una jurisprudencia que defiende esta libertad de modo casi inexpugnable, reservando a los afectados, la potestad de perseguir ex post facto la sanción o la reparación por la vía judicial. No impidiendo de antemano y por las dudas la difusión de informaciones y opiniones que el burócrata de turno considere falsas o maliciosas.

Así, debería descartarse que más temprano que tarde, aquí o en el exterior, la Justicia ha de declarar la ilegalidad de este observatorio o de las medidas restrictivas que adopte.

Rememorando las advertencias de la novela "1984", y la neolengua, Orwell prevé la eliminación de palabras sin sentido ("democracia" o "justicia"), sinónimos, antónimos o adjetivos. Cita la palabra "bueno" y señala: "¿Qué necesidad hay de lo contrario, "malo'? Nobueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a "bueno' y la otra no". "Nodio" (No-odio) es burdo y contraproducente. Dicen que psicológicamente está comprobado que basta que se mencione una palabra, aunque sea negándola, para instalarla en forma inconsciente en la mente de una persona. Es suficiente decirle a un menor: "no te acerques a la estufa que te puedes quemar", para que inmediatamente se sienta atraído hacia ella. Los publicistas son especialistas en la materia.

Pero, ¿quién tiene la sabiduría y la autoridad moral e intelectual para decir cuál información es verdadera, falsa o maliciosa? Por supuesto, no me refiero al 2 + 2, ni a las verdades irrefutables, sino a todas las cuestiones subjetivas y opinables. ¿Quién evaluará el contenido de la información? y ¿con qué parámetros? ¿Quién identifica a los odiadores y a los odiados? ¿Quién controla a los controladores?

Otros entienden al conocimiento y la búsqueda de la verdad, como el camino incesante de analizar y pensar con la mente abierta y espíritu crítico, de ensayo y error, de tesis y antítesis, de propuesta y contrapropuesta, de moción y refutación, de debate, de contrastar pluralidad y diversidad de ideas, cada uno con su responsabilidad y sentido moral. Sin caer en el relativismo, a cuya proposición principal también le cabe la falta de seguridad y certeza.

Que no prevalezca la noción inquisitorial y totalitaria de "desarticular estrategias argumentativas", con ligereza y desde un pedestal de arena. "Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein). Si quieren jugar a ser Dios, ­Houston, tenemos un problema!

 

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