La Justicia ordinaria determinó la inmediata restitución de un terreno que había sido usurpado meses atrás a un poblador de la localidad de Salvador Mazza y que, según el damnificado, era utilizado por varios hermanos para llevar adelante todo tipo de ilícitos transnacionales como el contrabando de mercadería desde Argentina hacia Bolivia y viceversa y el cobro de una suerte de peaje a indocumentados que pretendían ingresar a nuestro país desde la vecina nación, entre otros.
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La Justicia ordinaria determinó la inmediata restitución de un terreno que había sido usurpado meses atrás a un poblador de la localidad de Salvador Mazza y que, según el damnificado, era utilizado por varios hermanos para llevar adelante todo tipo de ilícitos transnacionales como el contrabando de mercadería desde Argentina hacia Bolivia y viceversa y el cobro de una suerte de peaje a indocumentados que pretendían ingresar a nuestro país desde la vecina nación, entre otros.
La acción de la Justicia provincial, según lo precisó el fiscal penal con jurisdicción en Salvador Mazza, Armando Cazón, "se limita a restituirle el terreno a este vecino que denunció la usurpación de su propiedad. Los delitos que por allí se hayan cometido como contrabando o ingreso ilegal de personas es competencia del ámbito federal", manifestó.
Todo se produjo luego de la publicación de El Tribuno del pasado 27 de octubre, que daba cuenta de que un vecino de la localidad de Salvador Mazza, propietario de un extenso terreno de 60 metros de fondo, había sido despojado de su bien por parte de una familia de apellido Ochoa, también residente en esa localidad de frontera.
El damnificado, que pidió reserva en su identidad por temor a represalias, reveló que fue víctima del armado de una causa policial, luego de que llegara hasta la Comisaría 40 de la localidad fronteriza a denunciar que los hermanos Ochoa se habían adueñado de su terreno.
Según la denuncia de este vecino, lejos de resolverse su problema, el comisario Orlando Aguirre, hasta entonces jefe de la Comisaría de esa localidad -quien por disposición de la propia fuerza fue trasladado hacia Tartagal días después- lo detuvo con el argumento de haber sido amenazado por el damnificado.
Una de las usurpadoras -que a la sazón es empleada de la Dirección Municipal de Tránsito de Salvador Mazza-, a su vez, lo denunció por un supuesto ataque de índole sexual.
Lo que el denunciante resaltó en su declaración fue la absoluta connivencia entre los usurpadores y el jefe policial nombrado, a quien también acusó de haberlo sometido a golpizas y vejámenes tanto a él como a otros detenidos en la Comisaría 40 de Salvador Mazza.
De hecho, sobre este tema reveló el nombre de los otros detenidos apremiados ilegalmente en forma permanente y las condiciones inhumanas en que los 60 detenidos permanecen privados de su libertad, en tres piezas con 20 hombres cada una, sin agua, ventilación ni electricidad.
El damnificado fue detenido por el lapso de 30 días después de su denuncia, período en el que los usurpadores utilizaron su propiedad para todo tipo de ilícitos que se cometen en la frontera. En el terreno, el perjudicado también reveló en un audio de más de 12 minutos que maquinarias pesadas hasta nivelaron el terreno para que pudieran utilizar ese paso ilegal vehículos de carga de gran porte.
El terreno usurpado, vale aclarar, está ubicado en el Sector 4 -a menos de 100 metros del puente internacional-, donde se abrió un camino ancho para facilitar el contrabando de todo tipo que caracterizados comerciantes de frontera visitaban para ver cómo iba el trabajo de la apertura del mismo.
El denunciante aportó fotos y filmaciones que él mismo realizó y que fueron difundidas por El Tribuno, donde se ve a los usurpadores cobrando a los pasadores bolivianos y a quienes quisieran ingresar ilegalmente por ese paso no habilitado.
En otras imágenes se puede observar al personal policial al lado de los vehículos particulares que cargan la mercadería de contrabando ingresada desde Bolivia o a los ilegales que ingresan por ese terreno, pero sin tomar ningún tipo de acción para evitar los ilícitos.
El agente fiscal Armando Cazón precisó en su informe ayer que "la denuncia que formalizó acompañado de su abogado nos llevó a hacer una serie de diligencias en el lugar donde se encuentra ubicado el terreno cuyo fondo da a la quebrada internacional".
"De esa manera acreditamos que a pesar de tratarse de una posesión -el damnificado no cuenta con escritura del inmueble-, fue él el legítimo ocupante durante muchísimos años. Así quedó demostrado por testimonios de los vecinos y la presentación que hizo de facturas de servicios. Por ese motivo ordenamos que la familia Ochoa, a la que el damnificado denunció, sea sacada de ese terreno y se le haga entrega del mismo en forma inmediata", explicó el fiscal.
Sin novedad en el frente Federal
A pesar de los rimbombantes anuncios realizados por las autoridades nacionales en el sentido de asegurar y reforzar los controles en las fronteras para impedir el ingreso de personas o bienes, en especial por pasos no habilitados, apenas a unos metros de los controles establecidos se producen los ilícitos. Lo que ocurre en Salvador Mazza es lo mismo que pasa en Aguas Blancas, o en La Quiaca, donde hace un par de días una horda de contrabandistas bolivianos quisieron ingresar por la fuerza al país, enfrentándose con las fuerzas federales.