Desde febrero, con la emergencia sociosanitaria decretada en Rivadavia, Orán y San Martín tras el fallecimiento de 25 niñas y niños wichis por desnutrición y deshidratación, empezaron a llover anuncios de obras de agua y saneamiento en el norte.
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Desde febrero, con la emergencia sociosanitaria decretada en Rivadavia, Orán y San Martín tras el fallecimiento de 25 niñas y niños wichis por desnutrición y deshidratación, empezaron a llover anuncios de obras de agua y saneamiento en el norte.
Suministros de emergencia acercados a parajes remotos con la colaboración del Ejército, mejoramientos en redes y pozos ejecutados con financiamiento nacional, provincial y privado ampliaron el acceso a agua segura en comunidades originarias y criollas del chaco salteño. Sin embargo, aún persisten problemas de larga data y en las últimas semanas recrudecieron reclamos en distintas localidades de los tres departamentos en los que la emergencia se extendió por ley hasta mayo de 2021.
Usuarios de Rivadavia Banda Sur sufren cortes permanentes. "Nos cortan a las 20 y nos vuelven a dar el agua a las 8 del día siguiente", manifestaron. "Es inhumano tener a la gente 12 horas al día sin agua", denunció el diputado Jesús Ramón Villa en la última sesión de la Cámara baja .
En Salvador Mazza, vecinos que protestaban por la falta de agua en la ruta 34 fueron dispersados a tiros por la Policía la semana anterior. El desproporcionado operativo se dispuso de noche y entre los heridos hubo niñas, niños y una embarazada.
En los registros oficiales, la localidad fronteriza resalta con dos pozos terminados y varias obras en ejecución, pero vecinos siguen padeciendo crónicos problemas y lo expresan en las calles. "Pedimos agua y nos dan balas", reza un gran cartel que resaltó en las últimas protestas. En esos términos recuerda al violento desalojo del pasado jueves 3, en el puente del río Guandacarenda, por el que manifestantes piden la destitución del intendente Rubén Méndez.
Según registros oficiales, en el marco de la emergencia sociosanitaria del norte se contrataron 62 obras de agua y saneamiento por un monto cercano a los $842 millones.
Desde marzo se terminaron 24 obras por $324 millones. Están en ejecución otros 22 proyectos por $424 millones. Hay 6 obras contratadas y próximas a iniciarse por $94 millones.
En las planillas se destacan 40 pozos ejecutados con fondos nacionales, provinciales y privados. "Otros 20 comenazarán a perforarse en los primeros meses de 2021", anunció el ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, tras remarcar que en comunidades dispersas del Chaco salteño también se avanzó con la instalación de 100 sistemas de cosecha de agua que ayudarán a 127 familias campesinas a superar los críticos períodos de estiaje con reservas de lluvia almacenadas.
"Lo más importante es no mentirle a la gente, porque décadas de desinversión no se resuelven en un año", manifestó el ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho. Para graficar la situación, el funcionario aludió a la situación del sistema Itiyuro, base medular del abastecimiento de agua potable en el departamento San Martín. "Allí, con las obras desarrolladas, se incrementó en 8 millones de litros la disponibilidad de agua, pero si se siguen perdiendo en redes irregulares nunca serán suficientes", advirtió.
Camacho aclaró que los tres departamentos abarcados por la emergencia sociosanitaria presentan realidades muy distintas.
Rivadavia tiene dispersos 40.000 habitantes en más de 2,5 millones de hectáreas. La respuesta en términos de infraestructura es, en ese departamento, sumamente compleja.
Los pozos que se perforan en el corazón del Chaco salteño dan, en muchos casos, agua no apta para consumo. "Los sistemas de cosecha de agua son una buena alternativa en las zonas donde no se pueden perforar pozos", señaló Camacho, tras aclarar que en muchos parajes remotos no queda otra opción que asistir a familias criollas y originarias con agua segura transportada desde otros lugares. "El compromiso del Gobierno nacional y provincial nos permite hoy solo en Rivadavia tener un compromiso de una significativa cantidad de nuevos pozos que van dando soluciones parciales", recalcó el ministro.
Un relevamiento desarrollado en Santa Victoria Este sacó a relucir la precariedad que tiene en esa zona de Rivadavia el abastecimiento de agua. De 59 pozos existentes, solo funcionaban 27. A través del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas de Salta (Atlas) de Aguas del Norte se inició un plan de recuperación. “El sistema estaba devastado. Cada vez que se quemaba una bomba había un circuito de reparación que demoraba dos semanas, y en todo ese tiempo la gente estaba sin agua segura”, advirtió el titular de Infraestructura.
Según explicó, en las áreas urbanas de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur el objetivo consiste en ampliar el acceso a las redes y automatizar lo máximo posible los sistemas de energía, bombeo y cloración. Otro eje pasa por la asistencia a las comunidades periféricas, tanto originarias como criollas, “porque no hay una solución que permita ejecutar una red en 2,5 millones de hectáreas”, insistió.
Demanda territorial
Santa Victoria Este tiene una particularidad en el área de los exlotes fiscales 55 y 14. Allí, en abril último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Argentina a titularizar 400.000 hectáreas a nombre de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, tras un litigio de más de 20 años. “Nosotros como provincia colaboramos en la conformación de una unidad ejecutora”, señaló Camacho, quien es el comisionado que designó el gobernador Gustavo Sáenz.
En esas 640.000 hectáreas en las que comunidades originarias conviven con grupos criollos la unidad ejecutora proyectó una solución que requerirá de apoyo nacional y financiamiento de organismos internacionales.
El proyecto, que ya tiene estudios técnicos y ambientales plasmados en planos, busca aprovechar los cursos naturales de escurrimiento del Pilcomayo como fuente de una gran cantidad de reservorios de agua. “De esta forma familias criollas tengan acceso al vital recurso en la profundidad del lote 14, donde se relocalizarán con su ganado”, indicó Camacho.
En la zona se instalarían plantas potabilizadoras compactas para que grupos criollos relocalizados cuenten con agua segura durante todo el año.