Tres miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán sometidos a juicio como acusados de impedir que un grupo de cinco reclusos casi maten a otro detenido en la cárcel de Villa Devoto, donde la víctima sufrió un empalamiento y otras graves torturas por revelar datos sobre la venta de droga en el penal.
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Tres miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán sometidos a juicio como acusados de impedir que un grupo de cinco reclusos casi maten a otro detenido en la cárcel de Villa Devoto, donde la víctima sufrió un empalamiento y otras graves torturas por revelar datos sobre la venta de droga en el penal.
El caso, ocurrido el 16 de octubre de 2016, ya tiene fecha para el debate oral, que se realizará en septiembre próximo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 y es uno de los pocos en que integrantes del SPF logran ser enjuiciados por este tipo de hechos, indicaron a Télam fuentes judiciales. La víctima fue José Osvaldo Benítez, quien en esa fecha, aproximadamente a las 23.30, tras finalizar una llamada telefónica con su pareja, fue abordado por tres internos identificados como el Uruguayo, el gordo Fernando y el sicario de don Orione, con el fin de iniciar una pelea.
Según se dio por acreditado por la fiscalía, estos internos -junto a los restantes del pabellón- atacaron a Benítez con golpes de puño y patadas en todo su cuerpo; le intentaron quemar la cara con una hornalla, pero tras poner su mano a fin de protegerse, se la quemaron. Luego lo llevaron al sector de camas, donde le bajaron los pantalones y lo empalaron.
Posteriormente, lo trasladaron al baño mediante golpes de puño y el Uruguayo tapó el inodoro con ropa y el gordo Fernando, con la ayuda de los otros internos que sostenían los brazos a Benítez, le introdujo la cabeza en el agua en reiteradas oportunidades.
Producto del empalamiento, Benítez comenzó a perder mucha sangre, retorciéndose del dolor, momento en que el gordo Fernando le pidió a otro interno que le diera un pedazo de colchón para frenar la herida, según se pudo reconstruir en base al relato de la víctima.
"Mientras Benítez era agredido, durante el transcurso de la noche, a pesar del desesperante pedido de ayuda tras el empalamiento, el personal del Servicio Penitenciario a cargo del pabellón hizo caso omiso", indicó en la elevación a juicio de la causa la fiscal Mónica Cuñarro.
Afirmó también la fiscal que "en uno de sus pedidos de auxilio, uno de los funcionarios se acercó a la reja y Benítez le imploró que lo sacaran del pabellón, que necesitaba un médico, recibiendo como respuesta que debía esperar el recuento", por lo que recién a las 7 de la mañana fue llevado al centro de salud de la cárcel y luego derivado al hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, donde fue intervenido en forma urgente.
De acuerdo con las conclusiones de los médicos forenses, las lesiones que presentaba Benítez en el esfínter anal y en el recto tenían aptitud para poner en riesgo su vida.
Según se pudo reconstruir en el expediente, el ataque se produjo luego de que otros detenidos se enteraron de que Benítez había manifestado que el Uruguayo vendía estupefacientes a otros internos dentro del complejo y que después de las 12 se establecía una zona liberada por parte del personal de servicio penitenciario y que era en ese momento cuando los internos se acercaban a la reja del pabellón para realizar la compra de sustancias ilícitas.
Los penitenciarios que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son Nelson Vargas (29) (jefe de turno), Marcelo Lezcano (43) (inspector de turno) y Miguel Rolón (33) (celador del 1er. piso, subayudante), quienes "tuvieron conocimiento de los hechos aberrantes a los que estaba siendo sometido Benítez y, pese a ello decidieron no evitarlos y, una vez ocurridos omitir prestarle auxilio, dejándolo en la celda por casi 8 horas hasta el cambio de turno", se destacó en la elevación a juicio. Están acusados de "omisión de evitar la comisión de torturas", delito que se pena con entre tres a diez años de prisión.