Poco sorprende que solo el 3,5% de las partidas presupuestarias de la Provincia se destine a obras públicas. Con solo apreciar (o no) la inversión en infraestructura que el Estado local realizó en los últimos años ese porcentaje no resulta llamativo.
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Poco sorprende que solo el 3,5% de las partidas presupuestarias de la Provincia se destine a obras públicas. Con solo apreciar (o no) la inversión en infraestructura que el Estado local realizó en los últimos años ese porcentaje no resulta llamativo.
Fuentes oficiales confirmaron a El Tribuno que para construcciones se manejan con el 3,5% de los fondos previstos en el prorrogado presupuesto de 2019.
Al revisar las rendiciones que brinda la Oficina Provincial de Presupuesto queda a la vista la significativa merma de recursos que tuvo el área de Obras Públicas desde 2008.
El balance presupuestario de 2007 arroja que se usó el 20% de las previsiones económicas de ese año en el rubro construcciones. Desde allí el porcentaje fue disminuyendo de manera paulatina. En 2008 se ejecutó el 12% en obras sobre el total del presupuesto. En 2012, durante el primer año de la segunda gestión de gobierno de Juan Manuel Urtubey, se destinó el 9% para los trabajos públicos; en 2016 (ya en la tercera gestión del mismo gobernador), el 6,6% y, finalmente, el año pasado concluyó con una paupérrima ejecución del 5,5% del presupuesto en obras.
Otro dato para tener en cuenta es que en 2007 el porcentaje ejecutado de las obras que se tenían planificadas fue del 82%, mientras que en los últimos tres años rondó el 53% de ejecución.
La información, disponible en la web de la Oficina de Presupuesto, da cuenta a dónde fueron a parar los fondos para obras: básicamente a los sueldos de los empleados estatales. En 2007 se destinaba el 34% del total del presupuesto anual en el pago de haberes; en 2019, el 54,5%.
A la vez empeoró la incidencia de los recursos tributarios que dispone la Provincia sobre el gasto en personal. Según datos oficiales, el año pasado el 79% de lo que ingresaba a las arcas estatales se gastaba en sueldos, mientras que hace 13 años ese indicador era del 50%. La planta de empleados permanentes y contratados (y salarios) pasó de 44.564 en 2007 a 72.119 el año pasado.
Remar
El ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, reconoció que llevar adelante las obras que requiere Salta con un presupuesto tan acotado "es un desafío enorme".
"Sobre todo cuando la instrucción del gobernador Gustavo Sáenz a la hora de proponerme el cargo fue armar un presupuesto absolutamente federal con una fuerte impronta en lo social y en apoyo al desarrollo productivo", explicó ayer el funcionario en diálogo con el programa de Radio Salta "Sin Filtro".
Ante ese panorama, la dependencia de lo que puede destinar el Gobierno nacional a Salta en materia de obras públicas es casi absoluta. La coyuntura económica del país tampoco ayuda. Desde el área económica de la Provincia esperan definiciones presupuestarias de la Nación para armar el presupuesto local, pero saben que todo dependerá de cómo se arregle, o no, la deuda pública del país, que ata a cualquier previsión de inversión que se pueda hacer.
Hasta que eso ocurra, Camacho trabaja en la diagramación de proyectos de obras.
"Estamos trabajando con cada uno de los intendentes y legisladores de los distintos departamentos para consensuar un orden de prioridad. Seguramente el presupuesto de este año no permitirá hacer todas las obras, pero también confiamos que la capacidad de gestión del gobernador pueda hacer que, previstas una vez la priorización de las obras, podamos incorporar una cantidad importante de proyectos del presupuesto nacional", recalcó el ministro de Infraestructura de la Provincia.