La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y los principales funcionarios de su gobierno por complicidad con el narcotráfico y la oferta de multimillonarias recompensas por su captura, unida al anuncio de Washington sobre el lanzamiento de la "operación antidrogas más grande de Occidente" y al nuevo plan anunciado por el Departamento de Estado para ordenar la "transición democrática" en el país caribeño, cuya crisis humanitaria se ve ahora agravada adicionalmente por el avance del coronavirus, revelan que Donald Trump está decidido a impulsar una ofensiva final contra el régimen venezolano antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se juega su destino.
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La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y los principales funcionarios de su gobierno por complicidad con el narcotráfico y la oferta de multimillonarias recompensas por su captura, unida al anuncio de Washington sobre el lanzamiento de la "operación antidrogas más grande de Occidente" y al nuevo plan anunciado por el Departamento de Estado para ordenar la "transición democrática" en el país caribeño, cuya crisis humanitaria se ve ahora agravada adicionalmente por el avance del coronavirus, revelan que Donald Trump está decidido a impulsar una ofensiva final contra el régimen venezolano antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se juega su destino.
Algunos analistas políticos no vacilan en señalar que Trump aspira a que Maduro corra la misma suerte que Manuel Noriega, el exmandatario panameño que hace treinta años fue derrocado y apresado por fuerzas militares estadounidenses para ser transportado a territorio norteamericano, donde fue juzgado y condenado por complicidad con el narcotráfico. Un matiz que torna más viable esa hipótesis es que, a diferencia de Noriega, para el Gobierno estadounidense el presidente venezolano no es Maduro sino Juan Guaidó, reconocido diplomáticamente por la Casa Blanca.
Una decisión controversial
Significativamente, el fiscal general William Barr, autor formal de esta acusación contra Maduro y sus presuntos cómplices, ocupó ese mismo cargo entre 1991 y 1993, bajo la administración republicana de George Bush padre, quien lo designó porque entre sus antecedentes sobresalía un dictamen legal que establecía la facultad del FBI para ingresar en territorio extranjero sin autorización del gobierno anfitrión para detener a fugitivos buscados por el gobierno de Estados Unidos por causas de terrorismo, narcotráfico u otro tipo de delitos transnacionales.
Aquella controvertida tesis de Barr se vio fortalecida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, establecida en el año 2000, conocida como la Convención de Palermo por la ciudad italiana en que se sancionó y orientada a combatir lo que su artículo 2 define como "grupos delictivos organizados que cometen delitos graves de carácter transnacional". Esa convención fue ratificada por Venezuela en 2002, durante la presidencia de Hugo Chávez. Curiosamente, esa misma norma fue invocada por la administración demócrata de Barack Obama para justificar la competencia de la Justicia estadounidense en el caso del "FIFA Gate".
Según la acusación, Maduro (como antes su antecesor Chávez) y los demás acusados fueron responsables durante dos décadas de participar de una asociación entre el Cartel de los Soles, una organización delictiva venezolana (así llamada por las estrellas doradas estampadas en los uniformes de los altos mandos del Ejército) y el poderoso Cartel de Sinaloa para la introducción de cocaína colombiana en Estados Unidos. Esta sociedad involucraba también a cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), quienes entregaban los estupefacientes a cambio de armas provistas por el Ejército venezolano.
Una muestra de la trascendencia del caso es el monto de las recompensas asignadas para la captura de los acusados. Los quince millones de dólares ofrecidos por Maduro constituyen por su cantidad la cuarta recompensa ofrecida por las autoridades estadounidenses en toda su historia, en una lista que encabezan Osama Bin Laden y su sucesor en Al Qaeda, el egipcio Ayman az Zawahiri (veinticinco millones por cada uno), seguidos por el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero (veinte millones). A título ilustrativo, vale consignar que Maduro le quitó ese cuarto puesto al extinto jefe del ISIS, Abu Bark Al Baghadi.
¿Solo operación antidroga?
Junto a la acusación contra Maduro, Washington anunció un "plan de transición democrática" para Venezuela, que básicamente consiste en la renuncia simultánea del primer mandatario y de Guaidó y la instalación de un gobierno provisional de carácter colegiado, integrado por cinco personalidades elegidas con los dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que tendría a su cargo el llamado a nuevas elecciones en un plazo máximo de doce meses.
Entre otros puntos, esta propuesta de Trump, que fue aceptada por Guaidó y enérgicamente rechazada por Maduro, contempla también la sanción de una amnistía general para todos los delitos políticos, con excepción de los delitos de lesa humanidad, una medida destinada a tranquilizar a la mayoría de los funcionarios del régimen de Caracas y a los mandos de las Fuerzas Armadas. En contrapartida, Estados Unidos levantaría todas las sanciones que asfixian a la economía venezolana.
Al mismo tiempo, la administración republicana anunció la puesta en marcha de lo que Trump llamó la "Operación antidrogas más grande de Occidente", que involucra una gigantesca movilización de fuerzas militares estadounidenses en la región del Caribe con la misión exclusiva de interceptar todos los cargamentos de narcóticos que circulen por la región con destino al territorio norteamericano. El objetivo es paralizar por completo el tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia Estados Unido y perseguir a sus responsables.
Un detalle a tener en cuenta es que la operación está a cargo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuyo subcomandante es el general brasileño Alcides Valeriano de Faria Júnior. Importa consignar que el gobierno de Jair Bolsonaro fue el primero en adherir al nuevo plan de la Casa Blanca para la sustitución de Maduro y que Faria Júnior tiene a su cargo la coordinación entre el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de los aliados estadounidenses en la región, especialmente Colombia y Brasil, ambos limítrofes con Venezuela.
Conviene subrayar también que el éxito de la iniciativa requiere, necesariamente y en primer lugar, la paralización del tráfico ilícito en la extensa y porosa frontera colombiano-venezolana. El Brasil de Bolsonaro ha sido elegido aliado extra OTAN de Estados Unidos y Colombia es el único país latinoamericano designado como “socio global” de la OTAN.
El cerco se estrecha
Otro punto destacable de esta inédita movilización es la participación de tropas especiales de las Fuerzas de Asistencia en Seguridad (SFAB), con asiento en Georgia, una unidad de altísima profesionalidad que estaría en aptitud de desarrollar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, incluidas la eventual captura de Maduro y demás cabecillas del régimen acusados por la justicia estadounidense, sin necesidad de una intervención militar abierta.
En medio de un previsible agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela, como resultado de la nueva caída del precio internacional del petróleo (única fuente de divisas de su economía) y del avance del COVID-19 en un sistema sanitario absolutamente colapsado, con el incentivo de recompensas multimillonarias en dólares para quienes colaboren con la detención de Maduro y sus cómplices, no sería entonces inimaginable una operación militar que culmine con la captura del mandatario venezolano y sus principales colaboradores antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.
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