Un escándalo que desnuda el  ecosistema del clientelismo

La pandemia muestra lo mejor y lo peor de los argentinos. Desde la solidaridad y el altruismo extremos, hasta la mezquindad de lucrar con la necesidad ajena. En los relatos de los sobrevivientes de las guerras más sangrientas se descubren desde el auxilio generoso a los que están heridos o hambrientos, a los saqueos a las casas de las que huyeron sus dueños.
El ministro Miguel Arroyo se hizo conocer rápidamente en Salta a raíz de la tragedia (anunciada) de los wichi. Estos días le toca pagar el precio de la corrupción -aparentemente- de otros.
La compra con aberrantes sobreprecios -el doble- de alimentos destinados a la emergencia sanitaria mostró a las claras que mientras el gobierno inventa enemigos para contar con “culpables” a mano, los verdaderos enemigos están en el riñón del poder.

Pesca en río revuelto 

Gonzalo Calvo, el responsable de esa operación, tiene trayectoria sombría en el manejo de fondos sociales administrados desde el Estado. Luego de haber trabajado con Eduardo Duhalde y Alicia Kirchner, debió ser separado del municipio de Almirante Brown por una denuncia de coimas y terminó siendo coordinador de Políticas Sociales con los municipios en el Ministerio de Desarrollo Social. Arroyo lo conocía, pero sería aventurado hacer juicio de valor moral sobre él, sobre Calvo y sobre el intendente de Brown, Mariano Cascallares, que no tiene en su currículum páginas negras y que es quien lo presentó en la cartera.

“El manejo de la crisis debería hacerse con políticos con capacidad de gestión y con formación profesional”.
 

Quienes lo conocen describen a Calvo como “un cuadro”, un “animal político” -no exactamente en el sentido aristotélico- que actúa por reflejos. El mismo almacenero que le vendió aceite al doble y fideos al cuádruple de los precios dio una explicación clásica: “No es que se paga coima (sic), es que el Estado es mal pagador”. Aparece así un ecosistema, donde los sobreprecios serían una forma naturalizada de financiamiento de “políticas”.
También está naturalizado que un ministro que maneja “emergencias” deba componer su equipo con personajes que le imponen las distintas tribus del oficialismo de ocasión, que suelen ser “cuadros”, como Calvo, sin formación suficiente para la acción social.
El mismo Arroyo, un politólogo especializado en políticas sociales, cayó en la trampa de utilizar la apocalíptica pancarta del “hambre”, dramatizada hasta el extremo desde el día que ganó Mauricio Macri, y que cayó en el olvido a partir del 10 de diciembre. Casi, porque fue exhumada con los casos de 25 niños muertos por desnutrición en Rivadavia entre enero y febrero. Pareció que decían: “Vieron que era cierto que había hambre”, porque de “este” hambre no habían hablado. (Y son 25, y no 13 como se informó oficialmente, de acuerdo con las denuncias que investiga la Procuración salteña en estos días)

La pobreza y sus dueños

La pobreza es resultado de muchas causas, y todos los gobiernos tienen su porción de responsabilidad. Por lo pronto, desde que comenzó la democracia se duplicó.
Pero hay un 25% de hogares con tres generaciones de desempleados; y muchos millones de argentinos que reciben planes y pensiones de gracia, y son verdaderos excluidos.
La falta de trabajo también obedece a múltiples razones, no hay un solo diagnóstico, pero lo cierto es que, a partir de 2011, el aluvión de empleados que ingresaron a la planilla del Estado fue un síntoma nunca analizado clínicamente. Antes, a partir de la primera hiperinflación de 1989, los movimientos sociales fueron ganando un espacio no contemplado en nuestra constitución, como representantes de ese sector que ahora se intenta llamar “trabajadores de la economía popular”.
Frente a la catástrofe social, el Estado debería dar otras respuestas, con criterios técnicos, parecidos a los que muestran los epidemiólogos en la cuarentena. Pero la receta que viene encontrando consiste en permitir que esas organizaciones ocupen poder político, y manejen cuantiosos presupuestos del Estado. ¿Cuáles son los títulos de Emilio Pérsico o de Juan Grabois para desempeñar esa tarea por la que nadie les exige cuentas?
Así llegó Calvo al cargo: por las tensiones y componendas entre intendentes, movimientos sociales, el ministerio y la administración bonaerense. Y así terminó. Con un pago de sobreprecios que castiga la imagen de Arroyo, pero irrumpe en plena pandemia y desautoriza al mismo presidente.
No es sostenible el argumento de que se pagó de más porque la compra se hizo de apuro y los empresarios “se plantaron”. Y ese es el gran riesgo que se corre en las emergencias. El argumento del apuro o de la urgencia da para todo.
Cada vez que se sancionó una ley de emergencia, el Poder Legislativo (nacional o provincial) cede las facultades que le otorga la Constitución para controlar a los gobiernos. Con el margen de discrecionalidad que esas leyes generan, la plata no va para cualquier lado: la mayor parte, va para donde no debe ir, y se licúa en componendas como la que hoy tiene como protagonistas a Arroyo y a Calvo.
Una conclusión: el manejo de la crisis nacional debería hacerse con políticos con capacidad de gestión y con formación profesional. Con “cuadros”, siempre todo termina mal.
La cuarentena da para estas cosas -y para otras- en un país habituado a ignorar el orden jurídico desde hace muchos años (desde 1930, al menos, si no es desde siempre). Y en un país que, social y económicamente, viene en caída libre.
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