Luego de la denuncia por amenazas, coacción y extorsión que el sacerdote José Carlos Aguilera presentó contra dos hermanos, quienes le habrían pedido medio millón de pesos, su abogado, Juan Casabella Dávalos, dijo que el religioso está mal económicamente. Aseguró que el religioso perdió el trabajo a raíz de las dos denuncias penales por abuso sexual. Denuncias de las que no participaron los dos hermanos ahora acusados. Aunque ambos sí son parte de los cinco denunciantes que enfrentan al cura en el proceso eclesiástico también por abuso sexual.
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Luego de la denuncia por amenazas, coacción y extorsión que el sacerdote José Carlos Aguilera presentó contra dos hermanos, quienes le habrían pedido medio millón de pesos, su abogado, Juan Casabella Dávalos, dijo que el religioso está mal económicamente. Aseguró que el religioso perdió el trabajo a raíz de las dos denuncias penales por abuso sexual. Denuncias de las que no participaron los dos hermanos ahora acusados. Aunque ambos sí son parte de los cinco denunciantes que enfrentan al cura en el proceso eclesiástico también por abuso sexual.
Aguilera aseguró que los hermanos quisieron extorsionarlo y en caso de no acceder a pagarles lo que pedían lo amenazaron con "denunciarlo penalmente".
En la contraparte, los hermanos aseguraron que fue el sacerdote, a través de su abogado, quien les ofreció dinero pero con la condición de que firmaran un papel en el que retiraban las acusaciones canónicas, más una confesión de haber sido "incitados" por los curas del Tribunal Eclesiástico, los curas Loyola Pinto y de Sancristóval, José María Lix Klett y Alejando Pezet.
Al defenderse de las acusaciones de extorsión y amenazas, los hermanos contaron abusos sexuales que habrían sufrido cuando eran adolescentes, en la década de los 90, de parte del cura Aguilera. Uno de ellos además señaló haber sido abusado también por el cura Emilio Lamas, también denunciado penalmente.
En este sentido, el abogado Casabella Dávalos despegó a su cliente: "No tiene nada que ver Aguilera con Lamas".
"Yo hice una denuncia donde pusimos en manos de la Justicia una situación objetiva, que es que esta gente que lo denuncia en el fuero eclesiástico, cuando los contactamos piden plata. La propuesta no surge de Aguilera ni de mí", se defendió el letrado, que fue señalado por los hermanos por haberlos perseguido insistentemente para que aceptaran la oferta, o en caso contrario los denunciarían por extorsión.
El abogado contó que su cliente, que trabajaba en la Universidad Católica de Salta como docente, además de estar a cargo de la pastoral juvenil, quedó desempleado. "El pobre sacerdote vende comida en el barrio para poder subsistir, él ha sido un hombre preparado para docente, y ahora ya ni eso tiene. Con esos recursos solo se mantiene y esta gente se arrima a pedirle medio millón de pesos, así que lo que hicimos es documentar eso", señaló el abogado, que asegrua tener un audio de prueba.
El fiscal Federico Obeid está a cargo de las actuaciones.
Casabella apuntó contra la cabeza del Tribunal Eclesiástico, el juez vicario Loyola Pinto y de Sancristóval, por haber salido en "los diarios", lo que, resaltó, lo dejó "asombrado". "Eso es inconcebible. En el mundo de hoy cualquiera entiende que un tribunal tiene que ser imparcial", indicó. Consultado por las responsabilidades que se le arrojan al tribunal en la denuncia que asentó junto al sacerdote, Casabella deslindó responsabilidades: "Lo de presiones lo dijeron los chicos. No tengo nada que ver con Loyola, a él no se lo denuncia. Hasta me siento ofendido", indicó, aunque al mismo tiempo criticó que "el tribunal le exige a Aguilera que guarde secreto pontificio, y ese mismo tribunal sale en los medios".
Situación del cura en el aspecto penal
En cuanto al proceso penal por las dos denuncias de abuso sexual contra Aguilera, el letrado Juan Casabella aclaró que lo que la Corte debe resolver es una cuestión “administrativa”, no de fondo.
El juez Adolfo Figueroa absolvió al cura de las dos denuncias por prescripción. Es decir, porque los hechos denunciados habrían ocurrido por fuera del tiempo que prevé la ley penal para enjuiciar el posible delito.
“El juicio contra Aguilera está terminado, pero lo que hace la Fiscalía es intentar un cuestionamiento adminsitrativo interno que se llama: ‘queja de recurso de inconstitucionalidad mal denegado’. Se queja ante la Corte planteando que el Tribunal de Impugnación obró mal”, indicó el abogado.
El juicio eclesiástico está en su última etapa. Por el aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional a causa de la pandemia causada por el coronavirus, el abogado que representa al cura en el fuero canónico no pudo llegar a Salta para informarse del expediente y poder así confeccionar su defensa antes de la sentencia.
“Para mí es doblemente grave, se victimiza a las víctimas, otra vez. Como me enseñaron viejos penalistas, es una maniobra más de abogados”, indicó Gerardo “Bafle” Montaldi, uno de los denunciantes del sacerdote.
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