El déficit habitacional, sumado al altísimo precio de los alquileres, llevaron a numerosas familias a ocupar terrenos fiscales ubicados detrás de Parque la Vega, en el sur de la ciudad. Con el fin de evitar el desalojo por parte de la fuerza pública, el fiscal Pablo Paz, promovió la mediación para intentar un acuerdo entre las partes.
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El déficit habitacional, sumado al altísimo precio de los alquileres, llevaron a numerosas familias a ocupar terrenos fiscales ubicados detrás de Parque la Vega, en el sur de la ciudad. Con el fin de evitar el desalojo por parte de la fuerza pública, el fiscal Pablo Paz, promovió la mediación para intentar un acuerdo entre las partes.
Esta mañana, los mediadores se trasladaron al lugar para dialogar con los representantes de los asentados. El objetivo era acercar posiciones. Tras el encuentro, se informó que la mediación continuará la semana que viene. Paralelamente, las familias se comprometieron a remitir un listado con la situación de todas las personas asentadas. A partir de ello, se mantendrá una nueva audiencia con funcionarios de Tierra y Hábitat e Instituto Provincial de la Vivienda.
La ocupación se hizo el miércoles a la noche. Con carpas, lonas, frazadas, palos y algunas chapas los ocupantes improvisaron techos que compartían entre varios.
El terreno ocupado tiene la superficie de una manzana y está ubicado sobre la calle Mar Blanco, entre el barrio San Remo y el espacio cedido al colegio secundario privado Santo Tomás de Villanueva.
Muchos de los que tomaron las tierras viven en el loteo denominado ampliación Parque La Vega, que tuvo su conflictivo surgimiento en 2016, pero aseguran que ya no les alcanza el espacio para todos los integrantes de la familia.
- El barrio ampliación Parque La Vega surgió en medio de un escándalo y denuncias de manejos irregulares en 2016. Familias sin vivienda habían tomado las tierras, que luego se expropiaron para generar una solución habitacional. Cuando finalmente se entregaron los lotes se produjo una catarata de denuncias porque muchos fueron asignados a dos beneficiaros diferentes. Los terrenos debieron sortearse nuevamente y el caso derivó en un juicio contra exfuncionarios de la subsecretaría de Tierra y Hábitat, si bien finalmente consideraron que no había pruebas para condenarlos.
Los primeros llegaron cuando empezaba a caer la tarde del miércoles, con herramientas para abrirse paso entre los pequeños montes de pasto cubano que crecen en esta época el lugar. En pocas horas llegaron decenas de patrullas con personal policial para rodear el lugar y esperar las indicaciones del fiscal sobre cómo actuar.
Los testimonios
Fernanda, una de las delegadas del nuevo asentamiento, aseguró que eran 600 las familias que habían llegado con intenciones de quedarse en el lugar, porque, en medio de la crisis sanitaria, social y económica por la pandemia, no pueden seguir alquilando y se quedaron sin un lugar donde vivir.
Pese a que no se difundió información sobre el número de personas que participaban de la toma de terrenos, preocupa el riesgo sanitario que puede implicar la concentración de personas en condiciones de precariedad extrema y sin agua en el marco de la pandemia de COVID-19.
Ayer al mediodía ya se había montado una suerte de merendero para los chicos que jugaban entre las carpas instaladas en el lugar. También habían llegado varias ollas gigantes para preparar un almuerzo comunitario.
Mauro Ortuño contó a El Tribuno que tiene cuatro hijos y que la toma de terrenos era su última opción. "Somos una familia humilde. Mi carpeta está en el IPV hace mucho tiempo" contó.
Las familias aseguran que no se retirarán sin una solución. Para los próximos días se pronostica un marcado descenso de la temperatura, sobre todo en las mínimas, que suelen registrarse de madrugada.