A cinco años del FIFAgate, cuál es la situación judicial de los siete argentinos implicados en el escándalo

Hace cinco años , la policía suiza irrumpía en el coqueto lobby del hotel Baur au Lac , de Zúrich. Allí, donde el empresario Alfred Nobel había soñado con el premio que llevaría su nombre, una operación conjunta de las fuerzas de seguridad suiza y el FBI estadounidense ponía al fútbol mundial de rodillas. Era la "Operación Darwin" , y el comienzo de un escándalo de corrupción que, con el tiempo, se conocería como FIFAgate .

La Argentina se convertiría en el país que más involucrados aportaría: siete. Julio Humberto Grondona no aparece, aunque se lo nombra sin nombrar como Co-conspirador #1 . Estados Unidos tiene como regla no poner nombre y apellido de quienes no fueron acusados formalmente . El presidente de la AFA había muerto casi un año antes, a fines de julio de 2014 . ¿Cuál es hoy la situación de cada uno de los siete involucrados argentinos?

Alejandro Burzaco

Es uno de los principales arrepentidos de la causa. Ya sin tobillera magnética, está libre aunque a disposición de la Justicia, en Nueva York. El ex CEO de Torneos vendió sus acciones de la compañía y ahora espera en Estados Unidos que el tribunal encabezado por la jueza Pamela Chen lo juzgue y establezca una condena. Sus abogados esperan que toda la información que brindó sirva para morigerar la pena, e incluso hay quienes creen que le podrían computar este tiempo como parte de la pena. Algunos tampoco descartan que pueda salir en libertad. Burzaco está a disposición de las autoridades desde mediados de 2015, cuando fue detenido por la policía italiana en la localidad de Bolzano, adonde había llegado en auto desde Suiza aprovechando su ciudadanía.

Hugo y Mariano Jinkis

También están libres, luego de que el juez Claudio Bonadio rechazara en octubre de 2016 el pedido de extradición de ambos. Hugo (padre) y Mariano (hijo) eran los dueños de Full Play Group, una empresa con sede en Uruguay que tenía una subsidiaria porteña, y que también figura entre las empresas acusadas de pagar sobornos a los dirigentes de la Conmebol para quedarse con los derechos televisivos y comerciales de las principales competencias del fútbol sudamericano.

Eduardo Deluca

Ex secretario general de la Conmebol y mano derecha de Grondona, este histórico dirigente de Defensores de Belgrano está bajo arresto domiciliario desde finales de 2015. Al igual que los Jinkis, su extradición fue rechazada por Bonadio. Deluca fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la industria del fútbol.

José Luis Meiszner

Histórico dirigente de Quilmes, fue la máxima autoridad local de la Copa América de 2011, realizada en la Argentina. También ofició como secretario ejecutivo de la presidencia de Grondona. El dirigente de Sarandí se apoyaba en este abogado que compartió escuela con Aníbal Fernández (ex jefe de gabinete del kirchnerismo) antes de tomar cualquier decisión. Meiszner también fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos futbolísticos. Su extradición a Estados Unidos fue denegada por el juez Luis Armella en febrero de 2018. Dos años antes había sido liberado de su prisión domiciliaria, concedida apenas apareció en la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, en diciembre de 2015.

José Margulies

Argentino de nacimiento pero brasileño por adopción, fue ejecutivo de la empresa Traffic y quedó involucrado en la red de sobornos investigada por Estados Unidos. De 80 años, fue condenado a comienzos de 2020 a dos años de libertad condicional por su rol en el FIFAgate, además de pagar una multa de 9,2 millones de dólares.

Hernán Lopez

Es el más reciente de los argentinos acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. López y el mexicano Carlos Martínez eran los dos máximos ejecutivos de Fox Sports. Según la acusación, ambos "se valieron de la lealtad asegurada mediante el pago de coimas a ciertos ejecutivos de Conmebol en relación con la Copa Libertadores, para avanzar en los negocios relevantes para Fox". Tanto López como Martínez se declararon inocentes ante la justicia estadounidense.

Fuente: La Nación (Alejandro Casar González)

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