Analizan pedir que la polémica ley  procesal se declare inconstitucional

Si se promulga la ley que la Legislatura sancionó la semana pasada para establecer cambios procesales en las causas judiciales, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizará la posibilidad de pedir que se declare inconstitucional, por los derechos y garantías que afecta.

Esta norma, que tiene como base algunas reglamentaciones que se implementaron de manera transitoria durante la pandemia por el nuevo coronavirus, pretende llevar a la virtualidad las audiencias judiciales, restringir el acceso de abogados y magistrados del Ministerio Público a los expedientes en papel y obligar a los ciudadanos a tener dirección de correo electrónico para recibir notificaciones judiciales.

La institución que nuclea a los profesionales letrados envió el lunes pasado un escrito al gobernador Gustavo Sáenz para pedirle el veto total de la norma, que fue cuestionada por la Defensoría General y la Asesoría General de Incapaces la Provincia por hacer peligrar derechos constitucionales.

"Esperamos que esto no suceda y que en ejercicio de sus facultades el gobernador vete totalmente este proyecto de ley y quede sin efecto", manifestó el presidente del Colegio, Pedro Humberto Burgos. "Lo ideal sería que, luego de haber escuchado las voces que pudieron expresarse, como la de la Defensoría y la nuestra, entiendan que éste no es un buen proyecto", agregó.

La norma fue aprobada por diputados y senadores y pronto llegará al despacho del mandatario provincial. Una vez que la reciba, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días para promulgarla o, si deja pasar este período, quedará formalizada como ley. A partir de entonces se abre un lapso de 30 días en el que se podría interponer la acción popular de inconstitucionalidad.

"Hay que esperar qué dice el gobernador. Creyendo en la buena fe y en la justicia y después de haberse escuchado las voces de autoridades del Ministerio Público y de nosotros, entendemos que pueden comprender que no es un proyecto positivo", expresó Burgos.

El miércoles por la mañana Burgos se reunió con el defensor general, Pedro Oscar García Castiella, en Ciudad Judicial. Ambos señalaron el impacto negativo de este proyecto de ley y advirtieron que podrían verse lesionados derechos de los ciudadanos y de la administración de justicia en general. Acordaron en avanzar en convenios de colaboración entre ambas instituciones.

"Rechazo absoluto"

En la nota enviada al gobernador, el Colegio de Abogados expuso los mismos argumentos que planteó por escrito ante el Senado, luego de que Diputados le diera media sanción al proyecto. La institución manifestó su "rechazo absoluto" a la norma y advirtió los riesgos que implica, sobre todo en el actual momento de crisis.

Burgos lamentó que ninguna de las dos cámaras hubiera convocado al Colegio para dar su parecer sobre el proyecto, que afecta de manera directa el trabajo diario de los abogados.

"Tienen que llamar a todos, aunque no estemos de acuerdo. Ese es el sistema democrático. Hay que escuchar a todos y después resolver lo que crean conveniente. Siempre la responsabilidad es de los legisladores", observó.

"Desde nuestra postura de ejercicio profesional, de representar a los justiciables en el ámbito jurídico, entendemos que son normas absolutamente perjudiciales", observó.

Algo apresurado

El abogado contó que desde que comenzó la pandemia hubo algunas audiencias virtuales en ciertos fueros y que se intentó notificar por correo electrónico en las direcciones que habían informado los letrados en los expedientes.

"Entendíamos que era una situación complicada, no podíamos ir a Tribunales, sobre todo en las primeras semanas, y se necesitaba avanzar en los procesos, pero después hubo tiempo para entre todos los actores sociales proponer una buena norma procesal que no afecte ningún derecho ni garantía constitucional", señaló.

Piden más certezas en tiempos de crisis    

Burgos, quien preside la Federación Argentina de Colegios de Abogados del NOA, advirtió que en ninguna de las provincias del noroeste se ha previsto un proyecto legislativo como este en el marco de la pandemia. 
“No entiendo por qué vamos a hacer de manera apresurada un proyecto sobre este tema. Entiendo que debemos actualizarnos y que se debe aplicar la tecnología, pero hagámoslo con reglas claras. En situaciones de crisis, como la que vivimos, es cuando más claridad debe haber y menos incertidumbre”, expresó.
El hombre aclaró que se deben asegurar los derechos y garantías constitucionales, que son los que están en juego en cada proceso: “Si no damos claridad ni certezas, estos se ven vulnerados”.
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que este proyecto viola el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inmediación, entre otros.
“Quedan muchas cuestiones libradas a la resolución del juez, lo que implica mayor concentración del poder en perjuicio de las partes. Sin normas procesales claras, podría incurrirse en arbitrariedad en el ejercicio de sus facultades”, reconoció.

Burgos consideró que el proyecto no es adecuado ya que legisla sobre normas procesales que serían comunes a todos los procesos, sin tener en cuenta el fuero y la materia: civil, familia, laboral, entre otros: “Hay que respetar las particularidades de cada uno y eso hace que el proyecto sea absolutamente negativo”.
Cuestionó que se plantee que las audiencias sean públicas de manera excepcional, cuando el principio general es que sean públicas y excepcionalmente privadas. Observó que los abogados no pueden defender bien a sus clientes si no acceden a los expedientes en papel, ante la ausencia de versiones digitales. “Es como si un médico diagnosticara algo sin ver al paciente”, graficó. “Ante una situación excepcional, lo mejor es ampliar derechos, no restringirlos”, opinó.
Burgos cuestionó que se exija a ciudadanos tener dirección de correo electrónico. 
 

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