"... lo mismo vamos, por eso te digo: hay que cansarla a ella para que no cobre... cada cinco días la volvemos a bloquear... te lo digo: hay que cansarla de bloquearla". En esos términos, Moira Pabloff, la pareja del presidente del club Central Norte de Embarcación, Jorge Moya, ordenó el 31 de diciembre de 2019 bloquearle la tarjeta a una beneficiaria del salario social complementario que se resistía a seguir siendo expoliada.
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"... lo mismo vamos, por eso te digo: hay que cansarla a ella para que no cobre... cada cinco días la volvemos a bloquear... te lo digo: hay que cansarla de bloquearla". En esos términos, Moira Pabloff, la pareja del presidente del club Central Norte de Embarcación, Jorge Moya, ordenó el 31 de diciembre de 2019 bloquearle la tarjeta a una beneficiaria del salario social complementario que se resistía a seguir siendo expoliada.
Los audios, recuperados de teléfonos secuestrados, fueron expuestos por el fiscal federal Eduardo Villalba, días atrás, en la audiencia pública en la que se ampliaron los cargos contra Moya, Pabloff, el secretario del club norteño, Jesús Tarqui, y la prosecretaria de la entidad deportiva, Nancy Romero. Los cuatro están acusados de fraude a la administración pública y extorsión.
De acuerdo con las pruebas reunidas por la Fiscalía, la dirigencia del club captaba a personas carenciadas -en su mayoría de comunidades originarias- y les tramitaban los planes para apropiarse de buena parte de las ayudas. Para ello les imponían falsos aportes societarios y multas, además de trabajos con los que sacaban provecho. Esto incluía obligaciones inauditas, como la de vender determinadas cantidades de cartones del bingo del club para no sufrir penalizaciones dinerarias, o cortarle el pelo gratuitamente al comisario de la localidad. El primer indicio de la connivencia surgió el pasado 30 de abril, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron el club de Embarcación. Una peluquera que allí se desempeñaba afirmó que no tenía nada que ver con la dirigencia de la entidad y que se tenía que ir porque le habían comisionado la tarea de "cortarle el cabello al comisario". Al respecto, Villalba se cuestionó sobre la finalidad del decreto que estableció el salario social complementario. "Tal vez lo que se pretendía es que la persona ponga su peluquería y viva de esa actividad, pero no ir a cortarle el pelo gratis al comisario que, casualmente, luego no recibía las denuncias que realizaban las personas afectadas", recalcó el fiscal.
Multas
En relación con las multas, en un audio del 18 de diciembre de 2019, Pabloff aclaró a Romero el pago que debía hacer un beneficiario: "Nancy, fijate, ayer le dije a Jorge que P. también va a cobrar el bono y son dos". El 3 de enero de 2020 la mujer de Moya se refirió a algunos pagos y un descuento que debía aplicársele a otra beneficiaria por haber faltado a una reunión: "Te hago una consulta: J., como es de la comisión y no vino a la reunión, ¿ella también va a poner mil pesos de multa igual que todos?... a la M. hay que pagarle 8 mil... a C. y al A. hay que darle, no todo lo que se cobra... y también hay que descontarle, por no haber venido a la reunión, a ellos dos". En relación con los citados beneficiarios, la auxiliar fiscal Roxana Gual hizo notar que "estas personas no iban a cobrar al cajero, por lo que aquí se puede apreciar cómo los imputados cobraban y decidían cuánta plata les daban a los afectados, como así también cómo devengaban las multas por no haber asistido a una reunión en el club".
El bingo
Otra vía de hostigamiento era la venta de los cartones del bingo del club. En uno de los audios recuperados, Pabloff instruyó a Romero al respecto: "Nancy, ahí ya tenés una hojita aparte porque a los que hayan vendido menos de 15, estoy viendo si le vamos a dar comisión, y a los que venden menos de 10 los anotás y les vamos a descontar después dos cartones".
Beneficiarios afectados testimoniaron que eran obligados a vender todos los cartones del bingo, y que a quienes no lo hacían se los descontaban del salario social complementario. También señalaron que, por el pago atrasado de las "cuotas sociales", establecidas en $750, los imputados aplicaban el siguiente esquema de intereses: "Del 5 al 6, la cuota normal; del 7 al 8, $50 más, y del 9 al 10, $100 adicionales".
La insistencia por el cobro de las cuotas quedó evidenciada en otro audio del 19 de febrero último. Pabloff se comunicó con una empleada: "Qué hacés J., escuchame no te dejés atrasar con las cuotas que han quedado debiendo del año pasado; vos tenés que tener todo anotado para cuando aparezca le digas: bueno aquí está, debés tanto... así tenés que ir buscándolo, así que no te olvides... ahí R. te ha quedado debiendo $1.000 y ni siquiera lo has ido a ver... cuando vuelva a querer pagar la cuota le cobras $50 por cada cuota que te quedó debiendo". En otro audio, Pabloff le preguntó a la empleada del club: "¿Te acordás de esa chica que quedó debiendo también, esa chica que iba a aparecer el 20?, me tenés que avisar dónde vive, así la voy a buscar... hasta que nos cansemos la vamos a ir a buscar a esa mujer!".
Redes sociales
Gual describió el hostigamiento que sufrieron beneficiarios de planes a los que les exigían permanentes posteos en sus redes sociales a favor de Moya o del club. El 27 de diciembre de 2019 Pabloff llamó a Romero para reprocharle que una beneficiaria no subía las actividades del club a su cuenta en Facebook: "Nancy, decile a la E. que le diga a la G. que nunca veo en sus estados cosas del club; explícales cómo hace la gente, pero en los estados no veo que publique nada del club".