Varias denuncias que llegaron a la Policía y la Fiscalía de Embarcación, sin ser investigadas, sugieren que el fraude con planes sociales prosperó en esa localidad con connivencias institucionales.
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Varias denuncias que llegaron a la Policía y la Fiscalía de Embarcación, sin ser investigadas, sugieren que el fraude con planes sociales prosperó en esa localidad con connivencias institucionales.
Algunas de esas denuncias, contra la dirigencia del club Central Norte de Embarcación se remontan hasta fines de 2018. Los ilícitos, sin embargo, recién comenzaron a investigarse este año, a partir de una presentación que hizo la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación, que se enfocó inicialmente sobre maniobras ilícitas con el ingreso familiar de emergencia (IFE), fue abierta por la fiscal porteña Alejandra Mángano, quien luego de ordenar las primeras medidas remitió las actuaciones a la Unidad Fiscal Federal Salta. De esta forma, el fiscal Eduardo Villalba asumió la dirección de la pesquisa que, tras los allanamientos del pasado 30 de abril, terminó con Jorge Moya, Jesús Tarqui y Moira Pabloff detenidos por fraude.
En base a nuevos elementos probatorios colectados, días atrás la Fiscalía sumó una nueva encausada, Nancy Romero, y amplió las imputaciones por extorsión.
En la audiencia pública, celebrada ante el juez federal de garantías Carlos Martínez Frugoni, el fiscal Villalba dedicó un párrafo especial para agentes bancarios de Embarcación, sobre los que sostuvo que "tendrán que rendir cuentas".
En este punto, el fiscal coordinador del distrito federal Salta marcó una salvedad con respecto al actual encargado del Banco Nación, "quien declaró y señaló que ya le parecía raro la cantidad de tarjetas que se debían emitir; por lo cual hay aquí otro perjuicio al Estado", subrayó Villalba. Agregó que, en las testimoniales, un empleado bancario indicó que cuando era fecha de cobro solían ver a Tarqui afuera de la entidad a la espera de la "cosecha de los planes". En tal sentido, el fiscal ratificó que el secretario del club actuó en calidad de "partícipe necesario" en la trama delictiva.
Sobre las maniobras de captación, la fiscalía resaltó que a través de las redes sociales se advirtió que el club Central Norte "se presentaba como el único medio para recibir el beneficio del salario social complementario".
De las testimoniales surgió también que otros referentes sociales de la zona incurrían en conductas similares, aunque lo hacían a cambio de realizar los trámites para acceder al beneficio por sumas que rondaban los $300.
Para cancelar los planes o bloquear las tarjetas de cobro a los beneficiarios a modo de "castigo" los imputados utilizaban una línea 0800 habilitada por la Anses para tal fin. Allí las denunciaban como extraviadas. Para la maniobra contaban con una base de datos de todos los afectados.
En un primer momento intentaron bloquear los cobros enviando una nota al banco, desde donde les informaron que solo podían realizarlos mediante una denuncia ante la Justicia. En ese contexto, Moya radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Tartagal y luego hizo los bloqueos a través de la línea gratuita.
En la audiencia, que contó con la participación de la abogada querellante por la Anses, Verónica Viera, Villalba dio a conocer algunos de los audios extraídos de los teléfonos secuestrados a los acusados.
Indicó que el contenido de los audios no hizo más que corroborar las declaraciones testimoniales brindadas con respecto a la aplicación de multas, el cobro de intereses, el pago de cuotas exigidas a beneficiarios de diferentes planes sociales y la vigilancia extrema a que eran sometidos.
En uno de ellos, Pabloff instruyó a una empleada del club del siguiente modo: "Ahí va a ir el changuito M. A., va a dejar mil, así que recibile nomás... todo lo que vas agarrando de la cuota me los vas dando, porque me quedé sin plata y con eso me tengo que mantener hasta que cobre o vuelva Jorge". En otro audio, Pabloff le recordó a la misma encargada: "... la P. había dejado dos mil; ahora tiene que dejar lo de la cuota".
En diciembre de 2019 el Gobierno dispuso el pago de un bono de $4.000, de los cuales los imputados les sacaban a los beneficiarios la mitad. En tal sentido, el fiscal Villalba indicó que "los testigos fueron contundentes en sostener que en diciembre de 2019 fue el mes en que más plata les sacaron: $2.000 por el bono y $750 por la cuota social".
Villalba dijo que la voracidad de los acusados se vio reflejada a fines de diciembre, luego de que el Gobierno nacional decidiera pagar por adelantado el salario social complementario. Ante la medida, Moya y sus colaboradores les exigieron a los beneficiarios la mitad de lo que el Estado les había adelantado.