En momentos tan críticos como el que vive la sociedad argentina, la dirigencia debería exhibir transparencia y templanza.
El asesinato del ex secretario de Cristina Fernández, luego testigo arrepentido, es un hecho grave y con dimensión política solamente por esas dos condiciones de la víctima.
Cuando el presidente Alberto Fernández califica al pedido de esclarecimiento como “una canallada” reabre una grieta antidemocrática y pretende que la sociedad se desentienda del caso como si fuera ingenua.
La oposición pidió garantías para el esclarecimiento del crimen al que calificó como de “gravedad institucional” y solicitó que pase al fuero federal por las dudas que le inspira la Justicia santacruceña.
El hecho debe ser esclarecido y no obstruido, como ocurrió en ocasión del asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuando el país sí fue testigo de una estrategia canalla consistente en degradar la memoria del muerto con historias fraguadas y sin fundamento. Fue una canallada militante.
Nada indica que el de Fabián Gutiérrez haya sido un asesinato político. Pero eso lo debe establecer la Justicia, la misma Justicia a la que el oficialismo descalifica día a día y manipula todas las veces que puede. Incluso, la fiscal del caso, la hija de la gobernadora Alicia Kirchner. En este clima de descreimento, ¿podrá ser creíble lo que haga, aunque su conducta sea impecable?
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, utilizaron un tono tan defensivo que alimentó más dudas aún.
Hay demasiadas muertes en la historia argentina. Pero también hay una tendencia a la manipulación política de la muerte. El kirchnerismo extremo hace tiempo incorporó esa cultura a su retórica. La campaña necrológica desarrollada tras la muerte de Santiago Maldonado es un caso patético.
El verdadero pensamiento progresista no tolera el coqueteo con la muerte, aunque la necrofilia política no es patrimonio de la derecha ni la izquierda.
La cualidad que exhibió Alberto Fernández al tomar la decisión de la cuarentena fue la capacidad de transmitir confianza y generar cohesión.
Además apeló a la vida como valor de referencia ética.
Cuando pierde la calma su liderazgo se debilita porque parece que intenta serenar las aguas en un sector del oficialismo que él no controla.
Su enojo con la oposición y el uso del término “canallada” insinúa un prejuzgamiento sobre una muerte violenta de la que se supone sabe poco y nada.
La cuarentena sin final a la vista puede costar muchas más vidas que las que se cobre la COVID-19. En junio, la Policía bonaerense mató a 17 personas en el conurbano. Desde 2016 el promedio anual fue de 47 asaltantes muertos por uniformados. Este año ya son 46.
El intendente de José C Paz, Mario Ishii, dijo que “la cantidad de presos que se han liberado se nota que están en la calle... Al no tener trabajo, al no tener ocupación, reinciden en delinquir”.
¿Es solamente que hay más robos o será que el gobierno bonaerense decidió aplicar la misma mano dura que el mundo K tanto le reprocha a Patricia Bullrich? En marzo, ya antes de la cuarentena, Fernando Espinoza y Verónica Magario imploraban la presencia de militares en el conurbano.
Los intendentes avizoran un colapso económico y social. Y temen que la ocupación de lotes y casas sin terminar sea el preámbulo del caos.
La realidad cruda y desnuda muestra una caída en la actividad y la recaudación con muy pocos antecedentes, agravada por la falta de acceso al crédito externo, sin capacidad para generar confianza en el inversor, sin un diseño político y económico que permita entender hacia dónde quiere ir el Gobierno. El futuro tiene que ser distinto porque todo va a ser distinto en el mundo poscuarentena, pero hoy resulta difícil saber cómo se podrá volver a los niveles de macroeconómicos del tan pobre diciembre de 2019.
Buscando canallas y abriendo grietas ningún gobierno resuelve la crisis. La política es lucha y pluralidad. Pero el que gobierna no puede distraerse en peleas, porque le toca cons truir.
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En momentos tan críticos como el que vive la sociedad argentina, la dirigencia debería exhibir transparencia y templanza.
El asesinato del ex secretario de Cristina Fernández, luego testigo arrepentido, es un hecho grave y con dimensión política solamente por esas dos condiciones de la víctima.
Cuando el presidente Alberto Fernández califica al pedido de esclarecimiento como “una canallada” reabre una grieta antidemocrática y pretende que la sociedad se desentienda del caso como si fuera ingenua.
La oposición pidió garantías para el esclarecimiento del crimen al que calificó como de “gravedad institucional” y solicitó que pase al fuero federal por las dudas que le inspira la Justicia santacruceña.
El hecho debe ser esclarecido y no obstruido, como ocurrió en ocasión del asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuando el país sí fue testigo de una estrategia canalla consistente en degradar la memoria del muerto con historias fraguadas y sin fundamento. Fue una canallada militante.
Nada indica que el de Fabián Gutiérrez haya sido un asesinato político. Pero eso lo debe establecer la Justicia, la misma Justicia a la que el oficialismo descalifica día a día y manipula todas las veces que puede. Incluso, la fiscal del caso, la hija de la gobernadora Alicia Kirchner. En este clima de descreimento, ¿podrá ser creíble lo que haga, aunque su conducta sea impecable?
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, utilizaron un tono tan defensivo que alimentó más dudas aún.
Hay demasiadas muertes en la historia argentina. Pero también hay una tendencia a la manipulación política de la muerte. El kirchnerismo extremo hace tiempo incorporó esa cultura a su retórica. La campaña necrológica desarrollada tras la muerte de Santiago Maldonado es un caso patético.
El verdadero pensamiento progresista no tolera el coqueteo con la muerte, aunque la necrofilia política no es patrimonio de la derecha ni la izquierda.
La cualidad que exhibió Alberto Fernández al tomar la decisión de la cuarentena fue la capacidad de transmitir confianza y generar cohesión.
Además apeló a la vida como valor de referencia ética.
Cuando pierde la calma su liderazgo se debilita porque parece que intenta serenar las aguas en un sector del oficialismo que él no controla.
Su enojo con la oposición y el uso del término “canallada” insinúa un prejuzgamiento sobre una muerte violenta de la que se supone sabe poco y nada.
La cuarentena sin final a la vista puede costar muchas más vidas que las que se cobre la COVID-19. En junio, la Policía bonaerense mató a 17 personas en el conurbano. Desde 2016 el promedio anual fue de 47 asaltantes muertos por uniformados. Este año ya son 46.
El intendente de José C Paz, Mario Ishii, dijo que “la cantidad de presos que se han liberado se nota que están en la calle... Al no tener trabajo, al no tener ocupación, reinciden en delinquir”.
¿Es solamente que hay más robos o será que el gobierno bonaerense decidió aplicar la misma mano dura que el mundo K tanto le reprocha a Patricia Bullrich? En marzo, ya antes de la cuarentena, Fernando Espinoza y Verónica Magario imploraban la presencia de militares en el conurbano.
Los intendentes avizoran un colapso económico y social. Y temen que la ocupación de lotes y casas sin terminar sea el preámbulo del caos.
La realidad cruda y desnuda muestra una caída en la actividad y la recaudación con muy pocos antecedentes, agravada por la falta de acceso al crédito externo, sin capacidad para generar confianza en el inversor, sin un diseño político y económico que permita entender hacia dónde quiere ir el Gobierno. El futuro tiene que ser distinto porque todo va a ser distinto en el mundo poscuarentena, pero hoy resulta difícil saber cómo se podrá volver a los niveles de macroeconómicos del tan pobre diciembre de 2019.
Buscando canallas y abriendo grietas ningún gobierno resuelve la crisis. La política es lucha y pluralidad. Pero el que gobierna no puede distraerse en peleas, porque le toca cons truir.