La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para autorizar por única vez y en forma excepcional la venta en subasta pública de todos los bienes muebles en desuso, registrables y no registrables, de propiedad del Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y sociedades del Estado. La iniciativa, que pasó al Senado en revisión, dispone que el 50 por ciento de los fondos se destinarán a otorgar créditos para personas físicas o jurídicas cuyas actividades comerciales, profesionales o de servicios se encuentran afectadas por la pandemia de la COVID-19.
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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para autorizar por única vez y en forma excepcional la venta en subasta pública de todos los bienes muebles en desuso, registrables y no registrables, de propiedad del Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y sociedades del Estado. La iniciativa, que pasó al Senado en revisión, dispone que el 50 por ciento de los fondos se destinarán a otorgar créditos para personas físicas o jurídicas cuyas actividades comerciales, profesionales o de servicios se encuentran afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Con el saldo restante se comprarán vehículos para apuntalar los parques automotores de las áreas de salud y seguridad de la provincia.
La adopción de esta medida fue justificada por los autores del proyecto en la situación de crisis que atraviesa la Provincia y la reducción de los recursos como consecuencia de la crítica situación económica.
La propuesta para subastar chatarra y bienes del Estado en desuso fue impulsada por los diputados Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y Socorro Villamayor, del bloque oficialista Salta Tiene Futuro.
Durante la sesión virtual, el diputado Diez Villa subrayó la necesidad cierta de generar recursos extras a partir de la disposición de muchos bienes que el Estado ya no utiliza.
El diputado, a modo de ejemplo, detalló que en la granja penal de Cerrillos están depositados más de 600 vehículos de distintos tipos, constituyendo un cementerio porque están abandonados y en situación de chatarra y señaló que la misma foto se repite en muchas otras dependencias.
La ley establece que el Ejecutivo provincial deberá suscribir convenio con el Colegio de Martilleros de Salta para realizar las subastas y determina un porcentaje del 6 % del monto que se obtenga en concepto de honorarios profesionales.
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En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de un inmueble del departamento Capital, con destino a construcción de viviendas y loteo para familias de la localidad Cobos.
El diputado por General Gemes, Germán Rallé, fundamentó la importancia de aprobar la iniciativa en sintonía con la necesidad de viviendas que existe en la localidad de Cobos y en tono crítico dijo que esta propuesta se tiene que volver a presentar desde la Cámara baja porque el Senado no trató y dejó vencer el anterior proyecto.
El cuerpo también aprobó el proyecto de ley, que presentó la diputada Gladys Paredes, para la creación del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Salta como persona jurídica de derecho público no estatal.
Tiene como objetivo controlar el ejercicio profesional de la obstetricia, propender a su mejoramiento científico y social, asegurar el decoro, independencia e individualidad de la profesión.
Cruce por el escándalo robo de caños en Aguaray
La oposición considera que ya se debió haber intervenido el municipio.
En el tramo de las manifestaciones, diputados de la oposición cuestionaron que hasta el momento no haya funcionado el mecanismo institucional para resolver la situación del Ejecutivo municipal de Aguaray, y desde el oficialismo salieron al cruce.
El diputado olmedista, Carlos Zapata, consideró que las instituciones ya deberían haber intervenido “ante el hecho de corrupción” en el municipio de Aguaray por el robo de caños del Gasoducto del NEA, y expresó su convicción de que “la Provincia de Salta queda mal parada ante el escándalo nacional”.
Opinó que el remedio para esta situación deberían ser las instituciones, subrayó que estas “no han funcionado”, y afirmó que “la falta de un remedio que se aportase desde el Gobierno con la intervención representa el motivo por el cual la Provincia, en este momento, no está bien conceptuada”.
Esta manifestación fue apoyada por el diputado del FPV, Jesús Villa, quien recordó que presentó un proyecto de ley para que se adopte una definición política con respecto al intendente de Aguaray, Jorge Prado, de quien hizo notar que se encuentra imputado en la causa que la Justicia federal lleva adelante.
Desde la vereda del frente, el diputado Germán Rallé aseguró que el oficialismo nunca negó la posibilidad de discutir la situación de Aguaray, y dijo que permitieron que el Concejo Deliberante actué de acuerdo a derecho en torno a la situación de gravedad institucional que “pueda estar ocurriendo”.
Rallé puntualizó que el caso está en trámite en la Justicia federal, donde se investiga la responsabilidad de los actores de los hechos, y subrayó: “Necesitamos tener los antecedentes de lo actuado”.
En esa línea, informó: “Llegó a nuestras manos, de modo virtual, una nota del Concejo Deliberante contando el proceso de juicio político realizado”. Y a los diputados de la oposición les pidió que se queden tranquilos. “Nosotros vamos a obrar a derecho y de acuerdo a lo que nuestra conciencia y nuestro deber legislativo nos dicte”, dijo.
El domingo, El Tribuno publicó que el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el pasado jueves un allanamiento en el sudeste del Gran Buenos Aires, donde se recuperaron otros 12 tubos saqueados el norte salteño.
El procedimiento se realizó en un playón de Berazategui que pertenece a la empresa Co-Marfil, cuyo titular, José Matías Rossi, es uno de los diez imputados.
Hasta ahora, en distintos procedimientos, se recuperaron 339 tubos de la obra.