Interrogantes  sobre el timing la reforma judicial

El 31 de julio, el presidente de la Nación acompañado por el gobernador de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le pedían a la ciudadanía quedarse en casa, evitar los encuentros masivos, extremar cuidados personales y entender que la pandemia es un fenómeno mortal mundial, que la Argentina "está controlando". El anuncio es ya el quinto desde abril con las sucesivas etapas de cuarentena y flexibilización en el AMBA y todo el país.

Lo notable de este anuncio y del momento epidemiológico que atraviesa el país es justamente los números récords de contagios y fallecimientos no solo en el AMBA, pero en, al menos, siete provincias, tres de las cuales Jujuy, Chaco y Río Negro observan un crecimiento de la prevalencia de la enfermedad tres semanas después de escuchar a cada uno de sus mandatarios predecir mejores augurios.

La pandemia, como bien lo explica el gobernador de Buenos Aires, es un problema de escala y magnitud histórico en todo el mundo: en Salta, el AMBA, Argentina y la región.

La tasa de contagio, fallecimientos, prevalencia del virus y sus efectos en la vida social, económica y política de todos los países infectados es inédita. Un panorama en datos de este año: 17,6 millones de infectados, 680.000 muertes, caída de la economía mundial del 4.9% (en abril, el Fondo Monetario Internacional predecía una caída del 3%), y una proyección de entre 71-

100 millones extra de personas en situación de pobreza extrema (en abril, el Banco Mundial predecía 60-80 millones).

Ya en columnas anteriores hemos desarrollado los efectos negativos de la pandemia y la catástrofe mundial que representa.

Ante este escenario inédito y triste, lo crucial es saber interpretar el momento para corregir la gestión de políticas públicas que hagan frente a esta catástrofe.

Gestionar catástrofes

Parte de gestionar los consensos políticos necesarios para paliar la pandemia y preparar un plan pospandemia, es reconocer el timing político (o estrategia de sensibilidad política) para lanzar políticas públicas reformistas de gestión o transitar el camino para cumplir con promesas significantes de campaña.

Sobre este punto y remarcando el desafío inédito de la pandemia, la reforma de la Justicia y la conformación del comité asesor presidencial pueden generar riesgos innecesarios para el presidente y su coalición de gobierno por falta, justamente, de timing político. De este análisis se desprenden tres preguntas.

Pero antes, una aclaración al lector: las preguntas que prosiguen no hacen un juicio de valor a la propuesta del Ejecutivo, sino más bien, analizan lo que llamaríamos el "principio de necesidad y propósito" dentro de la larga teoría de estrategia en las Ciencias Políticas.

Una aclaración, espero, que ayude a interpretar las ideas que siguen con el mejor espíritu crítico constructivo, pero sabiendo que la reforma de la justicia es necesaria, y si los tiempos no fuesen de urgencia, seguramente entraría entre las prioridades de la república que queremos ser y aspirar.

Los consensos

La primera pregunta tiene que ver con las necesidades de consensos políticos inherentes para reformar el sistema de justicia en la Argentina un tema minado por cuestiones políticas partidarias, mezquindades individuales, corrupción y tráfico de influencias, impunidad e intentos fallidos del pasado no tan lejano.

La percepción del ciudadano con la justicia junto con los medios de comunicación ocupan los últimos lugares en los índices de confianza de la gran mayoría de sondeos de opinión pública. Si en momentos normales sin pandemia de por medio la reforma de cualquier estamento del orden de la justicia requiere consensos, planes y leyes puntillosas en su sentido y aplicación, la pregunta es: ¿se podrán gestionar los encuentros necesarios políticos en medio de una pandemia?

La respuesta negativa de la coalición opositora predice un tratamiento del tema en trincheras y no sobre una base de consensos propios de una reforma del Estado.

Si bien hay razones partidarias de la oposición para generar una respuesta en contra como también juega la percepción de la reforma en un momento de avance sobre causas de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos su ausencia total en el debate sería una oportunidad perdida para ensayar un sistema de democracia parlamentaria.

Sobre este punto me refiero a dos cuestiones: no desechar ideas solo porque son presentadas por el antagonista político, y sobreponerse a las mezquindades políticas partidarias o personalistas cuando se trata de reformar el Estado.

La gobernabilidad

A la falta a priori de participación de la oposición, la segunda pregunta sobre timing político tiene que ver con una estrategia de gobernabilidad a medio plazo con vistas a las elecciones del 2021.

Con mayoría en el Senado clave para la designación de jueces - y posibilidades de reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, el gobierno tiene las condiciones parlamentarias dadas para promover leyes que en una segunda parte del mandato presidencial serían más difíciles de concretar.

En este sentido, la justificación narrativa del presidente es notable: la reforma de la Justicia fue un tema significativo de campaña, fue parte del manifiesto del Frente de Todos, y es una idea embrionaria de sus laderos principales, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra.

 Es también un área de expertise técnico de larga trayectoria de la vicepresidenta de la Nación. 
Estas razones, ¿le alcanzarán al gobierno para construir la mayoría parlamentaria y pública que necesita para que la ley de reforma no se vuelva un caso como la reforma de medios o el fallido DNU sobre Vicentin?
El gobierno arriesga en medio de la pandemia gastar capital y fuerzas políticas sobre un tema que aun en las aguas más tranquilas traería reacciones públicas pasionales; este riesgo, a su vez, puede injerir en la competitividad y atractivo del Frente de Todos en 2021. 

La oportunidad

Por último, en un escenario parlamentario de tratamiento total de la ley y de las posibles recomendaciones del consejo consultivo, el timing podría coincidir con un cocktail de problemas gravísimos para el país: desborde epidemiológico de la pandemia, renegociación de la deuda, exacerbación de los problemas económicos y sociales, posicionamiento estratégico para adquirir la vacuna contra el COVID-19, entre otros. Temas, que actualmente son un riesgo, pero que, con un Congreso dividido, agrietado y la población en trincheras, sería mucho más difícil de resolver, consensuar y gestionar para el gobierno. En este escenario, la reforma de la justicia podría transformarse en un insumo político de arreglos urgentes para tratar temas del momento, lo cual podría, otra vez en la historia de la Argentina, dejar una reforma de Estado a medio camino. ¿Podría el gobierno cerrar todos los frentes abiertos al mismo tiempo (reforma, pandemia, deuda, etc.)? Uno espera que sí, porque la Argentina lo necesita pero es también de buen planificador plantear los riesgos al comienzo. 
 Y aquí, un breve párrafo aparte para la situación en Salta. Las tres preguntas que se aplican para la reforma nacional de justicia también deberían interpelar en retrospectiva al gobierno provincial sobre el cuestionado proceso de designación de tres nuevos jueces a la Corte Suprema de Salta, y a futuro, deberían ser de insumo de análisis para la próxima reforma de la Constitución Provincial. Y cierro con la misma aclaración del principio de esta columna: el juicio de valor es un ámbito de debate de todas las partes interesadas comenzando con la ciudadanía y para crear un debate rico, substancial y justo, este debería contemplar la realidad y las urgencias hoy, lamentablemente, la pandemia y sus efectos, son urgentes. 
 

 

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