Con la reciente detención de un jefe, el segundo al mando y un chofer, el domingo pasado, todos de la subdelegación de La Quiaca, la Policía Federal vuelve a dar la nota y no precisamente por combatir delitos transfronterizos.
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Con la reciente detención de un jefe, el segundo al mando y un chofer, el domingo pasado, todos de la subdelegación de La Quiaca, la Policía Federal vuelve a dar la nota y no precisamente por combatir delitos transfronterizos.
En medio de la grave crisis sanitaria reinante debido a la pandemia del coronavirus, la que ahora tiene a Salta y Jujuy bajo fuerte restricciones, la fuerza federal parece no estar a la altura, pues durante la cuarentena varios efectivos aprovecharon para sacar provecho de las medidas dispuestas, tanto de lado argentino como boliviano.
Con las tres detenciones producidas en La Quiaca, la Policía Federal ya sumó siete efectivos imputados por hechos de corrupción en dependencias fronterizas en el norte del país. Los primeros cuatro en caer pertenecen a la subdelegación de Orán, tres de los cuales ya fueron condenados.
Los casos de corrupción interna generaron gran preocupación y molestias entre los operadores de la Justicia Federal en Salta y Jujuy, ya que pese a la cantidad de efectivos y estructura, hay poca confianza de los funcionarios judiciales en esta fuerza de seguridad.
Prueba de ello son las numerosas actuaciones que las fiscalías federales, ahora a cargo de la investigación penal, llevan adelante con unidades especiales de Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En Jujuy
Aunque la detención de los tres policías en Jujuy se concretó el domingo pasado, el hecho por el cual fueron luego imputados sucedió el pasado 22 de abril en el paraje Ojo de Agua, en el límite fronterizo con Bolivia.
En ese lugar, en la puna jujeña, personal del Escuadrón 21 de Gendarmería encontró un camión cargado con mercadería, en su mayoría comestibles y elementos de higiene, y un vehículo de la Policía Federal, cuyos ocupantes tuvieron que dar varias explicaciones sobre su presencia en el lugar.
Para aclarar la situación, gendarmes y policías federales trasladaron el camión hasta la subdelegación de La Quiaca, donde el juez federal interviniente decidió que fuera Gendarmería la que siga con las actuaciones del caso.
Los policías condenados por el hecho ocurrido en Orán son: Helvio Rodrigo Reyes, Juan Manuel Rollano Manríquez y Sergio Ramón Salinas Núñez. Reconocieron las acusaciones en su contra y fueron condenados a penas de 3 a 2 años y seis meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad y concusión. El cuarto, David Torres, espera ser juzgado.
En su reporte, los policías federales se adjudicaron haber atrapado el camión con mercadería, la cual pertenecía a tres comerciantes y tenía como destino Bolivia, en un claro caso de contrabando por un valor estimado en alrededor de dos millones de pesos.
Convencidos de que esta hipótesis aplacaría el mar revuelto, los jefes de la subdelegación de La Quiaca tomaron distancia, pero el caso empezó a cambiar de rumbo bajo la dirección del fiscal federal Federico Zurueta, de la Unidad Fiscal Jujuy.
Tras cuatro meses de intensas pesquisas, finalmente la fiscalía reunió suficientes elementos de pruebas sobre lo sucedido en el paraje de Ojo de Agua el 22 de abril. Un entrecruzamiento de llamadas, que surgió de teléfonos secuestrados, reveló la verdad: los policías, ahora detenidos e imputados, no sorprendieron ningún camión con mercadería, sino que "escoltaban" al equipo de transporte para garantizarle de esa manera a los tres comerciantes implicados que la carga llegara a Bolivia.
Se descartó también que la maniobra tuviera que ver con una clásica "coima", pues se descubrió que, en realidad, el jefe, subjefe y chofer de la Policía Federal eran socios en el contrabando de la mercadería, cuyas ganancias iban a ser repartidas una vez que facturaran la carga en Bolivia.
Con pruebas contundentes, la fiscalía formalizó la acusación por los delitos de tentativa de contrabando doblemente agravado por haber sido cometida por más de tres personas y tratarse de funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia. Por la gravedad del hecho, la Justicia rechazó un pedido de excarcelación de los tres policías, que permanecen con prisión preventiva.
En Salta
Curiosamente, el 16 de abril último otros cuatro efectivos de la Policía Federal, en este caso de la subdelegación de Orán, fueron detenidos por otro hecho de corrupción similar al ocurrido en la puna jujeña.
Los policías cayeron al descubrirse que no andaban detrás de una "mordida" ni tampoco buscaban asociarse en la compra venta de hojas de coca, sino querían dirigir el "negocio". Y para ello habían planeado iniciarse con una importante carga de materia prima.
En busca del objetivo, llevaron adelante distintas maniobras con las que le arrebataron una carga de 53 kilos de hojas de coca y 50 mil pesos a un conocido comerciante de Orán con una emboscada.
Tras una prolija investigación dirigida por el fiscal federal Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, tres de los policías detenidos por ese hecho terminaron condenados tras arribar a un acuerdo pleno con la fiscalía.
Según pudo conocerse, los policías Helvio Rodrigo Reyes, Juan Manuel Rollano Manríquez y Sergio Ramón Salinas Núñez reconocieron su participación y por ello recibieron condenas de 3 a 2 años y 6 meses por delitos de abuso de autoridad y concusión, mientras que David Torres, el cuarto policía imputado, espera a ser juzgado por el mismo hecho.
Al sostener la acusación en contra de estos policías, Villalba señaló que se trata de "efectivos cuya foja de servicio evidencia una palpable inactividad en materia investigativa, aunque sí una rapidez para delinquir aprovechándose de la función pública en ellos confiada por los vecinos de Orán".
La emboscada
Un aviso subido a las redes sociales con una oferta llamativa para hacerse de hojas de coca, en un momento de escasez, fue la oportunidad que los policías decidieron aprovechar para montar su propio negocio. Tras contactarse con el emisor de dicho aviso, un conocido vendedor de hojas de coca, los efectivos comenzaron a visitarlo como meros clientes y con simples apelativos.
Primero acordaron operaciones menores, para luego pactar una entrega mayor por más de 50 kilos, la cual debía hacerse efectiva el 7 de abril a la noche en la avenida Fassio, frente a un corralón.
A ese lugar el comerciante llegó no solo con la carga de hojas de coca, sino también con $50 mil que había recaudado por otras ventas. Uno de los policías, que se movía en su camioneta, ascendió al rodado del comerciante con una mochila en la que supuestamente llevaba el dinero para concretar la operación. En esos momentos, y como parte de la maniobra previamente planeada, apareció un vehículo no identificado de la Policía Federal, del cual descendieron otros efectivos.
Tras solicitar la documentación del vehículo, los policías terminaron llevándose el dinero del denunciante, 53 kilos de hojas de coca y la mochila con el dinero que el falso cliente llevó para concretar la operación, todo a cambio de dejarlos en libertad.
La escena, sin embargo, perdió credibilidad y a los días el comerciante ató cabos y denunció a los policías. Luego, la investigación de la fiscalía terminó de probar la hipótesis con un cúmulo de pruebas que decantaron en la detención de los cuatro federales implicados el 16 de abril.
Posteriormente, y ante las pruebas reunidas por la fiscalía, tres de los cuatro acusados optaron por reconocer su culpa y buscar, a través de un acuerdo pleno, la pena más acorde por los hechos cometidos, pues también se descubrió que uno de ellos intentó realizar medidas judiciales ilegales en otra provincia.
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