La dirigencia es responsable  por el escándalo de Ameri

La conducta exhibicionista del exdiputado Juan Emilio Ameri ha dañado gravemente la imagen de Salta ante el mundo. Se trata de un episodio grotesco e inexplicable, que agravia a la dignidad que se espera de la representación ciudadana en el Congreso de la Nación.

No es el primer escándalo, no es exclusivo de Salta y tampoco de la Argentina. Por su naturaleza, sin embargo, combina impudicia, descaro y falta de racionalidad.

En su desprestigio, Ameri arrastra a quienes lo apadrinaron en su llegada a Salta, hace pocos años, Sergio Leavy y Juan Manuel Urtubey, quien lo incluyó como asalariado del Estado en condición de agrupamiento político.

Los escándalos sirven, si se reflexiona sobre su naturaleza y alcance, para poner bajo la lupa el deterioro en que se encuentra el funcionamiento del sistema legislativo.

En primer lugar, si bien la reacción de la Cámara de Diputados fue rápida y enérgica, lo correcto hubiera sido que se rechazara la renuncia de Ameri y se lo expulsara por inconducta. En 1991, Ángel Luque fue expulsado sumariamente por inconducta moral por haber declarado, en el marco del asesinato de María Soledad, que tenía "infraestructura para hacer desaparecer cadáveres".

Con la renuncia, Ameri carga con la sanción moral, pero queda en condiciones de seguir adelante con su carrera política, propia de un barrabrava, pero en las antípodas de la ética republicana.

El Congreso siempre encuentra atajos para resguardar a sus miembros. Los escándalos compartidos por los tres poderes del Estado en los últimos años han deteriorado demasiado la autoridad moral de las instituciones argentinas.

Incluso, en nuestra Legislatura, en octubre de 2014, el presidente del bloque oficialista, Pedro Sández, cometió un delito público en plena sesión, cuando vulneró el derecho a la privacidad de una niña a la que mencionó en un alegato contra la Justicia de Metán. El resto del cuerpo, testigo del hecho, se mantuvo incólume y no hubo contra Sández denuncia penal alguna.

Todos estos hechos son síntomas de decadencia de la democracia argentina. La extinción de los partidos políticos desactivó los tribunales de ética o de conducta, no hay elecciones, no hay debates políticos en su seno, y no hay proyecto.

Cualquier persona puede acceder a un lugar en una lista sábana gracias a la voluntad de quienes manejan el armado de la boleta de cada "espacio", como se lo denomina hoy.

Este mecanismo es generalizado. Incluso, la fragmentación de agrupaciones facilita acuerdos personales que terminan distribuyendo bancas, cargos públicos, agrupamientos políticos y hasta puestos en la Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Jury. No se valora el mérito o la competencia profesional, sino la lealtad, que en realidad es obsecuencia, obediencia ciega a un líder.

Ameri deberá afrontar ahora, probablemente, denuncias en la Justicia federal por exhibiciones obscenas. Pero la Argentina y Salta necesitan nuevos criterios de construcción política. No basta con la ideología, y las estrategias de pancarta son contraproducentes.

El escándalo puso en evidencia, una vez más. Que el consenso sobre el derecho de la mujer y la consideración privilegiada de la perspectiva de género están presentes en el discurso y relativizadas en la práctica. Ameri fue denunciado por jóvenes militantes y sus jefes políticos las ignoraron.

Hace casi tres décadas, un fallo judicial calificó a las barras bravas como asociaciones ilícitas. La política las sigue utilizando y legitimando. La benevolencia con sus conductas asociales llegó al extremo en ocasión del Mundial de Sudáfrica, en 2010, cuando el Estado nacional facilitó el viaje de los líderes de esas patotas, en carácter de "delegación" no oficial. Por eso, los antecedentes de Ameri como barra de River no fueron obstáculo para su injustificable carrera al Congreso.

El escándalo del jueves, por sus características obscenas, es la excepción. La irresponsabilidad en la asignación de cargos electorales o de gobierno, es la regla. Las instituciones solo funcionan cuando se cumplen determinados requisitos. Hoy eso no ocurre y se las avasalla con conductas como las señaladas. Para que la democracia no sea una utopía, es imprescindible reformar profundamente el sistema político actual.

 

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