La mesa de conducción del departamento San Martín de Juntos por el Cambio, que conforman dirigentes de diferentes espacios políticos como el radicalismo, Ahora Patria y el PRO, entre otros, emitió un comunicado en el que rechaza en todos los términos los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo provincial para avanzar con el proyecto de intervención del municipio de Salvador Mazza.
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La mesa de conducción del departamento San Martín de Juntos por el Cambio, que conforman dirigentes de diferentes espacios políticos como el radicalismo, Ahora Patria y el PRO, entre otros, emitió un comunicado en el que rechaza en todos los términos los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo provincial para avanzar con el proyecto de intervención del municipio de Salvador Mazza.
El presidente de esa mesa, exintendente de Tartagal y exdiputado provincial, arquitecto Darío Valenzuela, se refirió a los motivos que impulsaron ese comunicado y mencionó entre los más importantes la supuesta intención del Gobierno de quedarse con la caja de la comuna norteña.
En una entrevista exclusiva con El Tribuno, el dirigente norteño se preguntó de forma retórica y tajante ¿qué hizo la Auditoría General de la Provincia en todo este tiempo, en que distintos concejos deliberantes de Salvador Mazza vienen denunciando las mismas irregularidades que no actuó de oficio?
¿Por qué rechazan la intervención por parte de la Provincia al municipio de Salvador Mazza?
Los gobiernos provinciales de Salta, cuando se produce una situación escandalosa como la sucedida hace un par de días, reaccionan disponiendo la intervención de los municipios. Ya sucedió con el gobierno de Urtubey cuando mandó la intervención a la misma localidad y en otras. Y ahora, el gobernador Gustavo Sáenz, lo hizo primero con Aguaray y ahora con Salvador Mazza.
Quieren cortar por lo sano y por eso apelan a la intervención, porque lo que pretenden es que nada lo roce al Gobierno de la Provincia, que nada lo manche, pero por cierto tiene mucha responsabilidad en lo que sucede en los municipios de Salta.
En este caso, el intendente Rubén Méndez, que ha pedido licencia, ya había sido destituido en el año 2017 por el Concejo Deliberante fronterizo, acusado de graves irregularidades en el manejo de los recursos de ese municipio.
Este año el Concejo Deliberante integrado, por lógica, por otros ediles, ya tiene en marcha otro juicio político, con muchas posibilidades de llegar a una nueva destitución.
¿Y qué responsabilidad le cabe ahí a la Provincia?
Mucha responsabilidad, porque estas dos situaciones nos dejan a las claras que los organismos de control de la Provincia, como la Auditoría General, que está precisamente para eso y para nada más que eso, no han hecho en todos estos años absolutamente nada.
Los pedidos de juicio político que inició en este caso el Deliberante de Salvador Mazza, en dos ocasiones, contra este mismo intendente, no era por dichos de Méndez o por cualquier cuestión personal o lo que fuere. Era por el mal manejo de los recursos del municipio, por malversación de fondos y por no responder los pedidos de informes que le hacían los ediles. Con todo este cúmulo de pruebas, ¿cómo se entiende que la Auditoría General nunca haya actuado de oficio? Ese es uno de los temas por lo que tendría que responder la Provincia, por ejemplo.
Pero la intervención se anuncia como compromiso de transparencia...
Lo que pasa, por lo que uno va conociendo con los años, es que durante las intervenciones nunca se trasparentó nada y los concejos deliberantes que quedaron funcionando, porque no fueron intervenidos, nunca pudieron hacer nada en relación a la gestión de los interventores.
La real intención de Gobierno provincial es manejar, por intermedio de algún personaje que designen, los recursos que son del municipio, en este caso Salvador Mazza. Y que como hemos visto, leído y escuchados estos días, en esta localidad de frontera son enormes.
Los interventores le responden, como corresponde, al Gobierno de la Provincia que los nombra, nunca a los vecinos de una localidad. Eso está comprobado fácticamente. Y si no, miremos lo que sucede acá cerca, en Aguaray.
Y lo que también buscan esos interventores es posicionar a un candidato propio, que le responda al Gobierno de la Provincia al momento de convocar a elecciones. El proyecto que el gobernador envió a la Legislatura salteña habla de que el interventor para Salvador Mazza será designado por estos próximos 26 meses, hasta diciembre del año 2023. Eso es un atentado contra las autonomías municipales, va en contra de la Constitución provincial y en contra de toda lógica.
¿Qué pasaría si los concejales de Salvador Mazza avanzan con el proceso de destitución que tienen iniciado en contra de Rubén Méndez y siguen en su postura de rechazar la intervención?
En ese caso, la Provincia no tendría formas ni argumentos para justificar una intervención.
Pero sabemos que el Gobierno va a querer imponerse a como dé lugar y lo más posible es que intervenga los dos poderes municipales, porque no le interesa la institucionalidad; lo digo claramente: al gobernador Sáenz no le interesa la institucionalidad.
Lo único que quieren es que de este tema escandaloso no se hable más, porque los salpica a ellos y deja en evidencia que los organismos de control de la provincia, a diferencia del Concejo Deliberante, no han cumplido con la función que les compete.