El nombramiento de Adrián Zigarán como interventor, esta vez de Salvador Mazza, se dio en un contexto de versiones desmentidas y maniobras ocultas para una designación que no resultó del todo una sorpresa. La asunción anticipada del electo intendente de Aguaray, Guillermo Alemán, y el tratamiento legislativo de una nueva intervención del Gobierno provincial, esta vez en el municipio fronterizo, precipitaron el nombre de Zigarán, quien hasta último momento -según sus propias palabras- desconocía la decisión del gobernador Sáenz. Casi como un acto reflejo de vedettismo político, o tal vez como una estrategia bien elaborada, el dos veces interventor Zigarán desmintió su nombramiento hasta que ya no pudo hacerlo. Mañana será ungido y una nueva historia de protagonismo comenzará a ser entretejida por este ignoto funcionario que fuera designado en la segunda línea de Participación Ciudadana, allá por diciembre de 2019. No obstante las circunstancias colaterales a esta nueva intervención del Gobierno, como remedio del Estado para resguardar a las instituciones del municipio que fuera comandando Rubén Méndez, es menester destacar las diferencias políticas que se dan en los planos de dos comunas intervenidas en pocos meses.
Los escándalos del robo de caños del GNEA, protagonizados por el exintendente de Aguaray Enrique Prado y las decenas de millones de pesos en efectivo encontrados en poder del exjefe comunal de Salvador Mazza Rubén Méndez, tienen un hilo conductor que justifica el desembarco de la intervención, pero, al mismo tiempo, se ubican diametralmente opuestos en sus realidades. Aguaray necesitaba pacificar a la comunidad, que ya venía con serios enfrentamientos, protestas sociales y cortes en la emblemática ruta 34. Zigarán tuvo serios problemas al inicio de su gestión. Prometió obras que lógicamente no lograron concretarse. Ahora como interventor de Salvador Mazza asegura que su trabajo será hacer lo mismo que en Aguaray. Sobra decir que su perfil autoimpuesto de pacificador será, en este caso, obsoleto. Zigarán deberá manejar, con total transparencia y a lo largo de 24 meses, la enorme caja de las tasas municipales por la actividad exportadora en la frontera. Seguramente aquí podrá hacer las obras que no pudo concretar en Aguaray.
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El nombramiento de Adrián Zigarán como interventor, esta vez de Salvador Mazza, se dio en un contexto de versiones desmentidas y maniobras ocultas para una designación que no resultó del todo una sorpresa. La asunción anticipada del electo intendente de Aguaray, Guillermo Alemán, y el tratamiento legislativo de una nueva intervención del Gobierno provincial, esta vez en el municipio fronterizo, precipitaron el nombre de Zigarán, quien hasta último momento -según sus propias palabras- desconocía la decisión del gobernador Sáenz. Casi como un acto reflejo de vedettismo político, o tal vez como una estrategia bien elaborada, el dos veces interventor Zigarán desmintió su nombramiento hasta que ya no pudo hacerlo. Mañana será ungido y una nueva historia de protagonismo comenzará a ser entretejida por este ignoto funcionario que fuera designado en la segunda línea de Participación Ciudadana, allá por diciembre de 2019. No obstante las circunstancias colaterales a esta nueva intervención del Gobierno, como remedio del Estado para resguardar a las instituciones del municipio que fuera comandando Rubén Méndez, es menester destacar las diferencias políticas que se dan en los planos de dos comunas intervenidas en pocos meses.
Los escándalos del robo de caños del GNEA, protagonizados por el exintendente de Aguaray Enrique Prado y las decenas de millones de pesos en efectivo encontrados en poder del exjefe comunal de Salvador Mazza Rubén Méndez, tienen un hilo conductor que justifica el desembarco de la intervención, pero, al mismo tiempo, se ubican diametralmente opuestos en sus realidades. Aguaray necesitaba pacificar a la comunidad, que ya venía con serios enfrentamientos, protestas sociales y cortes en la emblemática ruta 34. Zigarán tuvo serios problemas al inicio de su gestión. Prometió obras que lógicamente no lograron concretarse. Ahora como interventor de Salvador Mazza asegura que su trabajo será hacer lo mismo que en Aguaray. Sobra decir que su perfil autoimpuesto de pacificador será, en este caso, obsoleto. Zigarán deberá manejar, con total transparencia y a lo largo de 24 meses, la enorme caja de las tasas municipales por la actividad exportadora en la frontera. Seguramente aquí podrá hacer las obras que no pudo concretar en Aguaray.